Mindefensa simuló ataque cibernético para lanzar campaña de ciberpatrullaje: FLIP

En medio de las protestas y movilizaciones sociales que vivió el país en el primer semestre del año, el Ministerio de Defensa habría implementado una cuestionada estrategia de vigilancia y control en redes sociales que, posteriormente, utilizó para atacar a sus críticos. Esta práctica no cuenta con un marco normativo claro y abre una puerta a los perfilamientos y la censura.

En la mañana del pasado 6 de mayo, las cuentas de redes sociales del Ministerio de Defensa y de algunos altos mandos militares amanecieron con una imagen en negro que decía “intento de bloqueo”. En ese momento, se habló de un supuesto ataque cibernético a la institución y muchos dijeron que era obra del grupo de hackers Anonymous.

Sin embargo, poco después se conoció que todo hacía parte de una campaña de las diferentes entidades de la cartera que se conoció como #ColombiaEsMiVerdad. Se trató de una respuesta a las supuestas noticias falsas que se difundieron en medio del paro contra la fuerza pública. “Nos intentan bloquear, pero nosotros seguimos de pie”, decía una de las piezas publicitarias.

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Según la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que investigó los hechos, la campaña se basó en calificar de enemigos a quienes en redes sociales cuestionaban la gestión de la institución. En varias oportunidades, la campaña se refirió a esas críticas como noticias falsas y terrorismo digital.

Para la Flip, lo problemático del tema es que esta estrategia implica acciones de ciberpatrullaje, una actividad que consiste en controlar la información y opiniones de los usuarios de redes sociales. “El Ministerio y las fuerzas militares han estado aplicando el ciberpatrullaje sin ningún marco regulatorio y este ha sido excusa para identificar y perseguir a las personas y medios de comunicación que denuncian o son críticos sobre su accionar”, señaló la fundación.

La Flip cuestiona la falta de claridad en el manejo de datos sensibles o información personal de los usuarios y su posible traslado como pruebas a procesos penales. Además, señala: “La fuerza pública se ha estado atribuyendo el rol de juez sobre información que debe circular libremente. Los agentes que participan en las acciones dictaminan qué es y qué no es verdad de acuerdo a criterios arbitrarios que, a todas luces, buscan limpiar y blanquear la imagen de las instituciones”.

La falta de claridad sobre la regulación de estas prácticas deja en el aire varios cuestionamientos y preocupaciones, pues para muchos, vigilar y controlar la opinión de los ciudadanos puede terminar en censura, estigmatización y criminalización. Algunos recuerdan que el riesgo aumenta ante los antecedentes del Ejército en los perfilamientos a líderes políticos, sociales y periodistas.

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¿Quién responde por el ciberpatrullaje?

Organizaciones como la Fundación Karisma aseguran que los ciberpatrullajes se han intensificado en los últimos años, pero especialmente en medio del Paro Nacional de 2021, entre los meses de abril y julio. La Flip envió varios derechos de petición a las instituciones involucradas en el tema para tener mayor claridad sobre los responsables de esta estrategia.

Según la investigación, para la campaña se creó un PMU-Ciber conformado por el Centro Cibernético Policial (CCP), el Grupo de Respuesta a emergencias cibernéticas (ColCERT), el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT), el Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares (CCOC) y la Fiscalía.

La tarea de estas entidades, según la Flip, es la identificación y contraste de la información falsa. Sin embargo, información obtenida por Karisma señala que el Ministerio de las TIC y el COLCERT no realizan ciberpatrullaje ni monitoreo de los ciudadanos en internet.

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Sobre el supuesto ataque a las redes del Ministerio, la investigación revela que estuvo a cargo de Alotrópico S.A.S, “una empresa bien conocida por el gobierno de Duque, contratada por casi 900 millones de pesos, para realizar una estrategia de comunicaciones que mejorara la percepción ciudadana sobre el Ministerio de Defensa”.

En cuanto a la campaña #ColombiaEsMiVerdad, la Flip determinó que en las labores de ciberpatrullaje fueron analizados 3.723 vídeos y se abrieron nueve procesos. Según el CCP, la fuente de los videos corresponde a información pública disponible en internet y el método de análisis es la observación.

Estas respuestas nos plantean una serie de cuestionamientos acerca de los impactos en los derechos humanos que no se están teniendo en cuenta al momento de analizar vídeos e información disponible en la red bajo la justificación de que son públicos”, señala la Flip al respecto.

La Flip habla de ciberpatrullaje durante el paro nacional.

Por último, la Flip dice que, aunque las entidades lo negaron, se encontró que el Centro Cibernético adquirió la plataforma WEBINT-OSINT-DEEPWEB, utilizada para “monitorear ‘dinámicamente’ la actividad de redes sociales y de mensajería instantánea que cuentan con links públicos”. Adicionalmente, señala que algunas empresas de telefonía recibieron solicitudes de información, sin especificar, por parte de la Policía y el Ministerio de Defensa.

Para las organizaciones que hacen veeduría sobre el tema, es urgente que las autoridades regulen la práctica del ciberpatrullaje con un enfoque en los derechos humanos, que proteja la libertad de expresión y respete el mandato emitido por la CIDH que prohíbe la repetición de los llamados perfilamientos.    

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