La deforestación detrás de la carne que se consume en Bogotá
El ‘boom’ de las exportaciones de ganado y el alto precio de la carne han causado que la deforestación aumente en áreas de protección ambiental. Veredas cercanas al Parque Natural Sierra de La Macarena han sido afectadas.
El de Catama es uno de los más importantes centros de encuentro entre ganaderos, intermediarios y comercializadores de ganado gordo (que se sacrifica para consumo) de la Altillanura colombiana, al oriente del país. Allí llegan 9.000 cabezas de ganado al mes.
“Los días de mercado, cuando llegan compradores y vendedores, son el domingo y el miércoles. El 90 por ciento del ganado que se comercializa acá se va para el matadero Frioriente (Friogán), que es vecino y está conectado con el complejo”, explica el gerente de Catama, Alejandro Benavides.
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El 10 por ciento restante son hembras de cría y terneros de ceba (que pesan menos de 300 kilos). Estos se revenden y se transportan a otras fincas. A los terneros los siguen engordando hasta que alcanzan un peso mayor a los 500 kilos, cuando estarán listos para el sacrificio.
“Este camión, por ejemplo, pesa el ganado y lo vuelven a montar camino a Bogotá“, cuenta el gerente Benavides, sobre el principal destino de las reses que se engordan en los Llanos Orientales.
Los bogotanos consumen la carne de 2.429 reses cada día, según datos de 2019 del Invima, la autoridad fitosanitaria nacional. El único requisito que deben mostrar los transportistas que llevan la carne a Bogotá es la guía movilización del ICA, según confirmaron Benavides y el subgerente de Protección Animal del ICA, Alfonso Araújo Baute, a 360-grados.co.
Para comercializar las reses, el ganadero también debe llevar un bono de venta (aquí puede ver su reglamentación) que identifica comprador, vendedor, el hierro y la numeración de los animales.
A 48 kilómetros al sur de Catama, se repite la misma secuencia cada lunes en la mañana, en el complejo ganadero de El Guamal, al que llegan en promedio unos 40 camiones al día. Diana Ángel, la administradora de este punto de concentración, muestra los 140 corrales donde, calcula, reciben en promedio unas 1.800 cabezas a la semana.
Guamal es un poco más grande que Catama y tiene unos 120 corrales, a los que llegan animales de la parte media y baja del Ariari y el Guaviare, en el suroriente de Colombia. “También recibimos ganado de Casanare y Arauca”, agrega su gerente Álvaro Díaz.
En este centro, además del mercado que se da entre lunes y martes, se realiza una subasta ganadera todos los miércoles, en la que participan, incluso, compradores online desde diferentes regiones del país. Allí se negocia ganado de cría (vacas) y de levante que luego son enviados a otros predios en el país.
“El ganado flaco se queda acá, y el gordo va a Cáqueza, a un matadero, y de allí llega a Bogotá”, señala el gerente Díaz.
Estos puntos de concentración, tanto el de Catama como el de Guamal, han ganado dinamismo en los últimos años por el incremento del precio de la carne que ha sido jalonado por el boom de las exportaciones de ganado colombiano
“Muchos campesinos se han vuelto ganaderos porque hay tal presión por la carne que incluso se están sacrificando (vacas) hembras”, explica un intermediario que lleva más de diez años comercializando ganado en Guamal.
El ‘boom’ del ganado y la presión sobre tierras protegidas
En 2021, las exportaciones de carne y despojos, con destino principalmente a Rusia, Chile, Egipto, Líbano y Hong Kong, entre otros, le trajeron al país divisas por casi 248 millones de dólares, un incremento del 100,9 por ciento al comparar las cifras de 2020. El valor de las exportaciones de ganado en pie también creció a 151,5 millones de dólares. La alta demanda, además, subió los precios internos de la carne 33 por ciento.
De la mano con la buena noticia del boom de las exportaciones del ganado, viene una mala. Como lo confirmaron varios ganaderos entrevistados para este reportaje, se ha disparado la necesidad de encontrar y adecuar tierras para la ganadería, lo que ha significado que se están deforestando más las zonas protegidas como parques nacionales y reservas forestales de ley segunda.
“Conseguir guías no es ningún problema”, explica un intermediario que se mueve en el Guaviare. Para lograrlas, los compradores buscan campesinos que tienen registradas vacas que no mueven o que sacrifican, con lo que les queda un “cupo” para obtener las guías, y esas son las que venden, agrega.
El Guamal y Catama, como otras plazas de mercado que operan en la Altillanura, son el destino frecuente del ganado que sale de predios vecinos a los múltiples parques nacionales y zonas de reserva forestal que hay en el oriente y en la Amazonia de Colombia. Esto puede explicar, en parte, por qué está creciendo la deforestación en estas áreas que deberían ser intocables por su riqueza biológica y porque son potentes sumideros de carbono. De hecho, conservar esos bosques y esa cobertura vegetal es la mayor contribución de Colombia a la lucha contra el cambio climático.
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En la primera parte de esta investigación, la alianza www.360-grados.co y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Clip) mostraron, con base en los datos de vacunación, cómo la población de vacas creció entre 2014 y 2020, en veredas colindantes de cinco parques nacionales, en los departamentos de Meta y Caquetá, en oriente y al suroriente colombianos.
Una de las claves para entender la relación entre la ganadería y la deforestación tiene que ver con el registro de predios y la vacunación contra la aftosa, prácticamente los únicos requisitos para que la autoridad sanitaria (ICA) expida los permisos de movilización y el ganado pueda comercializarse en todo el territorio nacional, sin que se pida ninguna otra información.
El sistema funciona así: para poder acceder a la vacunación los ganaderos deben registrar las fincas. Para ello deben tener, entre otros requisitos, títulos de propiedad, cartas de posesión o contratos de arrendamiento. Con los predios registrados, se permite que el ganado sea vacunado, el otro requisito clave para que puedan acceder a las guías para movilizarlo por todo el país.
“La competencia del ICA es sobre los registros de predios y sanitarios. No es nuestra competencia el tema ambiental”, explica el subgerente de Protección Animal de esa institución, Alfonso Araújo Baute.
Sin embargo, Araújo Baute reconoce que a raíz de las alertas de deforestación en parques nacionales de la Amazonia han bloqueado la expedición de guías en 542 predios de la región y han compartido información con la Fiscalía General de la Nación.
A través de una petición de información de www.360-grados.co y Clip, el ICA suministró 286.105 registros de movilización expedidos en Meta y Caquetá entre 2015 y 2020. A partir de esos datos esta investigación verificó que en esos años se transportaron al menos 99.240 cabezas de ganado desde predios registrados en veredas vecinas al Parque Natural Nacional Sierra de La Macarena hacia puntos o centros de concentración –como Catama y Guadual–, otros predios para cría o engorde, o directamente a plantas de sacrificio, cerca de los mayores mercados de consumo de carne.
Del análisis de las guías de movilización de predios que bordean o constituyen La Macarena emerge, con claridad, cómo es la cadena de distribución y comercialización de carne que se consume en Bogotá, y se ve que coincide la deforestación en ese parque con el volumen de la ganadería que sale de allí para satisfacer la demanda en Bogotá.
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Los principales destinos del ganado del Parque de La Macarena
De esas casi 100.000 reses que fueron cebadas en fincas ubicadas en los municipios de Mesetas, La Macarena, Vista Hermosa, San Juan de Arama, Puerto Rico, y Puerto Concordia, y de San José del Guaviare, todos ellos vecinos del parque de La Macarena, 61.878 (62 por ciento) fueron movidas a otras fincas de al menos 88 municipios de todo el país y 37.362 (37 por ciento) tuvieron como destino concentraciones ganaderas y plantas de beneficio (mataderos).
Entre 2015 y 2020, de estos predios salieron hacia el resto del país, cada año, unos 6.600 camiones cargados con ganado de zonas que han presentado deforestación, según los datos del ICA.
Gran parte del ganado sale de 86 veredas en estos ocho municipios, veredas donde han perdido 32.602 hectáreas de bosques en los últimos seis años. Es decir, un área casi igual a la que ocupa Villavicencio, la ciudad más grande de la Altillanura.
Como se puede ver en el siguiente mapa, los municipios en donde ha habido mayor deforestación desde 2015 son Puerto Rico (10.385 hectáreas), San José del Guaviare (8.746), La Macarena (5.605), Vistahermosa (4.625) y Mesetas (1.826).
“Para mover estos animales, los ganaderos tienen que inscribir las fincas ante el ICA y cumplir con la vacunación de las reses, pero el alcance de este registro no incluye verificar si estos predios están en zonas deforestadas“, explica Carlos Olaya, observador del centro de investigación jurídica Dejusticia.
De hecho, las normas que regulan esta inscripción permiten a los ganaderos certificar la posesión. “Muchas veces no es necesario tener el título. Con un contrato de arriendo es suficiente“, contó a este equipo periodístico un intermediario que negocia ganado en el complejo de Guamal.
Estadísticas muestran, entonces, la evidencia de que el origen de mucha de la carne que comemos proviene de ganado que pasta en zonas protegidas en proceso de deforestación. También revelan que el ganado se está moviendo con total libertad hacia todo el país, pues el único requisito que exigen las autoridades colombianas a lo largo de esta cadena de suministro es la guía de movilización, es decir, que esté al día en temas sanitarios.
Álvaro Benavides, el gerente del complejo de Catama, reconoce que es una realidad que a los puntos de comercialización está llegando ganado de zonas deforestadas, pero que es muy poco lo que ellos pueden hacer para controlar este flujo, ya que la única exigencia de la ley para admitir o negar el acceso del ganado es que el comerciante tenga su guía en regla. “Para nosotros la clave del control está en el origen. Si no se controla en el origen, ¿qué podemos hacer?”, dice.
En esto coincide el gerente de El Guamal, Álvaro Díaz, quien asegura que empresas como los complejos no tienen “competencia ni estamos facultados para garantizar que las transacciones antes mencionadas impacten o provengan de zonas con restricciones ambientales, toda vez que existen entidades especializadas en dicho control y con los recursos necesarios para ello”.
“Esto no es del todo cierto, están aplicando mal la reglamentación”, le contradice Oyala, de Dejusticia, quien explica que estas empresas deben aplicar la debida diligencia y confirmar la información que están proporcionando los ganaderos en las guías de movilización. “Verificar un papel no es suficiente”, dice.
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Sin embargo, tanto Benavides como Díaz sostuvieron que sus empresas verifican la autenticidad de las guías en el sistema del ICA. “Nos aseguramos que coincida el número de animales y le ponemos un revisado”, dice Benavides. Mientras que Díaz afirma que, para ellos, “con la sola presentación de la guía es suficiente, se le da validez”. “Ha habido investigaciones, unas tres, cuatro, pero por abigeato, no por temas ambientales”, agrega.
En lo que también coinciden es que en este proceso se han detectado casos de robo de ganado en el último año: tres en Guamal y uno en Catama.
Carne desde el Parque Nacional de La Macarena
Siguiendo la cadena de suministro, esta investigación encontró que una buena tajada de la carne que se moviliza desde la zona del Parque Nacional de La Macarena (15.429 reses de un total de 92.240) fueron transportadas a plantas de beneficio o mataderos en 21 municipios de los departamentos de Cundinamarca, Meta, Huila, Boyacá, Caquetá y Tolima, y a Bogotá. No obstante, 95 por ciento de estas, 14.797, fueron a cuatro mataderos de Bogotá, el mayor mercado del país con más de 8 millones de consumidores.
Acá es preciso aclarar que estos mataderos prestan el servicio de sacrificio para terceros, entre los que se cuentan fameros, tiendas de cadena y comercializadores de carne.
El principal destino de estas vacas fue el frigorífico Guadalupe, más conocido como Efege, al sur de Bogotá, a donde fueron enviadas 10.426 vacas. Entre 2014 y 2016, el número de vacas movilizadas por año sobrepasó las 2.000, con un pico de 2.571 en 2015, y desde ahí se evidencia una tendencia descendente hasta 2020.
Al Efege le siguió el frigorífico El Uval, ubicado en Siberia, Usme, en el sur de Bogotá, con 3.307 vacas, Proagro con 847 vacas y el matadero del vecino municipio de La Calera con 520 vacas.
A estos mataderos se les envió un cuestionario pidiéndoles explicación sobre si tienen algún tipo de medidas para evitar que a sus instalaciones lleguen animales que provengan de zonas deforestadas. Ninguno respondió.
El ganado que llega al Meta
En cantidad de ganado movilizado, el segundo destino más importante no es un frigorífico sino concentraciones ganaderas en Yarumal y Villavicencio (Meta), donde se reúnen animales para ser comercializados y requieren una licencia sanitaria de funcionamiento.
Los documentos oficiales muestran que 17.447 cabezas con origen del parque de La Macarena fueron enviadas a concentraciones ganaderas en diez municipios de los departamentos de Meta, Caquetá y Santander.
El grueso de este ganado terminó en las concentraciones ganaderas de Guamal, Meta (9.366 vacas), y en Catama en Villavicencio, Meta (3.542).
Otro dato que arrojó el análisis de esta información es que la mayor parte de las movilizaciones de ganado (30.661 cabezas) desde el Parque Nacional de La Macarena se han despachado hacia “predios” en 61 municipios (283 veredas) en los departamentos de Meta, Cundinamarca, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Cauca, Tolima, Huila, Santander, Risaralda y Boyacá.
Esto se da con mayor intensidad entre 2014 y 2021, periodo en el que se pasó de transportar 1.068 animales en 2014 a 9.874 en 2021, con un aumento de 824 por ciento.
Posiblemente, la movilización de ganado hacia predios en otras regiones del país facilita borrar su origen en zonas protegidas donde es ilegal criar ganado y, con ello, su entrada en la cadena del mercado de carne.
*Este reportaje se hizo gracias a una beca del Rainforest Investigation Network del Pulitzer Center. Contó con apoyo en el análisis de datos de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FDCS) y el acompañamiento editorial del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Clip)
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