Caso Nacional: no los dejan jugar y además los quieren sancionar

En la dura batalla jurídica y económica que libran Atlético Nacional y Cortuluá, y de paso el fútbol colombiano, salió a relucir un asunto que por lo general no es importante frente a la adrenalina de la competencia, el análisis de resultados y las especulaciones de lo que fue y será: los derechos de los futbolistas como personas y ciudadanos.

Por lo menos eso es lo que está pasando con los cinco jugadores de Nacional que, fuera de que no han podido ser inscritos en la liga y se les ha negado su derecho a trabajar, a jugar, a desarrollarse como profesionales, ahora quedaron inmersos en una investigación y posible sanción por parte de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, que decidió esta semana abrirles un proceso en su contra.

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Lo curioso del hecho, más allá de provocar presiones al equipo verde que desde hace tres semanas decidió enfrentarse a la jerarquía y ordenamiento de este deporte, es que genera varias preguntas, entre ellas la más importante: si un futbolista no hace parte de la plantilla oficial del equipo colombiano y no compite, ¿cómo puede ser investigado y castigado por un comité que vigila y controla disciplinariamente a sus miembros?

Jugadores fuera del torneo

Como se recuerda, Atlético Nacional contrató a Ruyery Alfonso Blanco, Yeison Estiven Guzmán, Felipe Aguilar, Nelson Daniel Palacio y Dorlan Pabón para que jugaran en la liga en este segundo semestre de 2021.

Debido al enfrentamiento que hay entre Nacional y Cortuluá por el pago de 5 millones de dólares por el viejo traspaso del jugador Fernando Uribe, al equipo antioqueño se le prohibió inscribir nuevos jugadores desde hace más de un año.

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Para tratar de superar este bloqueo, Nacional lanzó una ofensiva jurídica al contratar, por ejemplo, al exfiscal Néstor Humberto Martínez y permitirles a los jugadores interponer acciones de tutela para que la Dimayor les permitiera inscribirse y jugar la liga. Algo parecido hizo el onceno verde.

Estas acciones judiciales están prohibidas por los reglamentos deportivos, incluso de la Fifa, manteniendo un principio de que todo aquello que ocurre y pertenece al fútbol, se resuelve y se queda en el fútbol. Sin embargo, esto cambió con el famoso Fifagate y la demostración de que este deporte, sus directivos y miembros no están por encima del marco constitucional o legal de una nación o de un bloque como la Unión Europea.

Tarjeta amarilla en el caso de Atlético Nacional

Ahora bien, sin importar que la mayoría de las tutelas han sido negadas, el Comité Disciplinario investiga, no solo a los jugadores, sino a Emilio Gutiérrez, representante legal de Nacional, por haber recurrido a la justicia ordinaria y por otras conductas que consideran violatorias de los reglamentos.

Esto ocurre, en buena medida, porque el pasado 15 de julio el equipo del Valle denunció a los jugadores y al directivo por la presunta violación de los artículos 3 y 118 del Código Disciplinario, “teniendo en cuenta que presentaron acción de tutela en contra de la Federación, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor)”.

El equipo verdolaga no ha podido inscribir nuevos jugadores y se enfrenta a una multa millonaria que, según ellos, ya pagaron.

Los cuatro miembros de ese comité, conformado por José Guillermo Ferro Torres, presidente; José Alberto Gaitán Martínez y Gerardo Antonio Espinosa, como comisionados, y Lorena Andrade Tovar, como secretaria, aceptaron estas y otras quejas. Dentro de los argumentos, advirtieron que habrían violado, entre otros, estos artículos:

Artículo 72: Declaraciones contra las autoridades del futbol. A toda persona que por cualquier medio de comunicación formule declaraciones que comprometan la buena imagen de FCF, sus afiliados o los afiliados a estos, la Dimayor y Difútbol o que afecte la honra de los miembros del órgano de administración o control de cualquiera de los organismos deportivos… sus autoridades, funcionarios o representantes, del personal técnico o de jugadores y en general de cualquier oficial u oficial de partido”, se impondrán multas en plata o prohibición para ejercer la actividad por 4, 8 fechas o tres y seis meses, si son reincidentes.

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Artículo 53: Potestad reglamentaria Deportiva. Conforme al Estatuto de la FIFA los clubes, jugadores, cuerpo técnico y oficiales que hacen parte de la rama profesional del fútbol colombiano, están en la obligación de someter sus diferencias a la decisión de los órganos disciplinarios y de resolución de controversias de la Dimayor, la FCF, la Conmebol y la Fifa según corresponda, por lo que se obligan a someter cualquier reclamación a dichos órganos decisorios, salvo en aquellos casos que de manera expresa los reglamentos de FIFA permitan acudir al juez ordinario (básicamente temas laborales y penales).

Artículo 116: Los actos notorios y públicos que atenten contra la dignidad y decoro deportivo. El que con su conducta atente contra la dignidad y el decoro deportivo será sancionado con suspensión de toda actividad deportiva y administrativa relacionada por un periodo de dos meses a un año y multa de diez 10 a 30 salarios”.

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Artículo 118: “Obligación de sometimiento de controversias ante los órganos deportivos. De conformidad con los Estatutos de la Fifa y la Conmebol , las Divisiones, las ligas, los clubes aficionados y profesionales, oficiales, jugadores y cuerpo técnico que hacen parte de la organización del fútbol colombiano o cualquier otra persona vinculada a FCF o sus divisiones de manera directa o indirecta, están en la obligación de someter sus diferencias y toda controversia de orden disciplinario y relacionada con materias de libre disposición en términos legales a la decisión de los órganos disciplinarios deportivos y acatar y cumplir sus decisiones.

Así comienza el auto de apertura de investigación contra los jugadores de Nacional que interpusieron una tutela contra la Dimayor.

“En virtud de lo anterior, no podrán someter disputas de tal naturaleza ante tribunales ordinarios a menos que se especifique en la reglamentación FIFA… El infractor de este principio será sancionado con la suspensión de toda actividad deportiva y administrativa relacionada con el fútbol asociado por un periodo de seis (6) meses a 5 años en el caso de personas naturales y sanción de suspensión de la afiliación de 3 meses a un (1) año o desafiliación para casos graves en asuntos relacionados con personas jurídicas u organismos deportivos”.

Ahora bien, son varios los expertos y voces en contra de esta decisión, entre ellas, la de la agremiación que representa a los futbolistas profesionales (Acolfutpro), que en un comunicado advirtió que “es inadmisible que los reglamentos institucionales e ilegales de la FCF y la Dimayor impidan a los futbolistas profesionales ejercer el derecho que tiene cualquier colombiano a acceder a la justicia ordinaria, consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política”.

Además, para esta agremiación, “es importante que se sepa que los reglamentos de la FCF y la Dimayor, a los cuales son sometidos los futbolistas profesionales, son inconstitucionales e ilegales porque el Ministerio del Deporte no ha cumplido con el ejercicio del control de legalidad para aprobarlos, pese a que está dentro de sus funciones”.

Se sabe que, en los próximos días, Nacional y los jugadores seguirán con su ofensiva jurídica, así el resultado sea romper la que hasta ahora era considerada la institucionalidad intocable del fútbol colombiano.

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