¿Bolsonaro planeaba decretar estado de excepción si perdía las elecciones?

Un denominado “borrador golpista” fue hallado en la casa del exministro de Justicia de Jaír Bolsonaro una semana después del asalto a las sedes del Gobierno en Brasilia.

Este lunes 16 de enero, el Tribunal Superior Electoral de Brasil decidió incluir un documento al cual los medios brasileños se han referido como “borrador golpista” —encontrado en la casa del exministro de Justicia de Bolsonaro Anderson Torres— en la investigación que la entidad lidera sobre la última campaña electoral de Jaír Bolsonaro.

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Tres días antes, la Corte Suprema de Justicia había ordenado investigar al expresidente por los cargos de incitar a los disturbios que culminaron en el asalto a las sedes del Gobierno, en Brasilia, el 8 de enero.

El polémico texto es el borrador de un decreto que habría permitido a Bolsonaro instaurar un estado de excepción, con el fin de intervenir el máximo Tribunal Electoral y revertir el resultado de las elecciones del 30 de octubre, en las que fue derrotado por el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

El magistrado Benedito Gonçalves, del ente electoral, le dio al expresidente de Brasil tres días para explicar el contenido del documento, y solicitó al Supremo Tribunal Federal las evidencias recolectadas durante la investigación actual sobre la toma de la sede de los tres poderes, en la capital del país.

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El documento fue hallado por la Policía Federal en la residencia de Anderson Torres, uno de los ministros de Justicia de Bolsonaro.

El exfuncionario está detenido desde el sábado por presunta omisión, pues era el responsable de la seguridad de Brasilia cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de la Presidencia de la nación, el Congreso y la Corte Suprema.

Cientos de partidarios de Bolsonaro treparon por los techos de la Cámara de Representantes y el Senado, mientras que otros que gritaban consignas exigiendo la intervención del Ejército en la política rompieron la barrera policial e invadieron al Congreso (Brasilia, Brasil), 8 de enero de 2023.
Cientos de partidarios de Bolsonaro treparon por los techos de la Cámara de Representantes y el Senado, mientras gritaban consignas exigiendo la intervención del Ejército en la política, el 8 de enero de 2023, en Brasilia (Brasil).

El “borrador golpista” será incluido en el proceso de una demanda que el oficialista Partido Democrático Laborista (PDL) presentó, con el fin de investigar la reunión llevada a cabo entre Bolsonaro y diplomáticos extranjeros en el Palacio Presidencial, en julio del año pasado, cuando el entonces mandatario hizo una serie de acusaciones contra el voto electrónico.

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El magistrado respondió a las dos solicitudes presentadas por el partido de Lula, autor de una de las 16 acciones contra Bolsonaro que reposan en el Tribunal.

En caso de fallar en su contra, la Justicia Electoral podría apartar al exmandatario de la candidatura durante los próximos ocho años.

Para Gonçalves, existe una “correlación inequívoca” entre las acusaciones vertidas en la acción del PDT contra Bolsonaro (la de cuestionar el voto electrónico para perturbar el proceso electoral) y los documentos incautados el pasado día 10 de enero en el operativo de allanamiento de la casa de Ánderson Torres.

El partido de Lula busca ahora utilizar el “borrador golpista” para reforzar las acusaciones de abuso de poder político y mal uso de los medios de comunicación por parte del expresidente de la República.

El documento en el proceso sirve para “densificar los argumentos que evidencian la ocurrencia de abusos de poder político tendientes al descrédito de esta Justicia Electoral y del proceso electoral, con miras a cambiar el resultado de la elección“, según argumentó el PDT.

Gonçalves señaló que, según el PDT, el discurso pronunciado en la reunión con los diplomáticos de otros países “no solo apuntó a los embajadores, ya que se incluiría en la estrategia de campaña del investigado de ‘movilizar sus bases’ a través de falsedades sobre el sistema de votación“.

El magistrado del Tribunal Superior Electoral ha avanzado con rapidez en los casos respecto al asalto a la sedes de los poderes, en Brasilia, y la investigación del círculo político cercano a Bolsonaro.

Incluso ha llegado a plantear a sus colegas preguntas preliminares que podrían derivar, en el futuro, en la anulación de los procesos, con el fin de reducir el margen de maniobra si Bolsonaro quisiera argumentar cualquier irregularidad de procedimiento que derivase en la anulación del proceso, afirmó el diario brasileño O Globo.

La teoría del fraude

Las redes sociales fueron fundamentales al difundir mensajes que aseguraban que se había cometido fraude o que incluso la investidura del presidente entrante, Luiz Inácio Lula da Silva, fue una farsa.

Para alimentar esta idea, el bolsonarismo aseguró, sin pruebas, que los modelos de urnas electrónicas anteriores a 2020 no habían sido auditados, afirmación posteriormente desmentida.

Precisamente, la consigna «queremos el código», durante el asalto a las sedes del poder, hacía referencia al código fuente de estas máquinas electrónicas.

La teoría del fraude electoral estimuló a los bolsonaristas hacia la desobediencia, tras meses de campaña de descrédito al sistema electoral brasileño.

En 2018, con Bolsonaro ya como presidente, la entidad electoral de ese país reportó que el cinco por ciento de la población brasileña creía que el sistema de votación podía «dar lugar a irregularidades», porcentaje que se cuadruplicó en cuatro años, llegando al 20 por ciento.

Elecciones Brasil
Cada cuatro años —uno antes de cada elección presidencial—, cualquier brasileño mayor de 18 años puede crear y ejecutar un plan de ataque para vulnerar la urna durante una semana. Si se logra superar alguna barrera de seguridad, el software regresa a las manos de los técnicos oficiales para arreglar los fallos y vuelve a ser probado antes de las elecciones.

De hecho, como ocurrió en el asalto al Capitolio en Estados Unidos, cuando perfiles en redes sociales culparon a activistas de ultraizquierda de infiltrarse entre los seguidores del expresidente Donald Trump, tras lo ocurrido en Brasil también comenzaron a circular mensajes que responsabilizaban a los seguidores de Lula de los ataques golpistas.

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Asimismo, la agencia de verificación brasileña Lupa, de la Red Internacional de Verificación (IFCN, por sus siglas en inglés) ha desmentido los mensajes difundidos por redes sociales y de mensajería instantánea —como WhatsApp— que aseguraban que una anciana habría muerto por los supuestos malos tratos a los detenidos en el asalto; o que un diputado del partido de Lula fuese uno de los cabecillas de los ataques.

Transición violenta

Lula, que se posesionó el 1 de enero, obtuvo el 50,9 por ciento de los votos, frente al 49,1 de su oponente de derecha, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, el el 30 de octubre de 2022.

Lula da Silva Brasil
En campaña, Lula destacó sus logros socioeconómicos, como la salida de la pobreza de más de 30 millones de brasileños, y atrajo votantes entre los más vulnerables y las comunidades afectadas por algunas políticas del ultraderechista, como jóvenes, mujeres, minorías y los impactados por la crisis de la pandemia que ha dejado, a 2023, más de 695.000 muertos en el país.

Tras la derrota electoral, partidarios del mandatario saliente bloquearon durante varios días las carreteras del país y pidieron la intervención de las fuerzas armadas.

Posteriormente, el 15 de noviembre, durante el aniversario número 123 de la proclamación de la República, bolsonaristas llevaron a cabo manifestaciones, cerca del cuartel militar, en las ciudades de Brasilia, Sao Paulo, Río de Janeiro, Recife y Belén, con el mismo reclamo.

Manifestantes que gritaban consignas exigiendo la intervención del ejército también rompieron la barrera policial y entraron al edificio del Congreso.

La policía roció gases lacrimógenos para dispersar los disturbios, pero decenas de personas treparon por los techos de la Cámara de Representantes y el Senado.

Múltiples objetos de valor histórico fueron dañados, destruidos o robados.

Unos 1.800 manifestantes fueron arrestadas en relación con redadas a las instalaciones gubernamentales.

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Bolsonaro rechazó “invasiones de edificios públicos”, así como acusaciones “sin pruebas”

El expresidente, por su parte, señaló en un tuit que “las manifestaciones pacíficas, conforme a la ley, son parte de la democracia. Sin embargo, las depredaciones e invasiones de edificios públicos, así como las ocurridas hoy y las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017”, no están dentro de la norma.

Bolsonaro —que reside en Orlando (Florida, Estados Unidos) y salió del país dos días antes del juramento de Lula como presidente— también publicó en su cuenta que, “a lo largo de mi mandato, siempre estuve dentro de las cuatro líneas de la Constitución, respetando y defendiendo las leyes, la democracia, la transparencia y nuestra sagrada libertad“.

El 9 de enero de 2022, Petro manifestó su apoyo a Lula durante toma de sedes del Gobierno por partidarios de Bolsonaro.
Manifestante bolsonarista en Brasilia (Brasil), durante toma de las sedes del Congreso y la Presidencia, 8 de enero de 2023.
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El líder de derecha repudió las acusaciones que se le hacen “sin pruebas, atribuidas a mí, por el actual jefe del Ejecutivo de Brasil“.

Lula, por su parte, aseguró en una conferencia de prensa que el expresidente había alentado las manifestaciones a través de varios de sus discursos. Antes de la votación, Bolsonaro también puso en duda si respetaría los resultados de las elecciones y planteó preocupaciones sobre el sistema de votación electrónica de Brasil, pero no proporcionó pruebas.

La condena que persigue a Lula

El actual presidente de Brasil fue candidato durante las elecciones presidenciales de 2018, hasta que las acusaciones por corrupción y lavado de dinero, en particular en relación con la multinacional Odebrecht, bloquearon sus aspiraciones políticas, por lo cual fue condenado a prisión y Bolsonaro ganó la Presidencia.

Sin embargo, años más tarde, las condenas fueron anuladas por la Corte Suprema, que dictaminó que el juez a cargo de los casos, Sergio Moro, actuó de forma parcializada y politizada.

Al inicio del Gobierno de Bolsonaro, Moro fue nombrado ministro de Justicia.

En 2019, el líder de izquierda fue liberado, lo cual le permitió postularse nuevamente para el cargo de primer mandatario.

Con Agencia Anadolu.

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