Carolina Sabino y su familia deberán ser indemnizadas por la Fiscalía

La entidad reveló a los medios de comunicación que le imputaría cargos a la actriz por el delito de aborto”, tras interceptar una llamada telefónica de Andrés ‘El Hacker’ Sepúlveda, en 2015.

A través de interceptaciones telefónicas legales durante una investigación a Andrés ‘El Hacker’ Sepúlveda, en 2015, la Fiscalía General de la Nación tuvo acceso a una conversación entre este y su entonces pareja, Lina Luna —hermana mayor de Carolina Sabino—, en la cual hablaron de que la cantante bogotana se había realizado un aborto, por lo cual funcionarios del ente acusador decidieron iniciar una investigación penal en su contra, debido a que, en caso de ser electivo, no habría estado amparado por la legislación de ese entonces.

Una vez la opinión pública conoció la información médica y privada relacionada con el caso, la reconocida actriz emprendió acciones legales contra la entidad, por lo cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en segunda instancia, ha decidido sentenciar “a la Fiscalía General y a la Nación” a compensarla, al igual que a su hijo y a su madre, con cien salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada uno.

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Adicionalmente, la Fiscalía deberá ofrecer disculpas públicas, dentro del mes posterior a la emisión del fallo, en un acto de desagravio a la actriz y a su familia y al cual los medios de comunicación deberán ser convocados, en el contexto de los daños y perjuicios morales tras citar públicamente a Sabino a la audiencia de imputación de cargos en su contra, en el marco de la investigación de un hecho relacionado con su salud e intimidad.

En su sentencia, el Tribunal decidió, “primero, declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación -Fiscalía General de la Nación (sic) por los perjuicios causados a cada uno de los demandantes, por del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia”.

En el caso de los dos hermanos de la artista, la Nación también fue condenada a pagarle a cada uno 50 salarios mínimos.

Con el fin de prevenir que hechos como este se repitan contra otras mujeres, el Tribunal también insta a la Fiscalía General de la Nación a capacitar a sus funcionarios, “en el término de sesenta días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, (…) frente al respeto de los derechos sexuales reproductivos en los casos que se traten sobre la posible comisión del delito de aborto”, señala la sentencia.

Por otro lado, el alto tribunal ordena al ente acusador “adoptar acciones inmediatas para que el medio periodístico ‘Notipopayán’ retire y deje de circular información relacionada con la historia clínica de la señora Carolina Sabino”, lo cual perpetúa su revictimización.

Embarazos no planeados y tasas de aborto en el mundo
Foto: Instituto Guttmacher.
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¿Por qué Carolina Sabino no cometió un delito?

Una vez se conoció el contenido de la conversación entre Luna y Sepúlveda, la Fiscalía 234 Local abrió una indagación preliminar contra la artista y pidió copia de su historia clínica a la Fundación Oriéntame.

En su defensa, la protagonista de Las Juanas argumentó que el procedimiento que se realizó se dio en el contexto de una de las tres causales contempladas por la Corte Constitucional, en su sentencia C-355, de 2006: riesgo para la salud integral de la madre.

Aunque la discusión pública fue positiva en cuanto a que se abordó un tema tabú, como el del embarazo y la salud mental, este último aspecto no fue considerado parte integral de la salud de Carolina Sabino cuando la fiscalía encargada del caso decidió imputarle los cargos.

Por ello, presentó ante la fiscalía un certificado en el cual probaba que la gestación implicaba un riesgo para su salud mental, por lo cual el procedimiento médico estaba amparado por la ley.

Posteriormente, el 8 de febrero de 2016, la Fiscalía General de la Nación —en cabeza entonces de Eduardo Montealegre— emitió un comunicado de prensa en el cual informó que la actriz había sido notificada sobre la decisión de “archivar la investigación adelantada en su contra por el delito de aborto, por atipicidad (o legalidad) de la conducta“.

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“Obligar a llevar a término un embarazo” es “violencia jurídica”: Fiscalía General

La decisión, explicaba el comunicado, fue tomada por el fiscal encargado del caso después de que “concluyera que no existen motivos o circunstancias que permitan establecer que la conducta debía ser objeto de reproche penal”.

Además, la Fiscalía agregó que el caso se archivó porque, según las normas que regulaban en aquel momento la interrupción voluntaria del embarazo y “en los casos en que este ponga en riesgo la salud de la mujer –entendida esta desde una perspectiva integral–, el Estado deberá asegurar sus derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la integridad“.

Y agregó que la “Fiscalía General de la Nación reitera su compromiso total de hacer frente a la violencia jurídica que se ejerce contra las mujeres cuando se les obliga a llevar a término un embarazo”.

Pero el daño ya estaba hecho.

Fiscalía local difundió información privada de Carolina Sabino por WhatsApp

Es cierto que las entidades judiciales pueden iniciar un proceso y, más tarde, archivarlo —como en el caso de Sabino—, según señaló la Fiscalía General en su comunicado.

En cuanto a los procesos que estén “en etapa de acusación o más avanzados —indicó la entidad— el fiscal puede solicitar la absolución perentoria”.

Por otra parte —continuó—, en los eventos en que la interrupción voluntaria de un embarazo no se enmarque dentro de las tres causales despenalizadas, los fiscales pueden verificar si existe algún supuesto que permita la aplicación del principio de oportunidad, en la modalidad de renuncia de la acción penal”.

Es decir que el hecho de imputar cargos no implica que el proceso llegará siquiera a la etapa de juicio.

Lo que llama la atención, sin embargo, es que una entidad judicial le comunicara a la opinión pública de una investigación en el contexto de un procedimiento médico.

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Incluso, según un fallo emitido en 2020, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a favor de la artista, la Fiscalía divulgó a periodistas, el 11 de septiembre de 2015, a través de un grupo de WhatsApp, su decisión de investigarla penalmente.

Vale la pena anotar que cualquier dato contenido en la historia clínica de una persona, según el artículo 1 de la Ley 80 de 1989, “puede ser conocido por terceros, previa autorización del paciente“.

En ese contexto, el fallo de 2020 ya había decidido, a favor de Sabino, que, “como consecuencia del escarnio público al que fue sometida, derivado de las filtraciones ilegales de su investigación penal, efectuadas por la Fiscalía General de la Nación, y aunado a la afectación emocional que se produjo en ella y su núcleo familiar, vio frustrada su participación en proyectos televisivos, actorales y de campañas publicitarias, cuya contratación era inminente y que le significaron pérdidas por un valor anual aproximado de ciento cincuenta millones de pesos“.

Así las cosas, el error más grave de la entidad fue revelar información confidencial del historial médico de Sabino. Ello, en efecto, la sometió al escarnio público de los medios de comunicación, que replicaron lo difundido por el ente acusador, y, en consecuencia, los incontables señalamientos en las redes sociales.

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