En proyecto anticorrupción meten ‘mico’ que le pondría una mordaza a la libertad de expresión

De aprobarse este artículo, denunciar a funcionarios que cometan actos corruptos o a sus familiares se castigaría con multas e incluso con la cárcel, lo que ha sido considerado como un intento de censura. El principal defensor de la iniciativa es el representante César Lorduy, uno de los escuderos de la exministra Karen Abudinen.

En el proyecto de ley anticorrupción, que ya pasó dos debates en la Cámara de Representantes, colaron un ‘mico’ que apuntaría a coartar la libertad de expresión, advierten asociaciones de periodistas, que aseguran que se trata de una jugada para callar medios y otorgarles privilegios a los funcionarios por encima de la misma ciudadanía.

En el polémico artículo se lee: “El que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal”.

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El ponente del proyecto de ley es el representante de Cambio Radical César Lorduy, uno de los fieles escuderos de la casa Char y gran defensor de la exministra de las TIC Karen Abudinen, quien se vio obligada a renunciar por el caso de Centros Poblados y el pago de un anticipo por 70.000 millones de pesos para un contrato con el que se pretendía llevar internet a colegios de zonas apartadas.

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Para las asociaciones de periodistas, el artículo no tiene ninguna relación con el objetivo del proyecto de ley, que es adoptar “medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción”, pues terminaría anulando por completo la posibilidad de denunciar a funcionarios que cometan actos corruptos.

El reclamo de las asociaciones periodísticas

En tal sentido, la Asociación Colombiana de Medios de Comunicación (AMI) y Asomedios solicitaron eliminar el artículo pues lo consideran inconveniente para el ordenamiento jurídico y “para la garantía del ejercicio de la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información de los colombianos”.

Ambas organizaciones advierten que las posibles sanciones por injuria y calumnia aplican para todos los ciudadanos que cometan esos delitos, “sean o no funcionarios”, de modo que no se entiende por crear “un régimen especial o privilegiado” en caso de que las víctimas de esos actos sean funcionarios.

“Por el contrario, esta regulación especial y privilegiada sí representa una amenaza para cualquiera que deba denunciar posibles irregularidades en el ejercicio de tales funciones o para el ejercicio de las mismas, como lo hacen, por ejemplo, los medios de información”, dicen las asociaciones.

Otra preocupación sobre el artículo es que de alguna manera se le brinda un “fuero extraordinario de protección” al funcionario, quien debe asumir que, al estar en un cargo público, será vigilado y criticado constantemente por la ciudadanía y, desde luego, por los medios de comunicación, según lo resalta la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

La propuesta también desconoce otras vías como la rectificación y pone en riesgo la labor informativa, ya que “no todo ataque a la moral o crítica constituye una injuria o una calumnia, la Constitución también protege expresiones que puedan parecer ofensivas o chocantes para los funcionarios públicos”, explica la Flip.

Por su parte, el representante Lorduy defiende el artículo al asegurar que todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia. “Uno de los factores que aumentan la percepción de corrupción es sobre la base de que funcionarios y exfuncionarios pueden ser permanentemente objeto de injuria y calumnia. Tres años después, cuando la persona demuestra que no es así, el denunciante se retracta y ahí queda, pero el daño ya está hecho”, dijo el congresista a La W Radio.

Curiosamente, aunque Lorduy es el ponente del proyecto de ley, no sabe quién fue la persona que redactó el ‘mico’ y lo metió al articulado.

¿Carta abierta para el acoso judicial?

Para la Flip, el artículo avivaría mucho más el acoso judicial, que “se ha convertido en una de las principales estrategias de censura contra los periodistas en Colombia”, con 34 casos registrados en lo que va de 2021.

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En ese punto coinciden Jorge Canahuati, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y Carlos Jornet, de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, quienes manifestaron que este ‘mico’ “servirá de escudo a los funcionarios, permitiéndoles acosar y perseguir judicialmente a periodistas y medios cuya labor es investigar, denunciar e incentivar al poder público para que sea transparente”.

Por eso, Canahuati y Jornet se unen al llamado de la Flip: eliminar el artículo para evitar el acoso judicial y que la prensa pueda seguir cumpliendo su labor.