Boquerón, un caserío blanqueado por la crisis del carbón en el Cesar

Reportería: Luis Barreto, Luis Martínez y Priscila Zúñiga.

Desde primeras horas de la mañana, un grupo de habitantes de Boquerón fueron citados en la única escuela pública que tiene este corregimiento del corazón de la zona minera del centro de Cesar. Esperaron por horas la llegada de los viceministros de Minas, Sandra Sandoval; de Ambiente, Francisco Cruz; del presidente de la Agencia Nacional de Minería, Juan Miguel Durán; de los congresistas de Cesar y de los delegados de las mineras.

Los habían convocado, a finales de febrero pasado, con la excusa de definir una “hoja de ruta”, después de que corriera el rumor que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) había decidido que este pequeño caserío, en el que viven 1.631 familias, y que son vecinas de las minas de las multinacionales Prodeco, Drummond y CNR, no sería reubicado como había decretado diez años atrás el Ministerio de Ambiente.

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La tensión era evidente. Los organizadores habían dejado entrar a una parte de pobladores de este corregimiento, que se consideran raizales. A otros, que llegaron con el boom de la minería y que se asentaron en la última década buscando una parte de la bonanza minera conocidos como los “no residentes”, los dejaron por fuera.

Molestos, los raizales bloquearon la puerta e impidieron por varios minutos la entrada al alcalde de la Jagua de Ibirico, Ovelio Jiménez.

Los organizadores habían repartido los espacios. En la mesa principal, funcionarios del Gobierno central. En primera fila, los congresistas y políticos de Cesar. Y detrás de estos a la comunidad, para garantizar el distanciamiento en tiempos de la pandemia de covid. Pero era tal la multitud que sobrepasó el aforo que habían establecido.

Después de tres horas de espera, el viceministro de Ambiente dio a conocer el estudio técnico ambiental que sirvió de justificación para elaborar la resolución 071 de 2021, en la que se definió que Boquerón estaba por fuera del área fuente de contaminación y sus pobladores no serían reubicados. 

Alex Saab, asesor del ministro de Minambiente, explicó que, con base en la medición de 14 estaciones que monitorean la calidad del aire en Cesar, hicieron un promedio en los últimos tres años con los que encontraron que la zona de Boquerón debía dejar de considerarse como “área fuente de contaminación” porque en los promedios anuales “clasificó como moderada” en cuanto a las presencia de partículas contaminantes y solo dos áreas, El Hatillo y Costa Hermosa, sí podían ser consideradas como tal, explicó el funcionario.

Ante esta información, el Gobierno, a través de la viceministra de Minas, Sandra Sandoval, llegaba a la reunión con un plan de compensación para la comunidad llamado “Boquerón Avanza y Emprende”, en el que se comprometía con un programa de seis puntos con inversiones en “vivienda, saneamiento básico, salud, educación, desarrollo agropecuario, seguridad alimentaria y emprendimiento”.

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La decisión llegó después de que la multinacional Prodeco había solicitado al Gobierno nacional que le aceptara la devolución de dos títulos mineros en el centro de Cesar, y que a pesar de que este se negara, había mermado la producción en las minas colindantes con Boquerón, Proyecto La Jagua y Calenturitas.

En 2010, el Ministerio de Ambiente había expedido dos resoluciones en las que establecía unas directrices y obligaba a las mineras a crear un fideicomiso para la reubicación y acompañar a la transición de varios centros poblados de las comunidades de El Hatillo y Plan Bonito, del municipio de El Paso y Boquerón en La Jagua de Ibirico, y que podrían estar siendo afectadas por la explotación de las carboneras Drummond, Prodeco y CNR.

La última resolución de la ANLA (0640 de 2021) dejaba sin piso esta reubicación y ponía en un nuevo limbo a una comunidad que durante esos diez años no pudo recibir ninguna inversión estatal ya que estaba en firme su reubicación.

Tras conocerse el borrador de la nueva directriz de la ANLA, el senador Didier Lobo, de Cambio Radical, un cuestionado político que había sido alcalde de La Jagua de Ibirico entre 2012 y 2015, demandó a las autoridades nacionales para que dieran claridad sobre el futuro de Boquerón, mientras que el representante a la Cámara por el Partido Conservador, Alfredo Cuello Baute, instó a que el Gobierno nacional interviniera los activos de la minera Prodeco por su pretensión de irse sin cumplir sus compromisos con las comunidades.

Por su parte, el gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, se quejó de que no lo dejaran participar en las mesas en donde se toman las decisiones sobre la minería en Cesar. El funcionario lamentó que no se hubiera solucionado antes el destino de Boquerón, del que dijo estaba “dispuesto a participar, junto con el alcalde de la Jagua (Ovelio Jiménez) a crear un comité”, que establezca proyectos de obras y emprendimientos y empleo. Estas inversiones las calculó entre “40.000 y 50.000 millones de pesos”.

Ahora con la noticia, en la que ya no se habla de reasentamientos, el Gobierno Duque puso sobre la mesa que las mineras paguen compensaciones socioeconómicas por su actividad. Sin embargo, en este pequeño caserío son escépticos de la nueva “hoja de ruta”, ya que durante años no solo sintieron que no se cumplieron las obligaciones por el daño ambiental, económico y social causado por las mineras, sino que ahora no saben si con esta decisión sea otra manera de incumplirles.

“No cumplir cumpliendo”

La historia de Boquerón se puede dividir entre un antes y un después de las resoluciones 1525 y 0970 del 2010 que firmó el Ministerio de Ambiente, con las que obligó a las carboneras el reasentamiento preventivo de Boquerón, Plan Bonito y Hatillo en el plazo de dos años.

Las multinacionales Drummond LTD, C.I Prodeco y Colombia Natural Resources llegaron a mediados de los noventa a esta región a explotar carbón y sus actividades impactaron estos corregimientos en la Jagua de Ibirico y en El Paso.

Esas fueron algunas de las razones por las que el MinAmbiente fundamentó la obligación de reasentar, a partir de los monitoreos de calidad del aire que se realizaron en la zona, cuando las concentraciones de material particulado se empezaron a disparar por la minería.

El MinAmbiente exigía las reubicaciones de las comunidades cuando: “Las condiciones naturales o de fondo y las de circulación y/o dispersión excedan en frecuencia superior al 50 % e inferior al 75 % de los casos, la norma de calidad anual se deberá presentar por parte de las empresas mineras a consideración de las autoridades ambientales, el plan de reubicación o reasentamiento de las viviendas y poblaciones afectadas”, dice en un aparte del documento público.

Un residente aún recuerda que cuando se desató el boom minero, varios concejales, el gobernador, los diputados y el alcalde de La Jagua, celebraron la llegada de las empresas y dieron una rueda de prensa en la que les dijeron a los habitantes de Boquerón que “Dios se había acordado de ellos”.

El corregimiento quedó ubicado en medio de las tres grandes minas de carbón que explotan estas multinacionales, pero comenzó a generar afectaciones ambientales en el río Tocuy, en las viviendas y los sabanales comunales, donde cazaban animales.

Con la bonanza también empezaron a aparecer las afectaciones, en especial a la salud de los habitantes: “Al hospital de la Jagua sabemos que han ido muchas personas a hacerse tratamientos de la piel, a tratarse enfermedades respiratorias y diarreicas. Las afectaciones que produce la minería son muchísimas y si nos ponemos a enumerar no alcanzaría el tiempo”, cuenta Osvaldo Aguilar, un docente y promotor del consejo comunitario.

Según un estudio de 2012 de la Universidad Nacional, contratado por la Gobernación del Cesar para estudiar las “Enfermedades Respiratorias” en niños de 10 años de los seis municipios mineros del cesar y donde se evaluaron 1627 menores, encontraron que quienes vivían a cerca a las minas presentaban enfermedades como bronconeumonía, sibilancias, tos seca nocturna y dermatitis alérgica.

El mismo estudio encontró evidencia de que la enfermedad respiratoria está relacionada con diferentes formas de exposición presentes en los municipios de la ZCC -Zona Carbonera del Cesar- También se evidenció que estas enfermedades se presentaban con mayor incidencia en la población pobre. Entre los factores como el acceso a fuentes de energía para cocinar, mejoras en las condiciones de la vivienda, acceso a los servicios públicos de alcantarillado y recolección de basuras.

Un problema que se ha presentado en la región es la ausencia en el seguimiento de este tipo de problemáticas por parte de las autoridades regionales como Corpocesar. Con la nueva disposición del ANLA es importante conocer para determinar que ahora el corregimiento del Boquerón se encuentre por fuera del área de contaminación.

La participación y responsabilidad de las empresas para el diseño y ejecución del plan de reubicación o reasentamiento de las poblaciones se debía hacer con base en la contaminación (aportes de material particulado de cada empresa) sobre las poblaciones afectadas, según los resultados del modelo desarrollado en conjunto por parte de todas las mineras. 

La minería tuvo un sabor agridulce en esta población. Por una parte, despertó una expectativa entre los habitantes que creyeron que tendrían un pedazo de la bonanza, pero, por otra, vieron afectados su entorno, sus tradiciones, su economía y su cultura. “Nosotros perdimos con la explotación minera la posibilidad de cazar, pescar y cultivar, porque las tierras ya no eran nuestras”, aseguró Casimiro Rivera, un octogenario residente de Boquerón.

Desde entonces, por la troncal del carbón transitan a toda hora tractomulas cargadas del mineral que diseminan el polvillo por todos lados. Cada hora sale un tren con más de cien vagones cargados de carbón hacia Puerto Nuevo, en Ciénaga (Magdalena) y, muchos vecinos se quejan que a estos no se le da un manejo adecuado.

A tres kilómetros del Boquerón sigue funcionando la mina de explotación de la Drummond, por lo tanto, la Resolución 71 del 2 de febrero de 2021 del Ministerio de Medio Ambiente y la ANLA en nada se acercan a la realidad de los habitantes del Boquerón porque los problemas ambientales, sociales y de salubridad todavía persisten.

Por el frenesí minero de más de tres décadas, vecinos tienen secuelas con problemas respiratorios, las fuentes de agua están contaminadas, las sabanas comunales fueron cercadas y son patrulladas por empresas de seguridad y el único acueducto que existe no tiene tratamiento de agua. “Las casas siempre están llenas de polvillo de carbón y el agua lluvia que recogíamos ya no la podemos beber”, señala Julián Martínez, mostrando como prueba las ventanas tiznadas.

Otro factor que contribuyó al atraso de esta comunidad lo provocó un aparte de la resolución que limitó a los mandatarios locales a realizar inversiones, ya que por el reasentamiento no se le podrían invertir recursos en la solución de problemas de agua potable, salud y educación.

A lo que se le sumó que, desde el día siguiente a la emisión de estas decisiones, las empresas Drummond, Prodeco y CNR presentaron demandas en contra de la decisión del gobierno dejando en el limbo las expectativas de estas comunidades, aseguró un líder de las mesas de trabajo de La Jagua de Ibirico.

La decisión de reasentar también produjo otros cambios en la población. Según el profesor Aguilar, la resolución motivó la llegada de nuevos pobladores. “De la noche a la mañana personas que no eran del corregimiento llegaron a comprar tierras por sumas irrisorias de dinero, otras personas que se habían ido del corregimiento huyendo de la contaminación volvieron a sus casas abandonadas”, agrega.

Mientras esta expansión ocurría, la reubicación nunca se concretó. A lo largo de los diez años de negociaciones, fueron muchas las reuniones que se hicieron, pero nunca llegaron a acuerdo con la comunidad porque empezaron a aparecer las divisiones y las diferencias en los intereses, recuerda Zeneida Martínez Molina, quien fue representante del Consejo Afro Casimiro Meza Mendoza, Coconeo.

Una de ellas fue que en las negociaciones, como lo contaron varios líderes afro, dificultaron la interlocución con el Consejo Comunitario-Coconeo, “nos limitaban la asistencia sin voz y sin voto”, dice uno de ellos. Este Consejo no ha sido reconocido por el Ministerio del Interior, y que, de haberlo hecho, obligaría a las mineras a realizar consultas previas.

Al no llegar a un acuerdo con las comunidades, las empresas contrataron a operadores que se encargaron de la negociación con las familias. “Optaron por llamar de forma individual a las personas y ofrecerles dinero por las tierras a unos precios pírricos”, dice Guillermo Pérez, coordinador de la mesa de Derechos Humanos del Departamento de Cesar. 

En 2019, las tres empresas encargadas del reasentamiento del Boquerón contrataron a la ONG Socya para que negociara las reubicaciones. Esta empresa tenía el objetivo de “diagnosticar y formular los planes de acción de reasentamiento (PAR) para las comunidades de Hatillo (vereda del municipio El Paso) y Boquerón (corregimiento del municipio de la Jagua de Ibirico), departamento del Cesar” (ver artículo).

Lo cierto es que mientras tuvo vigencia la resolución del MinAmbiente, los únicos reasentamientos que se hicieron en la región fueron los de diez familias de Plan Bonito y siete de Hatillo.

En su página web, el operador Socya muestra como resultados de Boquerón el “cierre operativo censal y etnográfico, un diagnóstico de las condiciones socioeconómicas de la población y continuidad de convenios marco con la alcaldía y el hospital que beneficia a 295 niños, adolescentes y jóvenes, 60 adultos mayores y hace 188 actividades en el último año”, también que visitaron “1.626 predios”, realizaron “40 talleres” y entregaron “18 becas del programa apoyo a la educación superior”.

A pesar de estos resultados, el líder Pérez, de la mesa de Derechos Humanos, asegura que la estrategia de las empresas y de su operador, lejos de facilitar una solución a esta población, lo que hicieron fue “ganar tiempo” y le jugaron a “dividir a la comunidad, que no pudo negociar como comunidad el reasentamiento”.

Para este dirigente de derechos humanos esa estrategia consiguió que la comunidad llegara dividida a la negociación. “Le(s) decían que solo tenían que hablar con ellos porque les iban a construir casas bonitas. Entonces Socya aisló al Boquerón para hacer con ellos lo que quisieran y los dejaron en la miseria absoluta”, agrega Pérez.

La incredulidad

Hoy en día, después de conocerse el nuevo dictamen de la Anla, en el que se asegura que Boquerón no está en una zona contaminada, el panorama de la comunidad sigue siendo oscuro. Desconfían de los resultados de estos estudios sobre partículas, y además tienen preguntas sobre quién va a pagar por años de contaminación acumulada.

Al recorrer las calles polvorientas de Boquerón, se puede ver el crecimiento desbordado, con callejones en los que se confunden cambuches y casas agrietadas, por la detonación constante de dinamita en las minas aledañas.

En lo social y económico, las únicas inversiones visibles del Estado son un tanque elevado que distribuye un agua malsana a sus habitantes y un centro de salud que es atendido por un médico que va cada 15 días. También una escuela básica y media sin terminar, en la que los niños no alcanzan el título de bachiller por la falta de docentes, por lo que deben hacerlo en la cabecera de La Jagua.

El villorrio cuenta con una sola vía asfaltada que pavimentaron las mineras ante la queja de sus habitantes que no soportaban la nube de polvo que levantaban a diario los camiones y tractomulas.

Nadie sabe a ciencia cierta en qué han invertido las empresas carboneras, ni si se va a utilizar un fideicomiso que el Estado les obligó abrir a las empresas, en el que hay recursos por 50.000 millones de pesos, que debía ser usado para los reasentamientos. “En lo productivo (las mineras) se dedicaron a darnos gallinas ponedoras como parte de sus intervenciones sociales”, se lamenta un habitante, mientras que el anciano Julián Martínez dice con sorna que se lo debieron haber gastado en “refrigerios que repartían en los talleres”.

Hoy en día, el alcalde de La Jagua, Ovelio Jiménez, sostuvo que aceptaron la decisión de la ANLA a regañadientes, porque no consideran que la zona haya dejado de estar contaminada por las empresas. Jiménez coincide con la preocupación del representante a la Cámara Ape Cuello, de que las empresas deben pagar por los daños ambientales, sociales y culturales, que han dejado en la región y que no se debe permitir que Prodeco se vaya sin pagar su deuda con la región.

Sus habitantes tampoco están seguros si de verdad les llegarán las inversiones y los recursos para hacer productiva la región como parte de la nueva política de compensaciones. No creen que después de diez años que los tuvieron de un lado a otro con la idea de trasladarlos, tendrán al fin un acueducto, un alcantarillado, escuelas, agua potable, como prometió la viceministra de Minas que les construirán en dos años.

“Entiendo la desconfianza de algunos”, explica el alcalde Jiménez ya que reconoce que la dilación del reasentamiento es un pésimo precedente para la nueva etapa. “Boquerón estuvo a la deriva, sin nadie que los acompañara, nadie les prestó atención. Hoy hay un pacto que el gobierno de La Jagua acompañara que no sea burlado. Sé que es difícil creer, pero estamos comprometidos, exigiendo a las mineras para que Boquerón sea compensado”, agregó.

Jiménez dice que un primer paso es hacer un censo en el que se reconozca los daños tanto a los residentes originales como a los que llegaron con el carbón. “Si no se hace un acuerdo sobre quiénes son los afectados no vamos a avanzar”, recalcó.

“Esto para nosotros ha sido fatal, porque quedamos con los brazos cruzados, porque antes contábamos con río, con caza y pesca y con cultivo, pero ahora que la mina ha acabado con todo, el río murió, por donde uno mira dice prohibido su entrada, es decir no tenemos de qué vivir”, reflexiona Claudia Varón Imbrecht, una lideresa de la comunidad.

Mas cuando han visto que en los alrededores y a pesar de recibir millonarias regalías nunca lo han tenido. “Nos seguirán bailando el indio”, sentencia coloquialmente uno de ellos. 

Al consultar a la ANLA por los cambios en decisión de no reubicación, señaló que la autoridad ambiental estableció el deber de las sociedades de continuar ejecutando con esta comunidad, las medidas determinadas en el componente social, establecidas en los diferentes Instrumentos de Manejo y Control Ambiental aprobados a las sociedades mineras, con la finalidad de que no se desmejoren las condiciones socioeconómicas de dicho centro poblado. Que el Plan de Manejo Socioeconómico será ajustados en a las variables establecidas en la resolución.