Los retos de Carolina Corcho como próxima ministra de Salud

Carolina Corcho propone una reforma que apunte a eliminar la intermediación de las EPS. Sin embargo, se trata de un muy proyecto que tendría muchos obstáculos. ¿En qué consiste la propuesta y cuáles son los problemas del actual sistema de salud?

El presidente electo Gustavo Petro confirmó, este martes, a la médica, psiquiatra y máster en ciencias políticas Carolina Corcho como ministra de Salud. La especialista, además, hace parte del equipo de empalme que dialoga con el gobierno saliente.

Carolina Corcho fue presidenta de la Asociación Nacional de Médicos Internos y Residentes (ANIR), preside actualmente la Corporación Latinoamericana Sur y es vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, unos de los gremios más grandes que agrupa a los profesionales de la salud en Colombia.

Además, es miembro de la comisión de seguimiento de la sentencia T-760, órgano consultor de la Corte Constitucional en temas de la política pública en salud.

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Corcho fue coautora de la ley estatutaria, que caracteriza la salud como derecho fundamental en Colombia, y de la Ley 1917 de 2018, conocida como ‘Ley de Residentes’, que garantiza el pago a los estudiantes de especialidades médicas. Con esta ley, Colombia dejó de ser el único país del continente donde no lo recibían.

“Las EPS no son aseguradoras, sino intermediarias”

Carolina Corcho

La designación Carolina Corcho como ministra de esta cartera genera mucha expectativa respecto al futuro de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), pues ella ha sido una gran crítica de ese modelo y una de las propuestas de Petro en campaña fue eliminar la intermediación de estas para la prestación de los servicios.

El presidente electo se refirió al tema este martes, en entrevista con W Radio, y aclaró que el cambio al sistema será gradual: “En salud hay que hacer procesos de transición muy cuidadosos porque se trata de seres humanos, de vidas (…) ¿Cuál será el papel de las EPS, que ya son muy pocas? (…) Y esta es una cifra que hay que esclarecer: unos dicen 6, otros 9, otros 18 billones de pesos de deudas en las entidades que prestan la salud: es el hospital, la clínica privada (…) Esas EPS liquidadas se llevaron esos recursos, no las pagaron”.

Algunos analistas y miembros del gremio de la salud han planteado que este proyecto de reforma al sistema conlleva el riesgo de volver a la época del Instituto del Seguro Social (ISS), que prestaba los servicios de salud a los trabajadores, mientras el resto de la población accedía a estos de forma particular o, en el caso de las personas de bajos recursos económicos, por medio de hospitales públicos o beneficencia.

Sin embargo, para la nueva ministra de Salud, el sistema previo a la Ley 100 de 1993 “no se puede comparar (con el ISS), ya que el aseguramiento universal seguirá a cargo del Estado, con los recursos públicos fiscales y parafiscales, como sucede en la actualidad”, dijo en dialogo con Diario Criterio, a principios de junio.

Hay que aclarar que las EPS no son aseguradoras, sino intermediarias. La diferencia es que, con la Ley 100, se cobra un porcentaje del salario a los trabajadores para que las EPS manejen los recursos. Eso no se ve en ningún otro país del mundo”, añadió la especialista.

Sobre el tiempo que llevaría la implementación del nuevo sistema, la también máster en ciencias políticas afirmó que “se puede hacer en dos años (debido a que) se mantienen tres elementos: el personal —mejor contratado y pago—, la cobertura por parte del Estado y los prestadores o IPS”.

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En cuanto a la temida sostenibilidad del sector privado, la médica explicó que reformar el sistema “no implica empezar desde cero”.

De hecho, al sector privado le iría mejor porque las IPS están en quiebra gracias a las deudas de las EPS, que, además, pagan con tarifas propias que este proyecto busca unificar. Las EPS, además, están al tope con la población que les llega de las que el Estado ha liquidado, entonces recortan gastos. Si (las EPS) son eliminadas, el Estado pagaría directamente a los prestadores”, agregó entonces la ministra.

Falta de liderazgo y control del Estado

Carolina Corcho recibirá un sistema de salud saturado, en el que catorce EPS han sido liquidadas en la última década, obligando a los pacientes a trasladarse a las promotoras restantes.

Durante las campañas presidenciales, tanto en 2018 como la que acaba de pasar, Gustavo Petro fue el único que planteó eliminar la intermediación, a través de las EPS, entre el Estado y las instituciones prestadoras de servicios o IPS (centros de salud, hospitales, clínicas, laboratorios, entre otros).

Durante tres décadas, la implementación del modelo actual creado por la Ley 100 de 1993 ha traído importantes beneficios y nuevos protagonistas, pero también corrupción, despilfarro y, con ello, no pocas complicaciones y muertes evitables.

El sistema de aseguramiento, basado en los principios constitucionales de universalidad y solidaridad (todos aportan, de acuerdo a sus capacidades, para tener un cubrimiento básico), también ha traído beneficios a los colombianos, especialmente los de más bajos recursos, que hoy pueden acceder a servicios médicos, hospitalarios, tratamientos, medicamentos o procedimientos que, en otros países, incluso desarrollados, los usuarios deben cubrir de sus bolsillos.

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No obstante, durante casi treinta años, dicho acceso aún se ve afectado por la falta de liderazgo y control de los entes de vigilancia del Gobierno; la corrupción, la calidad y la oportunidad deficientes de algunos servicios y el abuso por parte de algunas EPS e IPS.

En esta línea, el plan de gobierno del presidente electo promete un sistema único de salud pública para la gestión, coordinación de las redes estatales y privadas, y la articulación con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

Su articulación estaría en manos de un Consejo Nacional de Salud y consejos territoriales, incluyendo las comunidades indígenas y afrodescendientes. Este cambio probablemente implicaría la desaparición de la Adres y las Secretarías de Salud.

Durante un gobierno de Petro, los privados (EPS) pasarían a prestar los servicios de mediana y alta complejidad, mientras que los de baja complejidad estarían exclusivamente en manos de la red pública, es decir, las empresas sociales del Estado (ESE).

Pagar directamente a las IPS

El cambio más importante que Petro ha planteado es eliminar paulatinamente la intermediación administrativa y financiera entre el Estado y los prestadores, liquidando las EPS contributivas y subsidiadas. De esta forma, los impuestos y aportes parafiscales que financian el sistema serían girados directamente por el Estado a las IPS privadas y públicas, sin pasar antes por las promotoras, opción también planteada, en su momento, por el excandidato presidencial Federico Gutiérrez, acorde a su plan de gobierno, que proponía, tímidamente, pagar a los hospitales por giro directo (tarea fundamental de las EPS).

Por otro lado, Petro ubicó la formalización laboral como eje del financiamiento del sistema con una meta de, al menos, 80 por ciento del gasto público en salud.

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Según el plan de gobierno de Petro, los recursos del sector también provendrían del control de la evasión y la elusión (aunque no lo especifica, probablemente se refiera a los cientos de miles de millones de pesos que se desvían para el pago de subsidios a muertos y colados en el régimen subsidiado).

También promete fortalecer el control de los precios de los medicamentos iniciado por el Ministerio de Alejandro Gaviria, además de financiar la investigación, actualmente en cabeza del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación, así como la creación o consolidación de la industria farmacéutica nacional.

Otros retos: salud rural, promesa incumplida

Como Diario Criterio informó en su momento, el Gobierno entrante plantea replicar el modelo que implementó durante su paso por la Alcaldía de Bogotá, haciendo llegar los servicios de salud, tanto en prevención primaria como terapéuticos y de rehabilitación, a las zonas rurales.

El Ministerio de Salud del gobierno de Juan Manuel Santos lanzó, en 2016, el Modelo de Atención Integral en Salud (MIAS) para garantizar la prestación de los servicios de salud en zonas rurales, priorizando la prevención, la salud familiar y comunitaria y la gestión integral del riesgo.

En este contexto, el Ministerio de Salud saliente radicó, en 2021, el Plan Nacional de Salud Rural con el fin de “cerrar las brechas urbano-rurales en términos de cobertura, acceso, oportunidad y calidad de los servicios de salud, con enfoque territorial, étnico y de género”.

A estas normativas se suman la Resolución 2626 de 2019, que adoptó el Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE); y el Sistema General de Participación (Ley 715 de 2001 y Ley 1176 de 2007).

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Tratamiento a la farmacodependencia

Tanto Petro como su excompetidor, Rodrigo Hernández, abordaron la atención a los consumidores de sustancias psicoactivas.

Para ello, el presidente electo prometió disponer de centros móviles de atención a drogadicción que, durante su administración en Bogotá, funcionaron como Centros de Atención Médica a Drogadictos (Camad). Estos contaban con diferentes profesionales y especialistas de la salud que, entre otras medidas de atención, hacían exámenes y suministraban drogas controladas a los usuarios bajo prescripción y supervisión estrictas, con el apoyo de la Policía Nacional.

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En las zonas rurales, estas políticas deberían integrarse con el Plan Nacional de Salud Rural, uno de los compromisos pactados en el Acuerdo de Paz con las Farc, debido a la ausencia del Estado en las zonas más afectadas por el conflicto armado, lo cual ha llevado, según el Instituto Nacional de Salud, a que haya brechas marcadas en los indicadores del campo al compararlas con las áreas urbanas en un país donde el 30 por ciento de su población es rural, gran parte azotada por graves dificultades y falencias estructurales y de seguridad.

Para impactar estas deficiencias, Petro espera formar al personal de salud “para alcanzar indicadores de cobertura de nivel internacional, tanto en promedios como en distribución equitativa por todo el territorio”.

Los obstáculos para eliminar las EPS

Ponerles fin a las promotoras, sin embargo, no es un camino fácil. Primero, debe tramitarse una reforma en el Congreso. Por otro lado, algunas de las más grandes son de propiedad de las cajas de compensación, otras son importantes actores en la generación de empleo y han creado sus propias IPS y centros de ayudas diagnósticas.

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De hecho, las encuestas muestran que más del 80 por ciento de los usuarios está satisfecho con su EPS, mas no con el sistema.

Por otro lado, está la capacidad ejecutora de un Estado que, históricamente, ha fracasado en la implementación de leyes que llevan años en el papel, como las que garantizan el acceso de las comunidades más apartadas y vulnerables a la salud, además de una lista larga y creciente de funcionarios cuya tarea era poner fin a la malversación de recursos por parte de los dueños de algunas entidades, pero terminaron capturados por corrupción.

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