Las contradicciones entre la Fiscalía y la Corte por caso Uribe

El fiscal Gabriel Jaimes ahora pide investigar a Juan Guillermo Monsalve, el principal testigo que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia para iniciar el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe.

Jaimes, fiscal coordinador delegado ante la Corte Suprema, pidió precluir la investigación contra al expresidente Álvaro Uribe Vélez porque, según él, no hay pruebas que lo vinculen con el intento de sobornar al testigo Juan Guillermo Monsalve para que declarara a su favor en un caso relacionado con paramilitarismo.

“Agotadas todas las posibles actividades investigativas, no hay demostración alguna sobre la entrega de dádivas o beneficios a Monsalve para que faltara a la verdad en una nueva declaración a fin de ser utilizada judicialmente”, dijo.

El fiscal solo explicó el primero de los seis puntos en los que estructuró su solicitud. Para el resto, Jaimes aseguró que enviará un resumen ejecutivo por escrito al despacho de la jueza.

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Uribe, de la Corte Suprema a la Fiscalía

Este caso se remonta a abril de 2012, cuando Iván Cepeda, entonces representante a la Cámara, reveló un video en el que Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar preso, señalaba al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su hermano Santiago de estar relacionados con la creación del Bloque Metro de las autodefensas. Unos años después, en 2014, tras el famoso debate contra Uribe en el Senado, el exmandatario denunció a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia. Uribe Vélez señalaba a Iván Cepeda de haber manipulado testigos para que declararan en su contra. El alto tribunal investigó el caso y descubrió que, presuntamente, la manipulación se había dado, al contrario, principalmente para enlodar a Iván Cepeda.

Así pues, la Corte Suprema de Justicia, en 2018, absolvió a Cepeda, lo reconoció como víctima dentro del proceso y abrió investigación contra el expresidente y el representante Álvaro Hernán Prada.

Dos años después, el 4 agosto de 2020, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención del expresidente y entonces senador Álvaro Uribe Vélez por ser “presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”.

El alto tribunal, en ese momento, aseguró que contaba con “pruebas testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos, grabaciones e interceptaciones telefónicas” que justificaban su decisión.

Uribe Vélez renunció al Senado pocos días después. Esto hizo que la investigación diera un vuelco, pues su defensa pidió trasladar el caso a la Fiscalía General, lo que se hizo efectivo a principios de septiembre de 2020. También se hizo efectiva la designación de Gabriel Jaimes como fiscal encargado de la investigación. Uribe Vélez, por su parte, recuperó la libertad en octubre de ese mismo año.

La llegada de Jaimes al caso generó fuertes críticas. El funcionario es cercano al exprocurador Alejandro Ordóñez (actual embajador de Colombia en la OEA) y subalterno de Francisco Barbosa, fiscal general de la nación. Barbosa, a su turno, ha sido amigo del presidente Iván Duque, quien llegó a la presidencia, en parte, gracias al apoyo de Uribe Vélez. Así que, para muchos, esto no daba garantías de que el caso avanzara con claridad y sin impunidad. Ahora bien, otras voces advierten que, pese a estas cercanías o relaciones, la separación de poderes y autonomía, en especial de la rama judicial, terminará por imponerse.

En marzo de este año, como ya muchos lo advertían, Jaimes solicitó una audiencia para pedir la preclusión de la investigación contra Uribe Vélez. El comunicado con el que la Fiscalía anunció la decisión del fiscal mostraba diferencias con la Corte Suprema: “(…) las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe” (sic).

Y esta semana, cuando por fin se pudo desarrollar la audiencia, Jaimes pidió investigar a Juan Guillermo Monsalve y a Deyanira Gómez, exesposa de Monsalve, reconocida por la Corte Suprema de Justicia como víctima provisional dentro del proceso.

Las grandes incógnitas de este proceso son: ¿por que la decisión de la Corte es diametralmente opuesta a la de la Fiscalía? ¿Quién está equivocada, la Corte o la Fiscalía? ¿Esas equivocaciones son intencionales o se deben a dos formas distintas de investigar o a las omisiones, premeditadas o no, de ambas instituciones?

Aunque no hay una respuesta definitiva a estos interrogantes, sí se puede dar alguna luz sobre las contradicciones entre la Corte y la Fiscalía si se revisan los puntos más neurálgicos del caso político y judicial más importante de las últimas décadas en el país. En estos, se muestra cómo la Fiscalía argumenta de manera contraria a la Corte.

El reloj de Monsalve

El 22 de febrero de 2018, Juan Guillermo Monsalve grabó con un reloj la reunión que sostuvo con su compañero de patio en la cárcel La Picota Enrique Pardo Hasche, su entonces abogado Héctor Romero y Diego Cadena.

En el auto de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la detención domiciliaria de Uribe, se determinó que el video grabado fue clave para abrir la investigación contra el expresidente.

Héctor Romero fue quien ingresó el reloj a la cárcel. Una vez queda grabado el encuentro, Deyanira Gómez, esposa de Monsalve, entregó el video como prueba cuatro días después a la Corte Suprema de Justicia.

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Para el alto tribunal, sí hubo ofrecimientos de Cadena al testigo Monsalve para que se retractara de sus declaraciones contra Uribe por presuntos nexos con paramilitares. Incluso, hay apartes del video en los que Pardo Hasche le dice a Monsalve que se pase “al lado del presidente” porque le “van a meter gente importante”.

Sin embargo, según el fiscal Jaimes, la grabación que se hizo con ese reloj fue entregada cuatro días después por Deyanira Gómez a la Corte Suprema en otro dispositivo: una USB cuyo contenido supuestamente estaba editado.

“La grabación es auténtica en su origen y en su contenido, pero, al ser recortada, no es plenamente genuina y solo refleja parcialmente lo que ocurrió. Podemos afirmar, además válidamente, que tal recorte de la grabación obedeció a que su contenido no correspondía a los propósitos demostrativos de quienes lo hicieron, que son las mismas personas que allegaron esos documentos a la investigación que llevaba la sala por manipulación de testigos”, dijo Jaimes.

“Lo salvado de la grabación, es decir, lo entregado a la Sala de Instrucción de la Corte, no resulta incriminatorio, sino que, por el contrario, como lo hemos visto anteriormente, se terminó entregando ante la Corte un elemento probatorio sustancial que sirve para dilucidar de manera definitiva lo sucedido de manera exonerativa (…)”, añadió.

Por esa razón, según el fiscal, Monsalve y su exesposa alteraron evidencias e intentaron engañar a la Corte Suprema de Justicia: “Este servidor compulsará copias para que se les investigue por los delitos de fraude procesal y ocultamiento y alteración de pruebas”.

Los contactos de Monsalve a Cadena

Jaimes dijo que el abogado Diego Cadena no fue quien buscó a Monsalve, sino que fue al revés. Para el fiscal, esto se demuestra con los videos de las cámaras de seguridad de la cárcel La Picota, solicitados por la Corte Suprema a este centro penitenciario, los registros de ingresos y los testimonios de al menos siete testigos.

Jaimes citó unas declaraciones de Pardo Hasche que lo demostrarían. Enrique Pardo Hasche, según el fiscal, manifestó que el 31 de diciembre de 2017 habló con su cuñado, Ricardo Williamson, sobre que Monsalve quería retractarse de los señalamientos contra el expresidente Uribe. Para Jaimes, que la reunión con Cadena se haya concretado el 22 de febrero de 2018, casi dos meses después, demuestra que los contactos se hicieron desde “dentro de la cárcel La Picota (…) y no a la inversa, como equivocadamente y ligeramente se ha planteado”. Y por eso concluye que la búsqueda no se originó desde el círculo del expresidente, como explica La Silla Vacía.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, en su momento, aseguró que la diferencia entre las fechas se debía a un error de Diego Cadena, que no hizo la reunión de inmediato sino que se demoró dos meses. Conclusión hecha a partir de un audio de Pardo Hasche en el que señala esa equivocación. Además, como lo afirma La Silla Vacía, la reunión ocurre porque Uribe tenía “urgencia de presentar el recurso contra la decisión de la Corte de investigarlo a él y no a Cepeda por manipulación de testigos”.

Dos abogados de Uribe al mismo tiempo

Para la Corte Suprema no fue una mera coincidencia que los abogados Jaime Lombana y Diego Cadena se encontraran a la misma hora en la cárcel La Picota de Bogotá el 22 de febrero de 2018, día en que Cadena se reunió con Monsalve.

Para el alto tribunal, Lombana y Cadena se contradicen al decir que no se conocían. Lombana asegura que solo supo de Cadena cuando salió la noticia por cuenta de la columna de Daniel Coronell, pero el abogado Diego Cadena quedó grabado diciéndole a Monsalve que sí conocía a Lombana y que ese día de la reunión se saludaron a la entrada de la prisión.  

Sin embargo, según Jaimes, quedó probado que Lombana no tiene nada que ver porque fue a la cárcel a hacerle un favor a Enrique Pardo, y cuando salió llamó su suegra para decirle que le habían tendido una trampa.

Las retractaciones ya elaboradas de Cadena que omitió la Fiscalía

En abril de 2018 Deyanira Gómez radicó en la Corte Suprema de Justicia una carta de retractación firmada por Juan Guillermo Monsalve, en la que él decía estar arrepentido de las declaraciones que había hecho contra el expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago. Sin embargo, después se supo que Monsalve había dicho que la carta se hizo bajo presión de Cadena y Pardo Hasche, “quienes fueron enviados por el presidente Álvaro Uribe”, según el testigo.

Monsalve, en su momento, aseguró que Cadena le había pedido firmar una retractación que ya tenía lista a cambio de ayudarlo a entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de asistencia jurídica. Esto, al parecer, quedó grabado en video.

Sin embargo, el fiscal Gabriel Jaimes sostiene que en las grabaciones de video de la cárcel no se observa que el abogado Diego Cadena haya mostrado la retractación a Monsalve o que le haya ofrecido beneficios. En contraste, para la Corte Suprema quedó establecido que hay varios momentos en que el abogado Cadena sí le ofreció dádivas al testigo.

Uribe y las actuaciones de Cadena

En al menos siete interceptaciones de llamadas citadas en el auto de la Corte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez habla con el abogado Diego Cadena sobre el interés de la retractación de Monsalve.

Sin embargo, para el fiscal Gabriel Jaimes esas llamadas solo reflejan que el expresidente Uribe recalcó siempre transparencia y legalidad.

(…) de las múltiples conversaciones telefónicas al doctor Álvaro Uribe Vélez, al doctor Diego Cadena y a otras personas, entre ellos, siempre hubo un afianzamiento de las ideas de verdad, de las ideas del apegamiento jurídico, de las ideas de ausencias de beneficios o de dádivas en particular”, dijo Jaimes.

Lo que viene

La audiencia se retomará el próximo 3 de agosto y será el turno para las víctimas, quienes se opondrán a que el caso sea precluido. La jueza prohibió a las partes procesales pronunciarse sobre este caso en medios de comunicación hasta que se resuelva.