Cómo proteger a los niños más allá de la cadena perpetua contra violadores

Los promotores de la cadena perpetua dicen que se trata de una medida necesaria para defender a niños y adolescentes de los violadores. Sin embargo, expertos coinciden en que se deben implementar políticas que vayan más allá de lo punitivo.

El pasado 2 de septiembre, la Corte Constitucional, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, declaró inconstitucional la aplicación de la pena perpetua para violadores y asesinos de niños y adolescentes en el país, luego de considerar que el acto legislativo violaba la dignidad humana de quienes cometen estos delitos.

La no entrada en vigencia de la prisión perpetua polarizó al país. Mientras algunos abanderaron esta iniciativa, otros advirtieron que esta no se trataba del camino correcto y la calificaron de “populista”.

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De acuerdo con Fabio Pulido, experto en derecho constitucional de la Universidad de La Sabana, la corte tomó la decisión basándose primordialmente en que en el país la cárcel tiene un principio de resocialización y la cadena perpetua iría en contra de este. Para Pulido, la sentencia es criticable desde la idea de que “sea ella misma [la Corte Constitucional] la que encuentra unos principios que son insustituibles“, puesto que considera que “está abusando de su poder en el control de las reformas”.

Sin embargo, más allá del debate que generó el fallo, las cifras de este delito son alarmantes.

De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre enero y julio de este año, fueron abiertos 20.386 procesos de protección para menores y adolescentes víctimas de algún tipo de violencia. La lista la encabeza la violencia sexual, con el 48,7 por ciento de los casos.

De igual forma, según el último informe de Medicina Legal, en lo corrido de 2021 y hasta el mes de julio, se realizaron 9.490 exámenes médico legales por presunto abuso sexual a menores de edad.

De acuerdo con el documento, la mayoría de los exámenes fueron practicados a menores entre los 10 y 14 años (4.766 pruebas). Le siguen el grupo entre 5 y 9 años (2.202) y el grupo entre 15 y 17 años (1.549).

Si se comparan estos datos con el informe de 2020 para el mismo periodo de tiempo, estos delitos incrementaron. De acuerdo con Medicina Legal, se practicaron 8.988 exámenes por presunto abuso sexual en ese entonces. Es decir, este año se reportan 502 exámenes más.

Para Leonardo Rodríguez, psicólogo forense y doctor en Criminología de la Universidad Javeriana, este aumento se debe a distintos factores. Uno de los principales tiene que ver con la falta de credibilidad de la sociedad en la justicia, lo que genera las condiciones para que los perpetradores puedan cometer el delito sin miedo a las consecuencias.  

Otras de las causas están directamente relacionadas con los modelos de la sociedad misma. “Estamos viviendo una época de disfuncionalidad en la familia, con procesos de divorcio, maltrato físico, psicológico, prenatal. Además, no hay modelos eficaces y eficientes que hayan mostrado su efectividad frente al cómo resocializar padres, padrastros, tíos, hermanos mayores y demás”, explicó Rodríguez a Diario Criterio.

Para el psicólogo forense, el aumento de estos delitos también estaría asociado a la hipersexualización en los contenidos digitales. “Estamos en un contrasentido. Lo que vemos es el rito al cuerpo, a la sexualidad, al erotismo. Eso lo perciben los jóvenes y creen que su vida exitosa tiene que ver con un cuerpo perfecto. Aquí se incluyen además los contenidos que se comparten en redes sociales y que rodean a la pornografía, el sexteo y otros comportamientos”, dijo.

Las consecuencias de este delito

El abuso sexual contra menores es una de las formas más graves de violencia contra la infancia y deja como consecuencia daños irreparables en la integridad física y psíquica de los menores, según indican diferentes organizaciones internacionales como Save The Children.

Según explicó a Diario Criterio Johanna Romero, directora de la Especialización en Psicología Clínica de la niñez y adolescencia de la Universidad de La Sabana, cuando un niño es expuesto a violencia sexual, ya sea por acceso carnal violento, por algún tipo de contacto o porque alguien lo obligó a hacer algo que no quería, esto genera varias consecuencias que varían dependiendo del tipo de agresión.

Generalmente, precisó la experta, los niños se sienten culpables. “Esto sucede porque lastimosamente en Colombia la mayoría de los casos tienen relación con familiares y detrás hay manipulación. Les dicen, por ejemplo: haz esto y te doy este dulce, yo puedo hacerle daño a tus papás”, dijo.

Los menores y adolescentes abusados también suelen presentar problemas de sueño, tener cambios en su estado de ánimo, aislarse y desarrollar trastorno de estrés postraumático, síntomas depresivos y ansiedad. “Sin un tratamiento psicoterapéutico, el hecho puede generar problemas en sus relaciones con futuras parejas, generar complicaciones en el autoconcepto e, incluso, generar gestos suicidas o el suicidio mismo”, explicó.

¿Cómo cuidar a nuestros niños?

Romero aseguró que estas situaciones pueden prevenirse desde el hogar con un adecuado fortalecimiento del vínculo afectivo y de comunicación entre padres e hijos. “Que nuestras relaciones sean basadas en confianza y protección. Esto quiere decir que sé con quién está mi hijo, que tenemos la confianza para hablar de lo que nos pasa, que sé con quién lo dejo, garantizando que los entornos donde se desenvuelve el niño realmente sean conocidos”, dijo.

Cuando los niños tienen miedo a contar este tipo de situaciones, la “alerta” son los cambios en la actitud de los menores y que estos podrían ser una “campana” no solo para delitos de violación sexual, sino para cualquier otro tipo de agresión, explicó la experta. “Siempre que tu hijo cambie de comportamiento, que no quiera hablar, que sepas tú como papá que le está pasando algo, por favor acude al especialista, por el niño, por la familia, para poderlos orientar”, aconsejó.

Para Fabio Pulido, los esfuerzos deben concentrarse en la prevención y la protección. “Hay que trabajar en políticas públicas a nivel de la familia, los colegios, los barrios, la sociedad en general. Hay que protegerlos en ambientes en donde se propician este tipo de conductas. Se trata de un trabajo interinstitucional, en el que entraría por ejemplo, el Bienestar Familiar”, manifestó a Diario Criterio.

En este aspecto coincide Rodríguez, para quien el abordaje de esta problemática debe ser integral. “Es la labor de la familia, del colegio, de la sociedad, de los medios de comunicación, del control de las redes, del control parental. Eso es lo que no estamos haciendo”, aseguró.

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¿Son las penas una solución efectiva para hacerle frente?

Ante el fallo de la Corte Constitucional, según informó Noticias RCN, el Gobierno estaría pensando doblar y hasta triplicar las penas para quienes cometan delitos de violación y abuso sexual.

Asimismo, fueron habilitados carteles de “los más buscados” por este tipo de delitos, en los que se incluyeron recompensas de hasta 50 millones de pesos para quienes puedan brindar algún tipo de información.

Según Rodríguez, de cada 100 casos que hay de delitos sexuales en el país, solo se resuelven entre 6 o 7. Es decir que 93 quedan en la impunidad. En este sentido, dice que es necesario que se mejore operativamente el sistema de justicia, aumentando, por ejemplo, el número de jueces, de fiscales, de investigadores, de peritos.

Para el experto, además, en el país se maneja un concepto de justicia “muy punitivo”, en el que se espera que la persona vaya a la cárcel y se quede ahí. Sin embargo, considera que esto se constituye como un contrasentido a la concepción de lo que es hoy el derecho. “El derecho se basa en una justicia restaurativa, de restaurar tanto a la víctima y al victimario para poder integrarse en la sociedad. Hay que acompañar a las víctimas, hay que resocializar a los victimarios”, dijo.

Sobre el último aspecto, aclaró que debe hacerse una pequeña distinción, puesto que en la mayoría de casos, los victimarios son personas cercanas a los menores, como tíos, padres, hermanos y amigos, y en menor medida se trata de los pedófilos, quienes requerirían un tratamiento completamente diferente.

Para Pulido, a nivel constitucional tampoco está la solución. “Ya la Constitución tiene todo lo que se necesita. La Constitución tiene los suficientes derechos y las suficientes herramientas para proteger a los menores”. Por eso, recalcó nuevamente, el camino está en la construcción de políticas públicas eficientes.

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