El dosier de Benito Osorio, el exgobernador que vinculó a Lafaurie, Rito Alejo del Río y otros más con los paramilitares

El nombre de Benito Osorio Villadiego, que ahora causa revuelo por sus declaraciones en contra de varias figuras de la política nacional ante la JEP, no es nuevo ni desconocido, al menos en Córdoba.

‘Benito, el breve‘

Cuando fue designado como gobernador encargado de Córdoba, el 28 de diciembre de 2007, por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, en vista de que la gobernadora electa Marta Sáenz estaba inhabilitada por una demanda, varias personas en Córdoba empezaron a contar el oscuro pasado de Benito Osorio.

Este hombre asumió ese cargo el primero de enero de 2008. En los días siguientes, la revista Cambio publicó una grabación entre Salvatore Mancuso y una funcionaria en la que se mencionaba a un ‘Benito‘ que gestionaba citas con paramilitares. La gravedad de las denuncias sobre sus vínculos con el paramilitarismo lo llevaron a renunciar el 18 de enero. Solo 15 días duró su fugaz mandato, al punto que fue bautizado como ‘Benito, el breve’.

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Lo cierto es que hoy se sabe, por su expediente judicial, que sus relaciones con las estructuras armadas ilegales de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Uraba (ACCU) comenzaron en la década de los noventa, cuando fue nombrado, por órdenes de Vicente Castaño, como gerente del Fondo Ganadero de Córdoba. Era la época de la denominada retoma paramilitar en esta región, liderada por los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso.

Benito Osorio era gran amigo y una especie de mandadero de Salvatore Mancuso. Cuando comenzó el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares, Osorio defendió la labor criminal del jefe paramilitar a capa y espada, al quien denominaba “El salvador de Córdoba”. La amistad con Mancuso y con lo otros jefes de las AUC le permitió a Osorio acumular un gran poder en la región, cuando nada se movía sin que ellos se enteraran.

Incluso, varios candidatos buscaban su apoyo y el de los paras en las elecciones parlamentarias en 2002, como Miguel Alfonso de la Espriella y Eleonora Pineda, quienes resultaron elegidos y posteriormente condenados en el capítulo de la parapolítica.

Aunque en el Palacio de Nariño dieron todo tipo de explicaciones de cómo Osorio había sido designado, el nombre no debió ser extraño para Uribe. En su momento se dijo que el expresidente había pedido a la élite de Córdoba nombres de personas que pudieran ocupar la Gobernación.

William Salleg, director del periódico El Meridiano, entre otros, sugirió el nombre del exgerente, según las explicaciones que se dieron en su momento. Cabe anotar que la finca El Ubérrimo, de propiedad del expresidente, se encuentra ubicada en Córdoba, por lo que algunos consideran que el nombre de Benito Osorio, quien duró nueve años como gerente del Fondo Ganadero de Córdoba (1997-2007), no le debía ser desconocido.

Benito Osorio y el paramilitarismo en Córdoba y Urabá

En su paso breve como gobernador, a Benito Osorio le aparecieron varias denuncias, como la de haber adquirido más de 50 fincas en Urabá y Córdoba, muchas de las cuales terminaron en poder de la familia Castaño. Aunque Osorio dijo que la mayoría de las tierras eran baldíos adjudicados por el Incora entre 1998 y 1999, las autoridades demostraron que no.

En total, Osorio compró cerca de 4.000 hectáreas en San Pedro de Urabá, Necoclí y Turbo, a un precio ridículo por hectárea de entre 300.000 y 400.000 pesos. Osorio también adquirió cuatro fincas en la vereda Tierralta (Tierralta, Cordoba) al ganadero Aram Assias Solar. Una de ellas, El Cairo, era sitio de reuniones y operaciones de los comandantes de las AUC.

En marzo de 2011, Osorio se entregó a la justicia después de que la Unidad de Antiterrorismo de la Fiscalía ordenara su captura por haber favorecido la adquisición de tierras a los paramilitares, entre varios delitos. Tras una corta libertad, en 2012 volvió a la cárcel y prendió el ventilador. Señaló que el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, José Félix Lafaurie, era un intermediario entre Mancuso y el entonces ministro del Interior, Sabas Pretelt, para adelantar algunas gestiones, entre ellas la de ayudar en la elección de Mario Iguarán como fiscal general de la Nación.

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En 2015, un juez condenó a Benito Osorio a 19 años por “los delitos de destrucción y apropiación de bienes protegidos; deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil; lavado de activos agravado; testaferrato y concierto para delinquir”.

Según el proceso, en 1997 y mientras ocupaba la gerencia del Fondo, Osorio compró de manera irregular 105 predios a propietarios víctimas de desplazamiento forzado. Cincuenta de estos aparecieron en manos de Sor Teresa Gómez, cuñada de Carlos Castaño Gil. Las operaciones de Osorio lo volvieron uno de los mayores testaferros de los jefes paramilitares, entre ellos, de Salvatore Mancuso.

Benito Osorio aterriza en la JEP

Con el fin de reducir su pena y conseguir su libertad, Osorio pidió pista en la JEP en 2017. Allí volvió a prender el ventilador. Habló de la responsabilidad del Fondo de Ganaderos de Córdoba y Funpazcor –ONG creada por los hermanos Castaño– en el desplazamiento forzado de las comunidades de la región de Tulapas y Urabá, y de la participación de miembros de la fuerza pública y la Policía Nacional en el paramilitarismo.

Así mismo, contó la manera como los paramilitares establecieron negocios con empresas de propiedad mixta y estatales. Mencionó la relación de Reforestadora Industrial de Antioquia (creada en 1993 por la Gobernación de Antioquia, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín) y de Incuagro (empresa mixta creada con el apoyo del programa Presidencial Contra Cultivos Ilícitos y financiada por el BID y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) con las AUC.

Según la JEP, Osorio “dio a conocer diversos nombres de personas, funcionarios y autoridades públicas que facilitaron, auspiciaron o participaron en los hechos de despojo en la zona de Tulapas”. También entregó “varios documentos que formaban parte de su archivo personal, y un disco duro que bajo su consideración contiene información relevante” de lo que contó. En total, dejó a disposición del organismo de justicia transicional, 3.500 archivos.

Así, en los últimos días del año pasado la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le concedió a Osorio el beneficio de la libertad transitoria, condicionada y anticipada por el proceso penal que lo condenó a 19 años de prisión.

¿Qué dijo Benito Osorio?

En las semanas siguientes diversos medios, incluido Diario Criterio, conocieron los audios de la audiencia en la JEP en que participó Osorio. Allí dijo que cuando Uribe lo nombró gobernador ya todos sabían que él tenía vínculos con los paramilitares. Es más, dio a entender que el gobierno de Uribe, por intermedio de Lafaurie, tenía relaciones con las AUC.

Para comprobarlo, Osorio volvió a traer a colación una reunión entre el presidente de Fedegán y Mancuso en Montería en 2005. En el encuentro, en el que Benito estuvo presente, Lafaurie habría dicho: “Mono, yo vengo de parte del gobierno nacional, de parte de Sabas Pretelt. Ellos consideran que él fiscal de la nación debería ser Mario Iguarán, porque sería mucho más benévolo porque conoce muy bien la Ley de Justicia y Paz”. Según Osorio, desde ese momento se empezó a cuidar la estrategia para que se escogiera a Iguarán como fiscal.

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También reiteró las acusaciones que había dicho en contra de Rito Alejo del Río y otros oficiales del Ejército. Con respecto al comandante de la Primera División del Ejército, Iván Ramírez, dijo que él había dicho que las Fuerzas Armadas y los paramilitares “debían prestarse apoyo mutuo para controlar el avance de la guerrilla en la costa Norte”. Según Osorio, de esta alianza surgió el Bloque Norte de las AUC.

De Rito Alejo del Río y de Martín Carreño Sandoval (comandante de la Décimo Primera Brigada con sede en Montería) dijo que tenían una relación cercana con Sor Teresa.

Aunque la sentencia proferida por la JEP es provisional y está supeditada a la nueva información que pueda aparecer en los miles de archivos de Osorio, lo cierto es que el órgano de justicia transicional le dió credibilidad a sus declaraciones.

Con este paso podría aclararse aun más cómo fueron los vínculos entre los gremios económicos de Urabá y Córdoba, el Estado colombiano con el paramilitarismo, el desplazamiento forzado y el acaparamiento de tierras.