Cientos de masacres y líderes asesinados, balance de Indepaz del gobierno Duque

Según un informe detallado de Indepaz, el gobierno que concluye deja más de 950 líderes sociales asesinados y 313 masacres en Cauca, Antioquia y Nariño, que describe como los departamentos más afectados por los homicidios de defensores de Derechos Humanos y firmantes de paz.

Entre el 7 de agosto de 2018 y el primero de agosto de 2022, el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó 957 homicidios contra líderes y defensores de Derechos Humanos, 261 eran firmantes de paz y 313 masacres que dejaron un total de 1.192 víctimas.

Con estos tres indicadores, Indepaz le pasó factura al gobierno saliente de Iván Duque por el deterioro de la seguridad en las regiones y la falta de voluntad política para la implementación del Acuerdo de Paz. Y es que el informe demuestra que en estos cuatro años la tasa de homicidios en los municipios con Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), los más afectados por la guerra, superó con creces la media nacional.

Por ejemplo, en 2021, mientras a nivel nacional la tasa de homicidios fue del 26,9 por ciento, en las zonas PDET fue del 48,9 por ciento, mientras que en los municipios PNIS –con familias interesadas en sustituir voluntariamente cultivos ilícitos– fue de 58,5 por ciento. Esto, según algunos analistas, refleja un fracaso en la política de drogas y seguridad rural.

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Además de los asesinatos y masacres, Indepaz documentó 220 casos de desaparición forzada, 555 secuestros, 2.366 amenazas y más de 29.000 casos de extorsión. El informe dedica un capítulo especial a la violencia durante las movilizaciones sociales, en las que se reportaron 83 homicidios, de los cuales 44 estarían relacionados con la fuerza pública.

Sobre esa coyuntura también se destacan las 96 víctimas de violencia ocular y las 35 denuncias por violencia sexual en el marco de las protestas. En total, se habla de 1.747 hechos de violencia física y 898 intervenciones violentas de la fuerza pública, especialmente en el paro nacional de 2021. 

Otro de los datos que más llama la atención tiene que ver con los responsables de la violencia. Los investigadores de Indepaz encontraron que un 43 por ciento de los casos el autor es desconocido, lo que influye directamente en el índice de impunidad. 

El Clan del Golfo sería responsable del 17,9 por ciento de los casos, seguido por las disidencias de las Farc (16,2 por ciento), otros grupos paramilitares (11 por ciento), la guerrilla del ELN (10,7 por ciento) y la fuerza pública (0,72 por ciento).

También hay una cifra alarmante sobre los casos de violencia contra personas de la comunidad LGBTIQ+. Los datos, tomados de los informes de la organización Caribe Afirmativo, hablan de 586 homicidios y feminicidios contra esta población entre 2019 y 2021. A esto se suman más de 280 reportes de violencia policial y cerca de 490 amenazas.   

Sobre las cifras de asesinatos de líderes, firmantes de paz y masacres, Indepaz dice que los departamentos más afectados son Cauca (340 hechos), Antioquia (194), Nariño (151), Valle del Cauca (117) y Putumayo (103). En cuanto a municipios, Tumaco fue el más golpeado, con más de 73 reportes. Tan solo en esa población 51 líderes sociales fueron asesinados. 

Una explicación de las cifras de violencia en el gobierno de Duque

Como lo han señalado varias organizaciones y entidades, tanto nacionales como extranjeras, la implementación lenta y deficiente del Acuerdo de Paz tiene un papel clave en esta problemática. Según un informe reciente de 18 congresistas de diferentes partidos, en estos cuatro años faltaron recursos y voluntad política. 

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Para Indepaz, los puntos más críticos frente a la implementación son la Reforma Rural Integral y la política de drogas. “El incumplimiento de los acuerdos ha facilitado la recomposición de grupos armados, de mafias con conexiones en empresas lavadoras de activos y con agentes del Estado”, dice el instituto. 

Uno de los hallazgos de la investigación indica que para el periodo 2018-2021, en el que la tasa de homicidios aumentó drásticamente, se encontró una reducción en la inversión social enfocada en los municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. 

Los investigadores también señalan que la estrategia de seguridad del Gobierno de Duque está relacionada con la falta de protección a las comunidades y líderes sociales. Según ellos, el Ejecutivo se centró en atacar a pequeños productores en zonas de economías ilegales, como a los campesinos que reclamaban una solución digna para dejar de cultivar hoja de coca y otros cultivos ilícitos.

“Con esa lógica de guerra para la consolidación territorial, se les da a organizaciones críticas (campesinas, étnicas, comunales, cívicas), el tratamiento de obstáculos para la estabilización y consolidación territorial. Se promueve ampliamente y de muchas maneras la estigmatización de regiones, comunidades y de los liderazgos en los territorios”, señala Indepaz. 

El instituto también le da responsabilidad al discurso político contra los acuerdos, que se promueve desde el Congreso y algunas entidades del Gobierno. Esta narrativa, según el informe, se ha convertido en un ‘aliciente’ para estigmatizar y aislar a los firmantes de paz, de quienes el 94 por ciento sigue comprometido con el proceso. 

Finalmente, Indepaz realiza una serie de recomendaciones al nuevo Gobierno, retomando pronunciamientos de organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Entre las propuestas está atender los llamados de la Comisión de la Verdad, mejorar el trabajo de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. 

Así mismo, se habla de crear un plan de urgencia de protección y autoprotección del liderazgo social. Esta iniciativa fue presentada al comité de empalme del presidente Petro por más de 15 organizaciones sociales que esperan ver incluidas sus precauciones en las reformas a la fuerza pública y en el llamado “gran diálogo nacional”.

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