Cathy Juvinao pone la reforma a la salud contra las cuerdas

Según fuentes del Congreso, Cathy Juvinao pasó por el puesto de cada uno de sus colegas con el fin de que no hubiera quórum en la votación. DIARIO CRITERIO consultó con una fuente que participó en el trámite de la reforma las inquietudes expresadas por la parlamentaria.

Tras la aprobación en el primer debate en la Comisión Séptima del proyecto de reforma a la salud presentado por el Gobierno, el pasado 23 de mayo, la representante a la Cámara por Bogotá Cathy Juvinao publicó en su cuenta de Twitter un comunicado de prensa en el cual advierte sobre los posibles riesgos de corrupción que le significaría al sector, un día antes de que se llevara a cabo la última plenaria en el Senado sobre la reforma a la salud adelantada por el Gobierno de Gustavo Petro.

Aunque el texto del proyecto tuvo algunos cambios y varios artículos fueron eliminados durante su discusión, el presidente Gustavo Petro celebró en su cuenta de Twitter esta primera victoria:

“Ha sido aprobada la reforma a la salud en la Comisión Séptima (del Senado). Arduo trabajo, profundo debate. Mucho más profundo que cuando se aprobó la Ley 100. Felicito el trabajo de los y las congresistas”.

En ese sentido, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también expresó: “Con esta decisión se van a salvar vidas en lugares donde la salud era una expectativa y no un derecho. Se va a construir un cuerpo normativo, que nosotros tenemos la responsabilidad de convertir en una realidad”.

Sin embargo, producto de la discusión en la Comisión que trata temas de corrupción, la representante Cathy Juvinao señaló su preocupación ante la probabilidad de que la reforma al sistema de salud favorezca la malversación de los recursos, en ausencia, describe, del control de entidades fiscalizadoras:

Juvinao señala que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) no tiene la capacidad de cumplir su función actual (recoger los dineros públicos destinados a la salud) junto con la actual de las EPS, es decir, contratar centros médicos y de ayudas diagnósticas; clínicas y hospitales para la atención de los pacientes.

En contraste a dichas inquietudes, una fuente cercana al Ministerio de Salud y que participó en el trámite de la reforma presentada por el Gobierno le comentó a DIARIO CRITERIO: “La Adres hoy hace el giro directo, en un 10 % para el régimen contributivo y 70 % al régimen subsidiado. Obviamente la Adres hoy no tiene la capacidad, porque nunca ha sido preparada para ser un pagador (…), por eso la reforma da un plazo de dos años“.

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Asesoría de la OMS para la transición

La fuente también señaló que la propuesta del Gobierno para financiar los servicios se basa en el de otros en el mundo, y que la Organización Mundial de la Salud asesorará la transición: “Así funcionan los mejores sistemas de salud (en) el mundo. Ya hay una asesoría con la Organización Mundial de la Salud para hacer eso. Eso es una inversión mínima. La Adres ya tiene mucha tecnología e inclusive en el anexo 3 (de la reforma), donde está la cuantificación (…), cuesta mucho menos de lo que se les paga a las EPS por intermediar“.

Dicho rubro, comenta la fuente, sería de 50.000 millones de pesos al año: “Con eso se podría la Adres estar actualizando. Todo eso está en el ‘Anexo técnico 3’, que nadie ha querido leer. Esto es más de lo mismo: posturas ideológicas. Ellos parten de que el actual sistema no tiene problemas de corrupción y es transparente, y lo que va a generar la corrupción es la reforma. Eso es insostenible“.

En ese sentido, la fuente también expresa que “el actual sistema tiene muchos problemas de corrupción, pero, en el fondo, el sesgo ideológico es una defensa cerrada de las EPS y una postura antirreforma. Eso es ese panel“, en referencia a la mesa técnica que acompañó la Comisión Accidental Anticorrupción y de Integridad Pública mencionada por Juvinao.

¿Panel con “sesgo ideológico”?

El comunicado de la representante a la Cámara resalta que dicha mesa técnica contó con varios expertos en el área de políticas públicas en salud, como Diana Cárdenas, ex viceministra del ramo y exdirectora de la Adres, cargos que desempeñó en el gobierno de Iván Duque; así como Paula Acosta y Carmen Eugenia Dávila, presidentas, respectivamente, de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) y de Gestarsalud, que representan a las promotoras (EPS) en el país.

También hizo presencia la economista egresada de la Universidad de los Andes Tatiana Andia, investigadora en salud pública y doctora en sociología, que ha hecho trabajo académico junto con Alejandro Gaviria, exministro de Salud (Santos) y de Educación (Petro), también gran crítico de la reforma, incluso desde la misma cartera de Educación —como cuota del Partido Liberal—, lo cual muy probablemente le costó el puesto.

Asimismo, estuvieron otros analistas como Andrés Vecino, profesor e investigador en economía y sistemas de salud de la Escuela de Salud Pública Bloomberg (Universidad Johns Hopkins, EE. UU.); Jonathan García, máster en salud pública de la Universidad de Harvard (EE. UU.); Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia; Daniela Cepeda, licenciada en ciencias políticas, económicas y sociales de la Universidad de Sydney (Australia), máster en políticas públicas de la Escuela de Gobierno Hertie (Berlín, Alemania), y miembro del Centro de Recursos Anticurrupción U4.

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“La corrupción viene de todas partes”

La fuente consultada, contrario a la senadora, dice que los mecanismos anticorrupción del sistema actual son pobres.

Según el decreto 1280 de 2002, la fiscalización en el sistema de salud la ejercen actualmente la Supersalud, el Ministerio, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima); el Instituto Nacional de Salud (INS), las entidades territoriales, los Tribunales de Ética Médica y Odontológica; así como los usuarios y las auditorías internas hechas por cada actor del sistema.

De los anteriores, el único organismo con capacidad fiscalizadora y punitiva sobre las EPS es la Superintendencia de Salud.

Se puede argumentar que la preocupación de la senadora Juvinao se basa en lo que considera sería la politización en el manejo de los recursos, lo cual no siempre se previene con las leyes en un país como Colombia. Sin embargo, para la fuente consultada por DIARIO CRITERIO, el sistema actual “tiene muchas limitaciones que la reforma que busca corregir, como la del velo corporativo (página 239). En la actualidad solo puede actuar por autorreporte de las EPS”, así como las denuncias de los usuarios ante la Supersalud o con las tutelas.

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En ese sentido, la fuente cita el tercer punto de la Cumbre social y política por la reforma estructural al sistema de salud, que describe que el proyecto del Gobierno “incluye importantes mecanismos anticorrupción, como un sistema de regulación tarifaria, un sistema público unificado e interoperable de información en salud (Título V); una Superintendencia más robusta (Título VII) y una veeduría ciudadana más empoderada (Título VI)“.

Sin embargo, advierte que el mal manejo de los dineros públicos existe en ambos sectores: “La corrupción viene de todas partes: público, privado, nacional y regional. Por eso la reforma tiene mecanismos anticorrupción para todos“.

Al respecto, la fuente también menciona el Título IV del articulado del Gobierno, llamado Economía de la reforma, régimen de transición y evolución (página 162), que hace referencia a la inversión en aspectos como las camas hospitalarias por número de habitantes, la formalización de funcionarios que ejercen labores permanentes en el sector (acorde a la Ley Estatutaria de 2015) y “fortalecer la Nueva EPS con recursos de capital para que pueda amortiguar los impactos de la población que queda sin protección, a partir de la eventual liquidación de EPS que pueden liberar una población que oscila entre 7,5 y 11,5 millones de personas“.

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El problema de la autonomía médica

Un motivo de descontento recurrente por parte del gremio de la salud, así como de las asociaciones de usuarios y pacientes, es las limitaciones a la autonomía médica que, con la Ley 100, pasó a ser delimitada por los prestadores y entidades promotoras a través de la auditoría de servicios o de barreras administrativas.

En ese sentido, la senadora manifiesta que, si la revisión de cobros se elimina, la sobrefacturación favorecería la corrupción.

Pero, en la actualidad, el sistema de ‘sobreauditoría’ tampoco ha prevenido los sobrecostos facticios, como lo prueban los diferentes ‘carteles’ de la salud, por ejemplo, el de la hemofilia, mencionado por Juvinao, o el de Saludcoop, el de VIH, el de covid, entre otros.

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Sin embargo, la misma Superintendencia de Salud, a través la asesora de comunicaciones Érika Varón, le dijo a DIARIO CRITERIO en agosto del año pasado que las IPS y EPS son entidades “de carácter privado y tienen autonomía administrativa”, al preguntarle sobre las denuncias publicadas por este medio acerca de las limitaciones ejercidas sobre médicos generales y especialistas con el fin de reducir costos.

Sobre este tema, la fuente cercana al Gobierno asegura que “las auditorías no se eliminan. Están que en el artículo 46 de la reforma“, acorde a lo estipulado por la Ley Estatutaria de 2015.

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Otro de los cuestionamientos de la representante Verde es sobre la ruta que los usuarios seguirán para reclamar sus medicamentos, ante lo cual la fuente consultada por este medio respondió que no cambiaría y las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) seguirán ofreciendo los servicios farmacéuticos como lo hacen en la actualidad, pagadas por la Adres.

Riesgos de “politización” y “clientelismo” ya son constitucionales

Al indagar por la cooptación política y el clientelismo que la reforma favorecería en el sistema de salud, a través de mandatarios regionales y locales, según lo expone el documento publicado por la representante y el panel de expertos, la fuente que habló con DIARIO CRITERIO explicó: “Los hospitales públicos tienen tres categorías: los de carácter nacional, departamental y municipal. Eso es de la Constituyente”.

“Nosotros lo que hicimos fue introducir en el proyecto de Ley un concurso público para que, los alcaldes y gobernadores, que son los que manejan los hospitales departamentales y municipales, lo hicieran sobre la base de un listado de gente que ya tuviera una calificación máxima dentro de un examen único nacional”, continúa la fuente consultada.

Asimismo, resalta: “nosotros no podemos cambiar la Constitución en una ley ordinaria —eso lo tumba la Corte (Constitucional)— para cambiar el hecho de que alcaldes y gobernadores, por ser entidades departamentales y municipales, participen en el nombramiento de gerentes de hospitales”.

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“No creo que haya pisado un hospital”

De hecho, la cooptación política en el sector público no es nueva y el mayor ejemplo está en las regiones, donde las entidades sociales del Estado (ESE u hospitales públicos), a pesar de recibir suficientes recursos para operar, cerca del 40 por ciento fue categorizado por el mismo Ministerio de Salud del gobierno de Iván Duque en riesgo financiero medio y alto. Asimismo, como lo señaló en su momento el excontralor general Felipe Córdoba, el 60 por ciento muestra problemas económicos.

En ese contexto, para la fuente, “lo que dice (Andrés) Vecino es completamente tendencioso. No creo que haya pisado un hospital (público) en Colombia“.

“Aunque hubo una importante reducción, no deja de ser preocupante el riesgo financiero de estos centros asistenciales”, le dijo en marzo, a DIARIO CRITERIO, un alto exfuncionario de la Superintendencia de Salud, y agregó que estos, “para su supervivencia, dependen del gobierno de turno y la disposición política de asambleas y concejos municipales que, a pesar de aprobar más recursos para su funcionamiento, los dejan en manos de los gerentes cuyos cargos, a su vez, en gran medida, penden de favores o acuerdos con los mismos mandatarios o políticos”.

Los pulsos de la reforma

Este proyecto insignia del Gobierno ha suscitado intensos debates, incluso desde antes de las presidenciales de 2022.

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Recientemente, tras su primera ponencia en la Cámara, líderes de la coalición de Gobierno incluso amenazaron con retirarles su apoyo a los proyectos del Ejecutivo y declararse independientes o en oposición, como La U y el Conservador, respectivamente.

De hecho, el 25 de abril, el Partido Liberal, en cabeza del expresidente César Gaviria, anunció que los congresistas que “se aparten de las decisiones que se consideren de bancada” serían sancionados.

El líder de la colectividad agregó que los congresistas liberales deben votar negativamente la reforma a la salud, acorde a la directriz de la dirección nacional: “Mantenemos nuestra decisión de votar ‘no’ a la reforma presentada por el Gobierno”, además, “quienes anuncien o promuevan el desconocimiento de tales decisiones” serían sancionados.

Incluso parlamentarios que en un principio se habían mostrado a favor de la reforma, cambiaron su voto en la primera ponencia, como el conservador Gerardo Yepes que, a pesar de que su firma está en el texto, se abstuvo de votar porque su partido decidió rechazar en bancada el proyecto.

Por otro lado, Germán Rozo, del Partido Liberal, en la primera ponencia votó negativamente, pero en el pasado había dicho que el sistema actual “logró fue la creación de barreras de acceso (…) El país está ante una nueva posibilidad de materializar el derecho a la salud, superando las restricciones técnicas, como las que se han establecido en un sistema de salud gerenciado“.

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