La cruzada de Bolsonaro para tomarse las tierras indígenas de Brasil

El gobierno de Jair Bolsonaro y sus aliados del agronegocio en el Congreso aceleran la tramitación de varios proyectos vistos por los indígenas que viven en territorio brasileño como amenazas para sus tierras ancestrales.

A fines de junio, una comisión de la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley 490, en trámite desde 2007. En él se reconocen como tierras ancestrales solo aquellas que estaban ocupadas por los nativos cuando se promulgó la Constitución de 1988. Esa ley, con su “tesis del marco temporal“, ahora deberá pasar por el plenario de la Cámara y por el Senado.

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Otros dos proyectos de ley, llamados por sus críticos “PL de las invasiones“, buscan regularizar las ocupaciones ilegales de tierras públicas por madereros, mineros y explotaciones agropecuarias. Uno de ellos avanza a buen ritmo en el Senado y el otro en la Cámara. Este último podría proceder a un voto de urgencia en los próximos días.

Los indígenas también cuestionan un proyecto, aprobado por los diputados en mayo, que flexibiliza las exigencias ambientales para emprendimientos agropecuarios y energéticos.

“Ni un centímetro más”

Por otra parte, el gobierno de Bolsonaro impulsa un plan para autorizar la minería y otras actividades extractivas en las reservas indígenas. La mayoría de ellas se hallan en alguno de los nueve estados brasileños con territorios amazónicos.

El ministro de Minas y Energía, Bento Alburqueque, defendió el plan que deja mal paradas a las reservas indígenas. Albuqueque señaló que “la Constitución ya prevé la actividad económica en las áreas y tierras indígenas. Eso que está ahí pertenece a la sociedad brasileña, y debe regularse teniendo en cuenta los derechos de los pueblos indígenas“.

Los indígenas y los ambientalistas afirman que esos textos son inconstitucionales. Advierten que su aprobación acarrearía una devastación mayor de sus reservas, severamente golpeadas por las actividades ilegales estimuladas por la “retórica de Bolsonaro”. Durante su mandato, se han desmontado varios programas de protección ambiental.

Joenia Wapichana, la primera mujer indígena en ser elegida diputada en Brasil, lamentó la avanzada de los proyectos extractivistas de Bolsonaro. “Estamos viviendo nuestro peor momento. El gobierno de Bolsonaro nunca tuvo una propuesta positiva para los pueblos indígenas. Y ahora esos proyectos, que son un completo retroceso para nosotros, se están votando de una forma más rápida“, dijo Wapichana.

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El mandatario llegó al poder en enero de 2019 con la promesa de no dar “ni un centímetro más de tierra” a los indígenas, que representan 0,5 por ciento de la población. También prometió abrir a la explotación económica sus tierras, que ocupan un 13 por ciento del territorio de Brasil.

En sus dos primeros años de mandato, Bolsonaro firmó ordenanzas que transferían la demarcación de tierras indígenas al Ministerio de Agricultura o legalizaban tierras públicas invadidas. Pero todas quedaron paralizadas en el Congreso, en parte por la tensa relación que mantuvo con los entonces presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, que en Brasil determinan la agenda de votaciones.

“Iremos a la Justicia”

Sin embargo, el panorama cambió en febrero, cuando Bolsonaro consiguió colocar a dos aliados -Arthur Lira y Rodrigo Pacheco, miembros de la poderosa bancada agropecuaria-, al frente respectivamente de la Cámara y el Senado.

Maurício Voivodic, director ejecutivo de WWF-Brasil, mostró su preocupación al respecto. “Estamos en el momento de mayor riesgo desde que Bolsonaro llegó al poder. Especialmente el presidente de la Cámara ha mostrado un gran apetito en avanzar sobre los derechos de los pueblos indígenas, reducir sus territorios y abrir espacio para las demandas de los ruralistas“, declaró Voivodic.

Por su parte, André Lima, abogado en asuntos socioambientales y exsecretario de Medio Ambiente del Distrito Federal, explicó la popularidad de estos planes. Lima señala que “la creencia mayoritaria de la bancada ruralista es que Brasil ya tiene demasiados parques y unidades de conservación, que hay mucho territorio para poco ‘indio‘”. Según esta línea de pensamiento, demarcar nuevas tierras “contraería el desarrollo rural“.

El 22 de junio, víspera de la aprobación del Proyecto de Ley 490, cientos de indígenas chocaron con policías frente al Congreso, en Brasilia. Varias personas resultaron heridas, entre ellas tres uniformados alcanzados por flechas.

Días después, los manifestantes hicieron una vigilia frente al Supremo Tribunal Federal (STF), que retomó tras varios años un juicio para decidir si se puede aplicar la “tesis del marco temporal” en el caso de una reserva de Santa Catarina (sur). La sentencia es de repercusión general y afectará a decenas de tierras indígenas en litigio. Este juicio proseguirá en agosto.

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Sobre las protestas, Wapichana dijo que “somos una minoría en el Congreso defendiendo nuestros derechos. Si el Legislativo dificulta nuestras vidas, solo nos queda buscar apoyo en la Justicia para salvar lo que todavía queda de tierras indígenas y de recursos naturales“.

*Con información de AFP