Campesinos del Catatumbo piden cumplimiento de los acuerdos antes de erradicación manual

Campesinos del Catatumbo, en Norte de Santander, reclaman cumplimiento de los acuerdos en el punto que buscan un tratamiento diferente a la lucha contra las drogas. Para ellos, antes que la erradicación manual de cultivos ilícitos, debe haber garantías con proyectos productivos reales.

Las acciones contra los cultivos ilícitos en el país, y en regiones como el Catatumbo, son uno de los asuntos que más requiere de atención por parte de los gobiernos de turno. Se ha convertido en la ruta con la que consideran pueden menguar la avanzada del narcotráfico y por ello una buena parte de los esfuerzos apuntan a tareas que permitan eliminarlos.

La erradicación manual es justamente una de esas tareas. La misma se centra en arrancar las plantas de coca para posteriormente destruirlas. Una tarea que parecería fácil, sin embargo, viene levantando ampolla entre las comunidades campesinas que son las que, según dicen, se ven afectadas directamente con estas acciones.

El pasado 28 de octubre, 180 soldados que se encontraban adelantando labores de erradicación manual de cultivos ilícitos fueron retenidos por campesinados en Tibú. El tema llegó a niveles de tensión, hasta el punto en que desde el mismo Gobierno nacional se refirieron al caso como un “secuestro”. Afirmación que rechazaron asociaciones campesinas.

El episodio reavivó una vez más la discusión sobre la erradicación manual que en múltiples ocasiones ha enfrentado a campesinos con fuerza pública. Este tipo de episodios se han vivido en Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander. En estos son lesionados los campesino o militares y, en ocasiones, la comunidad retiene a los soldados hasta que una comisión llega a mediar por ellos.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reveló en su informe anual, en julio pasado, que en 2019 se erradicaron manualmente 94.606 hectáreas y en 2020 hubo un aumento al erradicar 130.147 hectáreas.

Más allá de la cifra, Juan Carlos Quintero Sierra, miembro de la Junta directiva de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) considera que es una práctica adoptada por el gobierno de Iván Duque en su intención de “seguir saboteando el acuerdo de paz”.

A la espera de los PNIS

Justamente, en el acuerdo de paz entre Gobierno nacional y las Farc, el punto cuatro invita a un tratamiento distinto para enfrentarse al problema de los cultivos de uso ilícito y a la criminalidad alrededor de este. Pero, para Ascamcat, esto se quedó estacando.

En la región del Catatumbo, “hay cerca de cinco mil familias que suscribieron acuerdos de sustitución de cultivos y el actual gobierno no ha cumplido con estos”, comenta Quintero Sierra. Por ello el reclamo de los campesinos y a la oposición ante la erradicación manual forzosa.

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Un reclamo que hace el líder campesino se articula al incumplimiento que se ha dado en la vía trazada con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Mientras que el Gobierno nacional informó que a diciembre de 2020 este programa había vinculado a 99.097 familias en 14 departamentos, para Quintero Sierra aún faltan mayores esfuerzos y compromiso por parte del ejecutivo.

Dicen que se han invertido millones de pesos, pero cada año son más las hectáreas de coca, como nunca las hemos visto antes”, comentó.

La problemática Norte de Santander

Norte de Santander es uno de los departamentos con mayor afectación de cultivos ilícitos. La más afectada es la región del Catatumbo, que agrupa 11 municipios, entre estos el Tibú, que sobresale como el municipio con mayor concentración de cultivos ilegales.

El informe de UNODC reveló que durante 2020 Tibú tenía 19.334 hectáreas se cultivos ilícitos, lo que representa el 13 % del total nacional.

A este dato se le suma que entre los 10 municipios más afectados por cultivos ilícitos en el país están, además de Tibú, otras tres localidades nortesantandereanas. Se encuentran en el listado: Sardinata, El Tarra y Teorama.

Para Quiceno Sierra no hay otra alternativa que cumplir el acuerdo, “lo que hace falta es la voluntad política”.

El Gobierno nacional celebró, en julio, que durante 2020 se logró la erradicación manual de 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos en todo el país. Casi la misma cantidad de hectáreas sembradas al 31 de diciembre de 2020: 143.000.

Tutelas

Varias asociaciones campesinas del país, instauraron tres acciones de tutela con el ánimo de frenar la erradicación manual, que busca una solución diferente a la atención de cultivos ilícitos.

En las próximas semanas se conocerá la respuesta de este recurso al que los campesinos se acogieron para que haya un diálogo más cercano con el gobierno y soluciones reales. “Las tutelas buscan que la erradicación manual solo sea una medida excepcional, es decir, como el último recurso”, apunta Quiceno Sierra.

El líder destaca que la gente en la región ha demostrado su voluntad de erradicar dando pasos concretos, “no solo firmando documentos, sino también arrancando la coca”, pero el nivel de desconfianza en el gobierno se acrecienta “porque no nos han cumplido con lo firmado en el acuerdo ni con los PNIS”.

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Para entender la situación que se vive en esta región en relación con los cultivos ilícitos, es necesario pensar en que aún hay presencia permanente de actores armados ilegales. Se cuentan ELN, disidencias de las Farc (Gaor33), Clan del Golfo, Los Pelusos (disidencias del EPL), cuestión que deja un coctel de disputas territoriales por la apropiación de toda la cadena de producción y distribución de coca, entre ellas los cultivos ilícitos.

Desde la comunidad se hace un llamado a cumplir acuerdos que les permitan a los campesinos avanzar con proyectos productivos donde los cultivos ilegales no tengan cabida. Es el pedido de una población que ha tenido que enfrentar un conflicto armado que, en palabras del miembro de Ascamcat, aún no termina en la región, “pues aún siguen haciendo presencia los actores armados y hay una fuerte presencia de fuerza pública”.

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