El Clan del Golfo acorrala varios departamentos y demuestra su poder más allá de ‘Otoniel’

Comercios y colegios cerrados; medios de comunicación censurados, calles desoladas y varios vehículos quemados hacen parte del saldo preliminar de los primeros días del paro armado ordenado por el Clan del Golfo. Comunidades denuncian que están confinadas y piden presencia del Estado.

Desde el pasado 5 de mayo circulan por varias regiones del país diferentes panfletos en los que se anuncia el inicio de un paro armado que se extendería hasta el próximo martes. Todos aparecen firmados por estructuras que harían parte de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo.

En algunos municipios del Atlántico, los panfletos aparecen firmados por el Bloque Arístides Mesa Páez. “Luego de la captura y extradición de nuestro comandante y jefe Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, hemos decidido tomar acciones”, dice uno de los mensajes.

El grupo armado asegura que ningún local comercial puede estar abierto y prohíbe la circulación y la apertura de colegios y universidades.

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En el Cesar, los panfletos dicen que el paro va hasta el 8 de mayo y aparecen firmados por el Bloque Nelson Darío Hurtado Simanca. “Otoniel, presente siempre”, se lee en uno de ellos. La situación se repite en el sur de Bolívar, Chocó, Córdoba, el Magdalena Medio, la Mojana sucreña, el Urabá antioqueño y chocoano.

Según el Mecanismo de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz, que hace parte de la JEP, entre el 4 y el 8 de mayo se registraron 309 hechos de violencia que afectaron a la población civil de 178 municipios de 11 departamentos. Este organismo reporta 24 homicidio selectivos, 118 casos de destrucción a bienes civiles y 22 ataques a la fuerza pública.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, asegura que uno de los casos más preocupantes es la situación de seguridad en el municipio de Cereté (Córdoba), donde presuntos integrantes del Clan del Golfo asesinaron a una persona que se habría negado a cerrar su local en la plaza de mercado. En ese lugar, hombres armados también hicieron disparos a las afueras de algunos colegios y ordenando suspender clases.

Comunidades y medios de comunicación locales aseguran que la afectación es mayor a la que advierten las autoridades. En Antioquia, hablan de más de 30 vehículos incinerados, entre tractomulas, motos y hasta carros de misión médica. Incluso, en el centro oriente de Medellín se han registrado amenazas contra la población y han aparecido grafitis alusivos al Clan del Golfo y las AGC. 

Las autoridades del departamento dicen que 35 municipios se han visto afectados. En algunos como Peque, Amalfi, Urrao y Belmira, los colegios han cancelado clases, no hay servicio de transporte público, los hospitales sólo atienden urgencias y los locales comerciales permanecen cerrados por temor a que sean destruidos. En Carepa, un policía fue herido, presuntamente, por hombres del Clan del Golfo.

En Riosucio (Chocó), la comunidad denuncia la quema de tres motocicletas y un confinamiento total que no les ha permitido abastecerse de alimentos. En Sucre, especialmente en la subregión de La Mojana, algunas motos fueron incineradas y varias casas fueron pintadas con mensajes del Clan del Golfo. Guaranda es uno de los municipios más afectados de esta zona.

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El paro armado tiene paralizada la ciudad de Montería, donde a esta hora se realiza un consejo de seguridad extraordinario, con la presencia del ministro de Defensa, Diego Molano. En otros municipios como Barrancabermeja la población se mantiene en sus casas por temor y el transporte fluvial se mantiene detenido.

Los medios de comunicación también han resultado afectados. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), integrantes del Clan del Golfo les exigieron a dos emisoras del Bajo Cauca difundir panfletos del grupo, lo que generó temor entre los comunicadores y el cierre de las seis emisoras comunitarias que transmiten en la región.

En Córdoba y el Urabá antioqueño periodistas denuncian amenazas en medio de su trabajo de reportería. En total, serían 15 los medios afectados en apenas dos días de paro armado. “Esta censura directa afecta a la población, que no podrá tener información local mientras persista el paro armado”, dice la Flip al respecto.

Según el ministro Molano, todos estos hechos son provocados por “reductos del Clan de Golfo” que serán neutralizados. “La captura y extradición de ‘Otoniel’ es una victoria del Estado, seguimos a la ofensiva contra el crimen. Las retaliaciones del Clan del Golfo no afectarán a los colombianos, cuentan con su fuerza pública”, dijo Molano.

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El Clan del Golfo no perdió con la detención de alias Otoniel

La ofensiva de este grupo armado comprueba, entre otras cosas, que su estructura delincuencial y capacidad militar no se ha visto afectada por la captura y extradición de alias Otoniel. Por el contrario, según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el Clan de Golfo ha consolidado en los últimos meses su presencia en al menos 241 municipios del país.

Esto lo convierte en el grupo armado más fuerte del país. Según un informe reciente de Pares, el caso de ‘Otoniel’ ha reforzado la tesis de a rey muerto, rey puesto. Cabe recordar que desde el 2018 el Clan del Golfo ha perdido importantes cabecillas como alias El Indio, alias Piquiña, comandante de algunos frentes en Chocó; alias Palillo, hermano de ‘Otoniel’, entre otros. Sin embargo, ninguno de estos golpes ha afectado la estructura del grupo.

En cada caso la organización ha logrado imponer un nuevo comandante de manera rápida, lo que ha permitido consolidar su fuerza en ciertos territorios.

Para la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el impacto de la extradición de Otoniel no se puede medir de manera general, pues depende del contexto de cada región. “El Estado se enfrenta a una criminalidad fragmentada que seguramente traerá importantes afectaciones humanitarias”, dicen los investigadores Jorge Mantilla, Andrés Cajiao y Paula Tobo.

El Clan del Golfo también tiene a su favor el dominio que ha conseguido en ciertas regiones frente a otros grupos armados. La FIP señala que les ganaron a los Caparros, en el Bajo Cauca; al Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el norte del Chocó; y a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en municipios como Ituango. A esto se suma una consolidación en Córdoba y el sur de Bolívar.

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Así mismo, cabe anotar que las finanzas de esta organización no se han visto afectadas, según los expertos porque van más allá de las actividades de narcotráfico. Gracias al control territorial que han consolidado en algunos departamentos, hoy también controlan las rentas del microtráfico, sumado a otros negocios como la minería ilegal.

“Regulan la vida pública y privada de las comunidades que están bajo su control y suplantan a la justicia. Han mostrado que capacidad de imponer reglas de juego a partir del uso de las armas, estableciendo normas de conducta, castigando a quienes las transgreden, dirimiendo conflictos, influenciando elecciones regionales, controlando actividades económicas, dirigiendo obras comunitarias y ofreciendo servicios de seguridad”, dice la FIP.

En medio de este panorama, los expertos señalan que el Clan del Golfo podría intensificar los paros armados, los planes pistola y ataques contra los líderes sociales; esto con el fin de demostrar su poderío y fortalecer sus redes. La situación podría convertirse en un dolor de cabeza para el nuevo gobierno.

Por esta razón, algunos analistas reclaman un giro en la estrategia de seguridad. “Es necesario explorar vías alternas a la guerrerista, como aquellas relacionadas con un escenario de sometimiento a la justicia”, dice un estudio de Pares. Por ahora, las comunidades reclaman presencia de las instituciones del Estado para retomar sus actividades.

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