Catatumbo, donde la paz y la guerra antidrogas perdieron

Firmantes de paz en esta región de Catatumbo (Norte de Santander) se esfuerzan por no volver a las armas y a la coca, pero ningún otro cultivo es tan rentable como el prohibido.

Cuando depuso los fusiles, Éibar Andrade pensó que jamás volvería a la ilegalidad, pero, una vez más, está en la sombra.

El joven excombatiente ahora deshoja a mano los arbustos de coca en la región colombiana donde la lucha antidrogas fracasó y las promesas de paz del Estado se hundieron.

Hace cinco años, Andrade (24) abandonó las filas de las Farc. Tras el acuerdo de paz con la entonces guerrilla, pensó que podría dedicarse a la agricultura, en Catatumbo, en la frontera con Venezuela, donde se concentra la mayor cantidad de narcocultivos del mundo (40.084 hectáreas en 2020, según la Organización de Naciones Unidad, ONU).

Como muchos de los 13.000 excombatientes, se sintió engañado. El dinero que debía recibir como parte de los compromisos oficiales nunca llegó, reniega el hombre alto y de voz gruesa.

Guerrillero desde los 10 años, Andrade terminó metido entre los cultivos ilegales que relumbran bajo el sol intenso, para sobrevivir junto con su pareja, de su misma edad, y su pequeña de tres.

“Los presidentes que hemos tenido no nos han dado todavía ninguna ayuda”, reclama, mientras desnuda los arbustos, cuyas hojas se convierten en la pasta base de la cocaína.

Puede interesarle: Emisoras de paz, la voz de los colombianos en las zonas afectadas por el conflicto

Varios desmovilizados ya volvieron a las armas con los grupos disidentes del acuerdo que, junto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) —la última guerrilla reconocida del país—, operan en esta zona, donde la propaganda subversiva advierte de su dominio.

Otros, al menos 330, según conteos independientes, han sido asesinados en un desangramiento que el nuevo presidente, Gustavo Petro, promete detener, mientras denuncia el fracaso del combate antidrogas que, en cuatro décadas, deja decenas de miles de muertos, entre policías, militares, jueces, periodistas, campesinos y pistoleros asalariados.

El primer gobernante de izquierda no quiere más campesinos cocaleros encarcelados. En el país que produce la mayor parte de la cocaína consumida en Estados Unidos y Europa, los recolectores son el eslabón más débil de la cadena.

“Que Petro nos ayude (…) para ver qué nosotros podemos cambiar, porque si no nos ayuda con nada, pues, seguimos nosotros con estas cosas, y esto es un delito muy grande”, sostiene Andrade.

Puede interesarle: La rápida destrucción de las selvas, otra consecuencia de no implementar la paz

Otros tres exguerrilleros trabajan a diario junto a él, en una finca de seis hectáreas. Plantaciones escasas de café, cacao y plátano se mezclan entre la coca, pero ningún otro cultivo es tan rentable como el prohibido. Por cada kilogramo de pasta los guerrilleros pagan unos 400 dólares y, luego, la revenden a los narcotraficantes.

Aunque el acuerdo de paz con las Farc pretendió acabar con el negocio de la droga, combustible de la violencia, el número de hectáreas sembradas en Colombia es similar (142.783) al de 2016 (146.139), según el último recuento de la ONU.

Petro planteó a los países usuarios, especialmente a Estados Unidos, centrarse en la prevención del consumo. En su primera visita a Catatumbo, el viernes 26 de agosto, se abrió al diálogo con los cocaleros para pactar su tránsito hacia una economía legal.

El mandatario, quien en su juventud militó en una guerrilla urbana que firmó la paz, promete una reforma rural para potenciar la producción de alimentos y dar beneficios económicos a quienes dejen la siembra ilícita.

Apostarle a la paz y “no volver” a las armas

Años atrás, Carlos Abril (25), que desde los 13 años perteneció a las Farc, escuchó promesas similares. Hoy se esfuerza para “no volver” a las armas.

“Entramos al proceso con esa alegría, con esa iniciativa de que íbamos a ver una Colombia nueva, en paz (…) pero pues el tema de la coca nos hace volver a nosotros (a la ilegalidad), por la necesidad”, señala.

Puede leer: Así se estarían robando los dineros de la Paz

En una caseta de madera y con los cultivos de fondo, una docena de líderes campesinos y cocaleros se alinean frente al nuevo Gobierno. Varios están amenazados y se mueven con escolta oficial.

Para Elizabeth Pabón, dirigente de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), es el “momento perfecto” para renunciar a la coca.

“Vemos con gran expectativa las palabras del señor presidente Petro donde dice que no va a haber erradicación forzada ni fumigación (con químicos), sino que va a ser algo concertado con las comunidades (…) Es de alivio”, señala en nombre de 6.000 campesinos.

Una decena de banderas con las siglas del Ejército de Liberación Nacional, sobre franjas de negro y rojo, adornan el camino que lleva hasta los sembradíos, junto a fotografías del comandante guerrillero Antonio García y la cúpula del ELN, que está a punto de reiniciar diálogos de paz con Petro.

El desarme de los rebeldes, coinciden los cocaleros, contribuiría a abandonar la producción de coca para dar paso a la venta de alimentos a “precios justos”.

“Estamos dispuestos a sustituir (…) con un gobierno que vemos que es más fácil el diálogo”, comentó Wilder Mora, dirigente del movimiento campesino de cultivadores de coca, amapola y marihuana (Coccam).

Desde los años noventa, los cocaleros se han movilizado para reclamar “inversión social”. Si Petro no cumple, señala Pabón, “nos tocará seguir haciéndole marchas. (…) Lo poco que hemos tenido lo hemos logrado a través de las marchas”.

Siga con: Gobierno de Petro sí buscará el diálogo con el ELN y el sometimiento de bandas criminales