Estas son las serias denuncias por las que el fútbol colombiano sería considerado un cartel

La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra 16 clubes colombianos y la Dimayor por impedir la libre competencia en el mercado de jugadores. El proceso podría llegar a millonarias sanciones como las del cartel del papel o del cemento.

Mientras la liga colombiana llega a su fase final, los clubes de fútbol profesional se juegan otro partido ante las autoridades. Más específicamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que formuló pliegos de cargos contra la Dimayor y 16 equipos profesionales por, presuntamente, ponerse de acuerdo para impedir “la transacción de los derechos deportivos de al menos 16 jugadores entre el año 2018 y lo corrido del 2021”.

Entre los clubes investigados están Unión Magdalena, Boyacá Chicó, Deportes Tolima, Once Caldas, Deportes Quindío, La Equidad y Fortaleza.

La decisión de la SIC responde a una queja radicada el pasado 23 de abril por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), en la que no solo señala a los clubes, sino también a la Dimayor y a la Federación Colombiana de Fútbol. La razón: Acolfutpro cree que todas ejercerían, de forma conjunta, prácticas anticompetitivas en el mercado de los futbolistas para frenar el libre mercado de jugadores y de clubes, contrarias a la ley comercial.

En contexto: ¿El cartel del fútbol?: vetos y listas negras en el mercado colombiano

Al respecto, el superintendente de Industria, Andrés Bernardo Barreto González, en entrevista con Noticias Caracol, explicó que esa posible violación tiene que ver con el negocio de los pases de los jugadores y con las listas negras que se estarían armando, donde se encuentran los futbolistas que reclaman sus derechos.

En efecto, la SIC identificó mensajes de los clubes investigados en los que se habla de “un listado de jugadores vetados con los que se restringe la negociación de sus derechos deportivos, en lo que constituiría un acuerdo anticompetitivo entre los clubes por la adquisición de estos derechos”.

Diario Criterio supo que la SIC lleva semanas recaudando información de la Dimayor, la Federación y de varios clubes. Por ahora, la Superintendencia no ha formulado pliegos contra la Fedefútbol, pero no se descarta que lo haga en el futuro.

En todo caso, la decisión de investigar a la Dimayor y los 16 equipos es importante porque proviene de la misma entidad que ha sancionado a los llamados carteles de pañales y de cemento debido a que las empresas se pusieron de acuerdo para acordar precios. 

Por otro lado, Diario Criterio tuvo acceso a la denuncia de Acolfutpro, interpuesta por el abogado Jairo Rubio Escobar, un hombre bastante experimentado en el tema de la competencia y quien fue superintendente entre 2003 y 2007. Estos son los principales argumentos de los futbolistas, que podrían poner a los clubes en ascuas: 

El estatuto del jugador bajo la mira 

En la denuncia, Rubio Escobar explica que, en su concepto, los clubes, la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol infringieron lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, que estipula que “quedan prohibidos (..) toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios inequitativos”.

Según ellos, lo hacen porque los estatutos de la federación y de la Dimayor, el Estatuto del Jugador o el Código Único Disciplinario vulneran los derechos fundamentales de los futbolistas, de los propios clubes y quienes participan en la actividad del fútbol, como por ejemplo el derecho de protesta, al acceso a la justicia y facultar a particulares, a través de sus comités, para que actúen con funciones jurisdiccionales. Un caso reciente fue la disputa entre Atlético Nacional y Cortuluá, en el que se sancionó a varios jugadores y al propio club por haber interpuesto una tutela.

Uno de los artículos demandados es el 23 del Estatuto del Jugador, que especifica que todo jugador debe tener un contrato de trabajo con el club al que pertenece, que obliga a los clubes a registrar sus contratos mediante un formato en la federación y que regula algunas condiciones de dicho contrato.

Por ejemplo, en el artículo quinto del Estatuto del Jugador se establece que al estar inscritos en la federación, el jugador “se obliga” a aceptar los reglamentos de la Fifa, la Conmebol y la Federación Colombiana de Fútbol. Es más, según la denuncia, a los futbolistas les toca firmar un documento en el ratifican que conocen esos reglamentos. 

Le puede interesar: El poder ‘intocable’ del fútbol colombiano

Para Acolfutpro, los reglamentos “implican un acuerdo escrito entre los clubes profesionales del fútbol colombiano, promovido por Colfutbol, respecto de las condiciones de trabajo”, lo que sería una práctica anticompetitiva

La cesión de derechos de imagen 

Otro tema por el que Acolfutpro dice que hay cartelización es el de los derechos de imagen de los futbolistas. Un ejemplo de cómo la Dimayor termina pactando algunas condiciones de los contratos de trabajo con los equipos, a pesar de que la entidad dice claramente en sus estatutos que “la Dimayor no podrá intervenir en los asuntos laborales de los clubes profesionales”.

La denuncia cita el numeral 11 del artículo 5 de esos mismos estatutos, que dice: “En el desempeño de sus funciones, la Dimayor tendrá derecho sobre el uso y la explotación comercial de los derechos de imagen colectivos de los jugadores cuando, actuando como miembros de un club profesional afiliado, participen en una competencia oficial y/o cuando vistan la indumentaria oficial del club”.

Para la Acolfutpro, y su apoderado Rubio Escobar, esa norma, acordada por todos los clubes que hacen parte de la Dimayor, implica que los jugadores no pueden negociar con cada club sobre el uso y la explotación comercial de sus derechos de imagen. Es más, se ven obligados a aceptar esa condición para ser contratados. 

Las listas negras

La parte gruesa de la denuncia tiene que ver con las llamadas ‘listas negras’, en la que los clubes supuestamente incluyen a algunos jugadores, especialmente cuando renuncian de forma unilateral por incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato, para que ningún otro equipo los contrate, así su renuncia sea completamente legal. 

“Para la elaboración de estas listas negras los presidentes de los clubes envían una comunicación a los demás presidentes informando la circunstancia que, en virtud del acuerdo previo celebrado entre los clubes, impiden que cualquier club profesional contrate a un jugador”, dice el documento. 

Le puede interesar: A los hinchas que se los lleve el diablo

Adjunto a la denuncia hay pruebas y documentos sobre algunos de los casos más sonados de vetos a futbolistas. Está incluida, por ejemplo, una carta del 9 de diciembre de 2019 de José Augusto Cadena, presidente del Cúcuta Deportivo, en la que les pide a los demás clubes que no negocien ni contraten a Luis Fernando Miranda y Harrison Mancilla Mulato.

Según Cadena, “pasaron la carta de renuncia desconociendo que jurídicamente no tenían derecho a pasarla, ya que el club está cumpliendo todas las obligaciones laborales y contractuales con ellos”. Pero la Acolfutpro dice que esto no es así y que les debían varios pagos mensuales. 

En el documento hay otros dos casos similares: el de Nelino José Tapia con el Boyacá Chicó y el de los jugadores Hernán Luna Gómez y Jermein Peña Maiguel con el Unión Magdalena. Este último caso es muy sonado, porque ambos no pudieron continuar su carrera en Colombia y tuvieron que buscar trabajo en el exterior. 

Reglamentos y acuerdos

Por último, Acolfutpro muestra que en el artículo tercero del Código Único Disciplinario se obliga a los futbolistas a “someter sus diferencias y toda controversia de orden disciplinario y relacionada con materias de libre disposición en términos legales a la decisión de los órganos disciplinarios deportivos y  acatar y cumplir sus decisiones, so pena de las sanciones establecidos en el mismo”.

Puede leer de Alejandro Pino Calad: Los imanes del fútbol

Una regla que, según la denuncia, no les permite a los futbolistas acceder a la justicia ordinaria o a los tribunales de arbitramento para llevar desacuerdos no laborales, como el uso indebido de sus derechos de imagen. Si incumplen, podrían recibir sanciones. 

Ahora, los clubes y la Dimayor tendrán que demostrarle a la entidad lo contrario y también si vetar la contratación de jugadores (por controversias contractuales) es una práctica de cartel. 

El anuncio de la Superintendencia, sin dudas, pone en aprietos a los equipos profesionales, a la Dimayor y a la federación. El partido apenas comienza.