Empezó la lucha para gravar las gaseosas y otras bebidas ultraprocesadas

La ministra de Salud del gobierno entrante reiteró que la propuesta de gravar las bebidas azucaradas sigue sobre la mesa.

Carolina Corcho, ministra de Salud del gobierno entrante, propuso incluir un impuesto a las bebidas azucaradas dentro del proyecto de ley de reforma tributaria. “Ha sido una discusión que se ha dado en el país. Los impuestos a las bebidas azucaradas, además de tener impactos favorables en la salud pública porque desincentivan el consumo de gaseosas y azúcares y disminuye las enfermedades crónicas no transmisibles, podrían ser una fuente de recaudo para el sistema de salud“, dijo Corcho durante la Cumbre del Pacto Histórico, celebrada en Medellín, la semana pasada.

Sin embargo, este lunes, el designado director de la Dian, Luis Carlos Reyes, puso en duda la posibilidad de incluir el impuesto en la reforma tributaria: “Si el impuesto a las bebidas azucaradas toca el bolsillo del colombiano de a pie, no iría”, afirmó Reyes ante medios de comunicación, y agregó que se contemplarían todas las propuestas, pero con esta premisa: “A la persona de clase trabajadora no debería cobrársele un peso más en impuestos”.

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La propuesta inicial de Corcho había sido bien recibida por organizaciones de la sociedad civil y expertos en salud y nutrición que, incluso, ya le habían pedido al gobierno entrante imponer ese impuesto. El propio Gustavo Petro, de hecho, siempre se mostró a favor del gravamen.

Por el contrario, la declaración de Reyes ha sido vista como un revés a una propuesta que ya estaba volviendo a tomar fuerza y también le ha costado críticas de quienes consideran que la decisión final de qué impuestos van o no en el proyecto de reforma tributaria le corresponde al nuevo ministro de Hacienda o a Petro.

“Lo que afecta más a las pobres no es el potencial impuesto a las bebidas azucaradas. Lo que afecta muchísimo más hoy a los pobres es el sobrepeso/obesidad, la diabetes y la enfermedad cardiovascular, cuya ocurrencia es creciente en los más vulnerables en la mayoría de países”, explicó Julián Fernández Niño, exdirector de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y actual investigador de la Universidad Johns Hopkins, este lunes en su cuenta de Twitter.

Fernández Niño también criticó al director designado de la Dian por pasarse por encima la iniciativa de una ministra.

A la reacción de Fernández Niño se suma la del famoso endocrinólogo Óscar Rosero.

Finalmente, Carolina Corcho tuvo que salir a aclarar la frase de Reyes e indicó que la posibilidad de gravar las bebidas azucaradas sigue sobre la mesa, pues se trataría de “una medida de salud pública para prevención de enfermedades crónicas”.

Y Reyes trató de matizar sus palabras iniciales, diciendo que se pueden crear impuestos saludables sin que riñan con un sistema tributario que no afecte al ciudadano de a pie.

En todo caso, la propuesta de Corcho revive un debate que se ha dado en Colombia desde hace varios años: los impuestos saludables, que buscan desincentivar productos comestibles o bebidas que puedan ser nocivos para la salud. Y también revive la controversia en sectores que consideran que gravar las bebidas azucaradas es inconveniente porque afecta la industria, los consumidores y “las libertades individuales”.

Más allá de esas posturas, organizaciones de la sociedad civil y expertos en nutrición insisten que sí se deben gravar las bebidas azucaradas y endulzadas.

“Cada vez más este impuesto tiene mayor reconocimiento de la importancia, porque, más que un impuesto, es una medida de salud pública que ayudaría muchísimo al Gobierno en términos de recaudar fondos para la salud pero, adicionalmente, ayudaría en esa lucha contra las enfermedades no transmisibles que, además, durante el periodo de pandemia nos preocuparon tanto”, dijo a Diario Criterio Carolina Piñeros, directora ejecutiva de RedPaPaz, una de las organizaciones promotoras de medidas que mejoren los hábitos alimenticios.

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Gravar las bebidas azucaradas tras la ley de comida chatarra

El año pasado, el Congreso estuvo a punto de hundir, por falta de trámite, la ley de comida chatarra, que obliga a los productos comestibles ultraprocesados a tener un “etiquetado frontal de advertencia” que sea de “alto impacto, preventivo, claro, visible, legible, de fácil identificación y comprensión para los consumidores”, de acuerdo con la Fian Colombia (FoodFirst Information and Action Network), una de las organizadoras que impulsaron la iniciativa.

El proyecto se aprobó ad portas del fin de la legislatura, el 17 de junio de 2021. El presidente Iván Duque lo sancionó más de un mes después, sin hacer mucho ruido, el 30 julio. Sin embargo, aún no se ha reglamentado el etiquetado, pese a que la ley le daba un año de plazo al Ministerio de Salud para hacerlo.

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El Ministerio ha dicho que ya se implementó un tipo de etiquetado, con sellos redondos, pero las organizaciones consideran que ese no fue el aprobado ni es el adecuado para desincentivar el consumo de productos comestibles ultraprocesados.

Después de que la ley de comida chatarra fue sancionada, también se empezó a debatir sobre qué medidas podrían complementarla. Así que desde el segundo semestre del año pasado se ha hablado, con más fuerza, sobre la posibilidad de gravar las bebidas azucaradas. De hecho, organizaciones alcanzaron a proponerle al Ministerio de Hacienda que incluyera el impuesto en la reforma tributaria del año pasado y, aunque el Gobierno no atendió el llamado, ahora hay más optimismo.

Para Piñeros, aparte del anuncio de la ministra de Salud designada, el ambiente actual es mucho más favorable para impulsar un gravamen a las bebidas azucaradas que el de hace seis años, pues hay un respaldo creciente de ciudadanos (e incluso congresistas). La misma ley de comida chatarra es un ejemplo: desde 2017 se radicaron tres proyectos para reglamentar el etiquetado frontal, pero se hundieron por falta de trámite, y en un caso, el Congreso modificó tanto la propuesta, que le quitó los dientes y las organizaciones optaron por pedir que se archivara.

Finalmente, se llegó a la ley actual, que fue aprobada y sancionada gracias a una fuerte presión ciudadana y a que se unieron congresistas de distintas corrientes políticas, como los senadores Nadia Blel (Partido Conservador) y Juan Luis Castro (Alianza Verde).

Se espera que pase lo mismo con el impuesto. “Es un escenario diferente. Yo creo que este impuesto ha ido ganando espacio en la opinión pública, la gente ha empezado a entender un poco más”, dijo Piñeros a Diario Criterio.

El intento fallido de 2016

En 2016, el entonces ministro de Salud, Alejandro Gaviria, propuso que la reforma tributaria que se discutía en ese momento incluyera un impuesto a las bebidas azucaradas.

La propuesta recogía una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el sentido de que gravar las bebidas azucaradas serviría para prevenir la diabetes, la obesidad, el sobrepeso e incluso la caries dental, así como problemas cardiovasculares, entre otras enfermedades no transmisibles.

Sin embargo, esos argumentos fueron desestimados y, aunque el impuesto alcanzó a estar en el articulado de la reforma tributaria de 2016, fue retirado en medio de debates con tergiversaciones y un lobby agresivo de la industria.

“En Colombia, la industria azucarera y las principales empresas de medios pertenecen a los mismos conglomerados económicos. Tienen un poder intimidatorio. Y lo usaron”, dijo Gaviria, en noviembre de 2017, a ‘The New York Times’.

El presidente de la república, entonces senador Iván Duque, fue uno de los mayores opositores al impuesto. Duque, en ese momento, reconoció que la obesidad sí era un problema de salud pública en el país, pero aseguró que el consumo de bebidas azucaradas no era la principal causa y que el gravamen afectaría las tiendas de barrio y a las clases populares.

Ahora el ambiente es diferente, también, por la pandemia. El covid-19 y las cuarentenas hicieron que muchos ciudadanos prestaran una mejor atención a sus hábitos alimenticios con el fin de evitar complicaciones de salud como la hipertensión arterial, el sobrepeso, la obesidad y la diabetes que, de hecho, son factores de riesgo para desarrollar complicaciones por la infección.

Un problema de salud pública

En Colombia, al menos el 37,7 por ciento de la población entre 18 y 64 años tiene sobrepeso, mientras la obesidad está en 18,7 por ciento, según la Encuesta Nacional de Salud Nutricional de 2015. Es decir, más de la mitad (56,4 por ciento) tiene exceso de peso.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sugiere gravar con un 25 por ciento el precio de las bebidas azucaradas, lo que reduciría en 34 por ciento su consumo para así prevenir enfermedades no transmisibles.

”Además de reducir su consumo y los riesgos sanitarios asociados, los beneficios de salud pública pueden ser incluso mayores si los ingresos tributarios provenientes de los impuestos a las bebidas azucaradas se utilizan para actividades de prevención de la obesidad y promoción de la salud”, dice la OPS.

De acuerdo con la directora ejecutiva de RedPapaz, el impuesto tiene que ir acompañado de otras medidas, además de la reglamentación de la ley de comida chatarra. “Ayudarles muy rápidamente a los colegios a convertirse en esos entornos alimentarios saludables por excelencia y la cuarta medida por la que propende la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2010, es que los productos no saludables no tengan publicidad, ganchos, premios ni concursos dirigidos a las niñas y los niños”, dijo Piñeros a Diario Criterio.