¿Quién responde por las muertes de niños y adolescentes en medio de la guerra?

Según una denuncia del senador Iván Cepeda, el gobierno ocultó la muerte de cuatro adolescentes en medio de un bombardeo contra estructuras del ELN. El hecho ha despertado un fuerte debate sobre el reclutamiento forzado y el proceder de las fuerzas militares en este tipo de casos.

El pasado 16 de septiembre, mientras el Ejército intentaba neutralizar a alias Fabián, cabecilla del ELN, un bombardeo militar dejó como resultado la muerte de ocho personas, entre ellas cuatro menores de edad. La versión es del senador Iván Cepeda, que asegura que está confirmada por un derecho de petición que le envió a Medicina Legal.

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Los hechos se habrían presentado en el litoral del río San Juan, en el departamento del Chocó. Según la información revelada por el congresista, entre los fallecidos hay un menor de 13 años y tres de 17 años, entre ellos una mujer. El lamentable hecho recuerda lo ocurrido con el bombardeo de agosto de 2019 en Caquetá y marzo de 2021 en Guaviare.

“Este dato espeluznante muestra una doble realidad. Por una parte, se incrementa el reclutamiento forzado ante una ausencia de política de paz del gobierno. Por otra parte, se evidencia que las fuerzas militares siguen empleando métodos desproporcionados, como los bombardeos, contra grupos en los que hay menores”, dijo Cepeda, que también anunció un debate de control político contra el ministro de Defensa, Diego Molano.

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El papel de la fuerza pública

El 28 de septiembre, el ministro Molano dijo públicamente que habían capturado a alias Fabián con vida y que después murió en un hospital de Cali. En ese momento, el funcionario destacó el papel de la fuerza pública y aseguró que con la operación, bautizada como Samuel, le habían dado “en la cabeza al ELN y librado del dolor a miles de colombianos”.

En la misma línea estuvo el ministro del Interior, Daniel Palacios, quien calificó la acción como “quirúrgica y de alta precisión”. Estas declaraciones son las que hoy le están pasando factura al gobierno, pues muchos critican que en una operación tan importante y supuestamente efectiva, hayan muerto cuatro menores de edad.

Otro de los cuestionamientos es la falta de información sobre los resultados del operativo, especialmente sobre el hallazgo de los menores. Asimismo, el Gobierno ha recibido críticas por un supuesto fallo de inteligencia que habría ocasionado el bombardeo y la muerte de los cuatro adolescentes.

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En suma, muchos aseguran que se trata de una violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, el DIH prohíbe utilizar métodos que “no distinguen entre las personas que participan en los combates y las personas que no toman parte en los combates, a fin de respetar la vida de la población civil, de las personas y los bienes civiles”.

Sin embargo, en un comunicado, el ministro Diego Molano se defendió y aseguró: “Una operación contra alias Fabián en la mitad de la selva es legítima, es válida para una fuerza pública y hay que utilizar el uso proporcional de la fuerza y el respeto al Derecho Internacional Humanitario”.

En el caso de marzo de 2021, cuando ocurrió el bombardeo en Calamar (Guaviare), Molano trató de justificar la acción diciendo que los niños reclutados por los grupos armados se convierten en “máquinas de guerra”. Aunque algunos compartieron su opinión, lo cierto es que, aunque la literatura legal es difusa al respecto, no declara a los menores de 15 años armados y en zona de conflicto como combatientes y blancos legítimos.

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Molano ya estuvo en la cuerda floja por sus declaraciones y uno de sus antecesores, el exministro Guillermo Botero, tuvo que dejar el cargo al no poder explicar la falta de información sobre la presencia de menores en un campamento de las disidencias de las Farc.

El drama del reclutamiento

Sobre el reclutamiento forzado, el DIH establece: “Los niños menores de quince años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados y no se permitirá que participen en las hostilidades”. Según la Defensoría del Pueblo, tan solo en 2020 se generaron 45 alertas tempranas sobre amenazas de reclutamiento de menores en 238 municipios.

Precisamente, Chocó es uno de los departamentos más afectados por este flagelo, junto a otros como Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander. Cabe resaltar que los efectos de la pandemia, como el empobrecimiento de las familias, el cierre de colegios y escuelas, contribuyen a empeorar la problemática.

Un informe de la Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) señala que, en lo que va de 2021, se han presentado 126 eventos, en el contexto del conflicto armado, que afectaron a cerca de 14.000 niños, niñas y adolescentes del país.

Según el estudio, al menos 96 menores de edad se habrían visto afectados por el reclutamiento forzado. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) dice que las cifras de reclutamiento han sido históricamente subestimadas, lo que se suma a los altos niveles de impunidad para los responsables.

“Desde 2017, las autoridades no han condenado a ningún miembro de grupos armados ilegales por este delito, a pesar de que estas estructuras siguen reclutando y de que el Estado tiene la obligación de investigar, sancionar y reparar a las víctimas”, señala la FIP.

Para algunas voces expertas, tanto el gobierno como las fuerzas militares deberían conocer estas advertencias de reclutamiento forzado, lo que inmediatamente anularía el uso de bombardeos, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad y distinción del Derecho Internacional Humanitario. 

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