En medio de la polémica por Canal Capital, los trabajadores son los más afectados

Tanto la gerencia como los concejales señalan que hay problemas en la contratación laboral. Este año el canal tuvo que pagar 1.800 millones de pesos por demandas de trabajadores que tuvieron contratos por prestación de servicios durante años. Ahora, en medio del debate, hay acusaciones por acoso laboral y despidos masivos.

El lunes 2 de agosto, el Concejo de Bogotá aprobó con 27 votos a favor y 15 en contra la moción de observación contra la gerente del Canal Capital, Ana María Ruiz, después de discutir las múltiples denuncias por presuntas irregularidades.

Uno de los puntos más cuestionados por varios concejales es que en el último año y medio se denunciaron despidos masivos, así como tercerización en la producción de los contenidos. Los concejales señalaron en la sesión que la gerente no contestó los derechos de petición verbales y escritos, tampoco las inquietudes planteadas en el debate de control político.

Condiciones laborales en el Canal Capital

El concejal Emel Rojas, de Justas Libres, le dijo a Diario Criterio que “han denunciado acoso por parte de la gerente y de su equipo de trabajo, por un lado, y despidos masivos, por otro lado”.

De acuerdo con el concejal, a varios trabajadores no se les renovó el contrato, pese a que llevaban varios años en la misma función. Incluso asegura que muchos denunciaron que “les tocó llevar sus hojas de vida a los terceros que contrata el canal. Pasaron los filtros y terminaron ganando menos por trabajar más, con una carga laboral excesiva. Incluso hay denuncias de practicantes a los que les han demorado los pagos o no les han pagado”.

Al respecto, la gerente asegura que técnicamente no hubo despidos, sino que los contratos no se renovaron por falta de recursos. Según Ruiz, el canal se vio afectado por la pandemia, pero “la cereza del pastel fueron las demandas de jurisdicción laboral” que obligaron al canal a pagar 1.800 millones de pesos por contratos realidad realizados entre 2004 y 2017.

En otras palabras, la gerente dice que varios extrabajadores del canal demandaron porque tuvieron contratos de prestación de servicios varios años; ya hubo ocho condenas, pero hay en curso cerca de 20 demandas más.

Como lo explica la abogada Diana Echeverry, consultada por Diario Criterio, los contratos por prestación de servicios se usan tanto en entidades públicas como privadas e implican, de forma muy general, que la empresa no asume los pagos de prestaciones sociales, pues se entiende que se trata de un contratista y las condiciones no son las mismas de un contrato laboral.

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Agrega que hay un principio constitucional, “que es el de primacía de la realidad sobre las formas”. De ahí salió el término contrato realidad, que considera que no importa lo que dice el contrato, sino verificar las condiciones en las que la persona presta el servicio. Y “si hay subordinación, horarios de trabajo y la persona no tienen una independencia”, aunque el papel lo diga, se cumplen con los requisitos de un contrato de trabajo, precisa Echeverry. Esto implica que a la persona deben pagársele las prestaciones sociales.

“El Canal Eureka, con 24 horas de programación para niños, nos ha costado esos mismos 1.800 millones”, dijo la gerente a Diario Criterio. Además, asegura que la decisión judicial los afectó en dos sentidos. Primero, financieramente, pues tuvieron que pagar con los recursos propios del canal.

Segundo, porque implica que deben cambiar la forma de contratación: “Todos los abogados, todas las consultas que hemos hecho dicen que es imposible seguir contratando por ese sistema, no se hizo antes porque a nadie le interesó y a nadie le habían estrellado en la cara demandas por 1.800 millones de pesos (…) Solo habían llegado unas en 2019 por 50 millones de pesos”.

Ruiz le dijo a este medio que están adelantando las diligencias necesarias para lograr que se autorice la ampliación de planta del canal que tendría en promedio 30 personas, en comparación con las cerca de 300 contratadas por prestación de servicios. A mediados de julio la Personería de Bogotá informó que está investigando la situación en este canal público.

¿Contratos a dedo y tercerización?

El concejal Rojas dijo que también hay denuncias por contratos que Canal Capital hizo de forma directa, no por convocatorias públicas, sino “prácticamente a dedo (…) y privilegiando, puntualmente, al señor Rafael Poveda”. En esa misma línea varios concejales en la plenaria afirmaron que se están tercerizando los contenidos.

Por su parte, la gerente argumentó que los contratos que denuncian los concejales se hicieron con administración delegada para “suplir lo que no tenemos cómo cubrir como canal”. Asegura que Canal Capital citó a las empresas que prestan los servicios que necesitan, les pidió una cotización y se quedó con los precios más bajos del mercado. Incluso dice que tienen todos los documentos que muestran que la empresa Rafael Poveda se queda con los contratos porque presenta las propuestas con los precios más bajos.

“Esa empresa le ha prestado el mismo servicio al canal desde 2002, ha tenido 39 contratos. Tiene equipos buenos, atiende rápido, suple las necesidades”, asegura Ruiz. Y sostiene que no le están entregando el canal a terceros, sino que estos “apoyan la producción”.

Sin embargo, Rojas aseguró en la plenaria que, tras revisar los contratos, encontraron que la propuesta de Poveda en una ocasión no fue la más económica, sino la única.

Y también revivió un cuestionamiento del debate de control político que se le hizo a la gerente el 20 de julio en el que preguntó: “¿para qué una administración delegada?”, si para la realización de Mesa Capital, el máster de producción, una de las herramientas más importantes, era de Canal Capital, y de las 24 personas que se requieren para el programa, ocho son pagadas por el canal y “seis por Poveda (…)”

¿A caso esto no lo puede producir directamente el canal? Esto me suena a detrimento patrimonial”, dijo el concejal Emel Rojas.

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Otro de sus argumentos para la moción de observación es que la gerente no respondió si las salas de edición y graficación “que el señor Poveda cobra en sus cuentas y que se instalaron dentro de Canal Capital le reconocen a la ciudad algunos costos de arrendamiento”.

Ruiz, por su parte, defiende que han llevado a convocatoria pública muchos proyectos para que participen las productoras de la ciudad. “Había tres o seis proyectos de convocatorias públicas en administraciones anteriores, el año pasado cerramos diez y este año van cuatro”. Argumenta que esto ha permitido producir contenidos “de alta calidad dirigida a públicos diferentes” y no solo informativos o franjas de opinión. 

Además, indica que la ficha de asignación de recursos del Ministerio de las TIC le da puntos al canal que trabaje con el sector audiovisual: “Hay un tema paradójico, por un lado el Distrito, en cabeza del consejo, e incluso los entes de control, miran mal que se contrate a casas productoras, pero la Nación, que son partes de nuestros financiadores, lo premian”.

Si bien reconoce que se ha tercerizado para cambiar el modelo de programación, considera que esto no es negativo, a diferencia de algunos concejales que en los debates se han opuesto a que el canal siga en esa dirección.

Para ella son muchos los logros que durante esta administración ha tenido el Canal Capital. Alcanzar la audiencia más alta en los últimos seis años, el lanzamiento de Eureka (un canal con contenidos para niños, niñas y jóvenes las 24 horas) y la nominación como mejor estrategia de programación en pandemia en los premios TAL, los más importantes de la televisión pública en Latinoamérica.

Finalmente, advierte que ahora el canal está “haciendo maromas” para seguir al aire, pues tras el escándalo y las decisiones judiciales, no pueden contratar por prestación de servicios ni por administración delegada.

Pese a los argumentos de Ruiz, el 2 de agosto los concejales dejaron sobre la mesa una gran cantidad de dudas respecto a su gestión y el manejo de Canal Capital. La concejala Heidy Sánchez dijo que no se han garantizado los derechos de los trabajadores en medio de la pandemia y cuestionó que haya tercerización aunque el canal tiene cómo hacer preproducción, producción y  posproducción. Asimismo, trajo a colación las denuncias de acoso laboral contra quienes están denunciando irregularidades en los manejos.

Varios concejales señalaron que a la larga son los trabajadores los que pierden, pues denuncian que no se les renovó el contrato, resultaron trabajando con las empresas a las que contrata el canal y hay retrasos en los pagos. Además de llevar cinco, diez y quince años sin que les paguen primas, salud, cesantías, vacaciones, se quedaron sin trabajo en medio de una pandemia o viven con la zozobra de que su contrato puede acabar en cualquier momento.

También quedaron dudas sobre los contratos que habría suscrito el canal con Rafael Poveda, pues los concejales sostienen que las respuestas de Ruiz fueron evasivas e incluso “irrespetuosas”.

Se mantienen los cuestionamientos por presuntas irregularidades. Por ejemplo, la concejala Diana Diago dijo: “Canal Capital realizó contratos con un mismo oferente, con objetos similares, consecutivos en tiempo y su valor fue inferior a lo establecido para hacer una convocatoria pública. Fueron más de 1.800 millones de pesos que se entregaron por contratación directa”.

Entre otros, Diago cuestionó un contrato que se suscribió el 31 de diciembre de 2020, con una adición (en total más de 650 millones) y un mes y medio después se hizo otro con el mismo objeto (por cerca de 670 millones). La concejala le solicitó a la Fiscalía investigar.

Otra de las grandes críticas que se pusieron sobre la mesa es que en el canal no estarían representadas las diferentes fuerzas políticas de la ciudad.

Ahora la alcaldesa deberá revisar la moción de observación aprobada por 27 concejales. En medio de muchas denuncias y argumentos de ambos lados, queda claro que los trabajadores del Canal Capital se han visto afectados, y no solo ahora.

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