Los ‘micos’ que podrían colarse en el nuevo Código Electoral

La reforma al Código Electoral, proyecto bandera del registrador Alexánder Vega, está en la cuerda floja por cuenta de varios ‘micos’ que llegaron a última hora. Después de varios reclamos de congresistas de todos los partidos, el Gobierno Petro le retiró el mensaje de urgencia al proyecto.

La reforma al Código Electoral ha sido una de las obsesiones del registrador Alexánder Vega. Desde que asumió las funciones de ese cargo, en diciembre de 2019, empezó a diseñar un proyecto que defendió ante el Congreso y diversas instancias. Siempre se mostró orgulloso de la propuesta y la convirtió en la bandera de su administración.

A finales de 2020, logró que el Congreso la aprobara y todo parecía indicar que ese Código Electoral se estrenaría en las elecciones presidenciales y legislativas de 2022. Sin embargo, el pasado mes de abril, la Corte Constitucional lo tumbó por vicios en el trámite. El alto tribunal dijo que un proyecto como ese, de ley estatutaria, no podía aprobarse en sesiones extraordinarias.

Aunque fue un golpe duro para el registrador, que ya estaba lidiando con el escándalo de los escrutinios de la Cámara y el Senado, el proyecto siguió andando y todo parece indicar que Vega se movió para volverlo a presentar, esta vez con el respaldo del nuevo Gobierno y su bancada en el Congreso.

Aun cuando ni siquiera se había desmontado la decoración de la posesión presidencial en la Plaza de Bolívar, Vega llegó hasta la Secretaría del Senado y volvió a radicar el proyecto, el pasado 8 de agosto. En compañía del ministro del Interior, Alfonso Prada, y de varios congresistas del Pacto Histórico, Vega indicó que presentaban el mismo texto con algunas correcciones ordenadas por la Corte Constitucional.

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“Es un Código Electoral que tiene el respaldo del señor presidente y la oposición (…) es una norma que está adecuada al nuevo sistema electoral. Lo importante es que vamos a buscar nuevamente el consenso”, dijo Vega. 

Aunque todo parecía indicar que el trámite en el Congreso no tendría más problemas, pues incluso recibió a principios de noviembre el mensaje de urgencia por parte del presidente, en los últimos días se han dado a conocer posibles ‘micos’ y supuestas presiones que ponen en duda el consenso que tanto busca Vega.

Uno de los ponentes de la reforma al Código Electoral, el representante Alirio Uribe, del Pacto Histórico, dijo que la ponencia tiene “vicios de inconstitucionalidad y va en contravía del programa de Gobierno”.

Según se dio a conocer en las últimas horas, varios congresistas del Pacto Histórico le enviaron una carta al presidente Petro pidiéndole que retire el apoyo al proyecto. “No es el mismo que se tramitó en la anterior legislatura, dado que se le introdujeron varios cambios y se le adicionaron más de 100 artículos”, dice la misiva, que aún no está firmada.

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Lo que no cuadra en el Código Electoral

Uno de los puntos que más genera resistencia y que de hecho une a opositores y congresistas de centro e izquierda es el poco tiempo disponible para el debate. Para este jueves estaba citado el primer debate y algunos señalan que desde la Registraduría se busca ‘pupitrear’ el proyecto antes de que termine el año.

“Por qué nos quieren ferrocarrilear. Yo le pido formalmente al Gobierno que retire el mensaje de urgencia”, dijo el senador Humberto de la Calle, un día antes de que se tomara la decisión.

La cuestión del tiempo es clave si se tiene en cuenta que las preocupaciones de fondo de los congresistas, organizaciones y veedurías merecen un análisis detallado. En términos generales, la molestia se da porque el nuevo Código Electoral le concede más poder a la Registraduría y al registrador, lo cual se vería reflejado directamente en las elecciones regionales de 2023.

Por ejemplo, con los nuevos artículos que llegaron a la ponencia se estaría debilitando al Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que los registradores municipales, que serían cerca de 1.200, pasarían a ser autoridades electorales. Esto, además, tiene otro ingrediente. Según denunció el senador Ariel Ávila, los registradores se convertirían en funcionarios de libre remoción, por lo que estos cargos podrían terminar en manos de los políticos.  

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Ávila también agregó que el Código Electoral introduce la figura del voto anticipado, para quienes no puedan asistir a las mesas de votación el día de las elecciones. “Quién garantiza que la persona no tiene un fusil al lado para marcar el tarjetón, quién garantiza que el voto sea confidencial y, sobre todo, quién garantiza que en el camino no cambien el tarjetón”, dijo Ávila.

Otro congresista de la bancada verde, Jota Pe Hernández, asegura que también hay riesgo por la implementación del voto electrónico, ya que implica aumentar el presupuesto y la planta de personal de la Registraduría. Para él, es problemático que estos recursos queden en manos del registrador y se puedan ejecutar a dedo.

En este punto entra en juego la denuncia que hizo Cambio Radical a través de su director, Germán Córdoba, quien aseguró que algunos congresistas estarían negociando cargos en la Registraduría para aprobar el Código Electoral. Córdoba dijo que tenía una lista de 100 cargos que se habrían utilizado para ‘aceitar’ el debate.

Según informó W Radio, en la lista aparecen varios congresistas de las comisiones primeras, encargadas de una parte del trámite del Código Electoral, que tendrían cuotas en la Registraduría. Algunos de los mencionados son Fabio Amín, Alfredo Deluque, David Luna, Alejandro Chacón, Berner Zambrano, Jorge Méndez, Óscar Barreto, Óscar Sánchez, Ruth Caicedo y Carlos Fernando Motoa.

Si bien es cierto que el país necesita una reforma al Código Electoral, pues el actual data de 1986, las dudas alrededor del proyecto del registrador Vega merecen ser estudiadas con detenimiento. Además, como señala la Misión de Observación Electoral (MOE), no es conveniente cambiar las reglas de juego para las próximas elecciones, para no generar fallas o confusión en los votantes.

Todo indica que en el Congreso se enredaron los votos con los que contaba el registrador, pero no está claro qué opina el propio Gustavo Petro, así como dos de sus alfiles más cercano que conocen de cerca los pormenores del proyecto: su ministro Alfonso Prada y el presidente del Congreso, Roy Barreras. En las últimas horas se conoció que Prada aceptó “quitarle el acelerador” al trámite y aplazar la discusión para la próxima semana. 

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