CIDH recomienda no prohibir bloqueos y separar a la Policía del MinDefensa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó el informe sobre la visita de trabajo que hizo a Colombia entre el 8 y el 10 de junio.

Un mes después, la CIDH hizo público un documento de 48 páginas con observaciones y recomendaciones para “contribuir con la consolidación del diálogo como mecanismo para la superación de la conflictividad social”.

En el informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte “la existencia de un clima de polarización que se relaciona de forma directa, tanto con la discriminación estructural étnico racial y de género, como con factores de carácter político“.

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Asimismo, la CIDH llama la atención sobre cómo persisten “lógicas del conflicto armado” para interpretar y responder a la “actual movilización social”. “Al respecto, reitera que los desacuerdos se dan entre personas que hay que proteger y no frente a los enemigos que hay que combatir”, dice el informe.

La disparidad en las cifras

La CIDH también enfatiza en las inconsistencias de cifras que distintas instituciones del Estado han presentado respecto al paro nacional.

“(…) estas inconsistencias pueden generar desconfianza de la ciudadanía en las autoridades. Por esta razón, el Estado debe mantener un registro de información consistente, actualizado y público, con participación de la sociedad civil”, dice el informe.

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“Asimismo, la Comisión recuerda que el derecho de acceso a la información pública impone a los Estados, entre otros, el deber de proporcionar información fidedigna y desagregada”, añade.

La CIDH también se pronunció sobre las denuncias de violencia contra la fuerza pública, y condenó “los altos niveles de violencia registrados en el marco de la protesta social, tanto aquella ocasionada por el uso excesivo de la fuerza por parte de la fuerza pública como la provocada por grupos ajenos a la protesta misma”.

Los bloqueos de vías, según la CIDH

La CIDH dedicó un apartado especial a este punto, llamado cortes de vía. En el informe se reconoce que hay un debate amplio sobre los bloqueos: “(…) no todos los cortes de ruta ocurren de la misma forma o tienen características equivalentes”.

Asimismo, señala los problemas que se han presentado por estos, como “vulneraciones al derecho a la vida, a la salud, a la libertad de locomoción y al trabajo“.

“Adicionalmente, dichos bloqueos habrían afectado a diferentes sectores económicos del país, incluyendo la producción y distribución de alimentos e insumos básicos, el traslado de pacientes e insumos médicos y el abastecimiento de combustible”, dice el documento.

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“La CIDH pudo observar que las consecuencias de ciertos cortes de ruta en Colombia han derivado en un profundo malestar y agotamiento en algunos representantes del Estado, cuerpos policiales y parte de la sociedad. La comisión reconoce que este malestar se origina en serias afectaciones particulares y colectivas; y condena que algunos bloqueos hayan comprometido gravemente derechos como la vida, la provisión de alimentos, la potabilización de agua, la salud, entre otros”.

Que el diálogo prime en los bloqueos

Sin embargo, lejos de plantear la prohibición de los bloqueos, la CIDH explica que muchos de estos no derivaron en afectaciones de derechos, sino que se desarrollaron de forma pacífica, y que en ese sentido no se pueden hacer generalizaciones. Por lo tanto, señala que el Estado no puede desatender “su deber de tolerar cierto grado de perturbación con respecto a esta modalidad de protesta”.

“Para la comisión, el ‘grado de tolerancia’ adecuado no puede definirse en abstracto y por lo tanto corresponde al Estado examinar las circunstancias particulares de cada caso con respecto al alcance de la perturbación admisible a la vida cotidiana”.

Y si hay una gran afectación de modo que vulnere derechos a la vida, al aprovisionamiento de alimentos y la salud, en esos casos “se acentúa el deber del Estado de facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles”.

Las recomendaciones

El informe incluye 40 recomendaciones al Estado colombiano. Entre las más importantes está la de separar a la Policía Nacional y al Esmad del Ministerio de Defensa, de modo que tengan “un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares“.

Derivado de lo anterior recomienda crear “mecanismos de rendición de cuentas” y de formación para que “el Esmad cumpla funciones de garantía del orden público y el ejercicio del derecho a la protesta”. De igual forma, sugiere “limitar su actuación solamente a casos estrictamente necesarios”.

Además, pide “implementar, de manera inmediata, mecanismos para prohibir de forma efectiva el uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones públicas”.

Y, de igual forma, reitera su insistencia en que sea la justicia ordinaria y no la penal militar la que se haga cargo de los casos “relacionados con violaciones a derechos humanos por parte de la fuerza pública”.

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CIDH pide buscar a los desaparecidos

También pide “sistematizar los datos sobre personas fallecidas, heridas, detenidas, desaparecidas y víctimas de violencia de género” durante las protestas, y que esa información sea “transparente, actualizada, clara, concisa y articulada con la información brindada por la sociedad civil”.

Asimismo, recomienda tramitar una ley “que regule los alcances y limitaciones del derecho a la protesta en Colombia, de acuerdo con lo dictado por la Corte Suprema y en conformidad a los estándares internacionales en la materia”.

La CIDH es enfática en pedir la liberación inmediata a las personas detenidas de forma arbitraria durante las protestas y crear una comisión especial para buscar a las que siguen desaparecidas.

El informe completo se consultar en este enlace.

Esta es la presentación completa: