Los dos caminos para el traslado exprés a Colpensiones

Por estos días el debate sobre un posible traslado exprés de afiliados de fondos de pensiones privados a Colpensiones revivió desde dos vías. 

Por un lado, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes está discutiendo el proyecto de ley 018 de 2021, documento que retoma la iniciativa que precisamente buscaba facilitar el tránsito de un régimen al otro para hombres mayores de 52 años y mujeres de más de 47 años, con una cotización mínima de 750 semanas en cualquier régimen pensional. 

De acuerdo con el representante a la Cámara por Bogotá del Partido Conservador Juan Carlos Wills, uno de sus autores, el proyecto surgió a partir de la necesidad de cubrir el gran error del Congreso de la República, de más de de 20 años, de no brindar la asesoría adecuada para que las personas pudieran realizar el cambio en el régimen pensional. 

“Cerca de 500.000 familias hoy se verían beneficiadas con este proyecto de ley. Cerca de 500.000 personas podrían hoy cambiar de régimen pensional bajo un daño que el mismo estado colombiano les creó a tantas víctimas que hoy tenemos”, manifestó el representante a Blu Radio. 

Esta iniciativa, sin embargo, no tuvo el visto bueno del Ministerio de Hacienda, que estimó que el costo fiscal neto de estos traslados sería de 35 billones, en una proyección hasta el año 2070. Wills, por su parte, dijo que se trata de estimaciones que generan especulación y terror. 

“El Gobierno y los fondos privados son especialistas en generar pánico. El Gobierno nacional dijo en el proyecto de ley pasado, que se nos hundió, lamentablemente, que el costo sería de 27 billones y los fondos privados dijeron que sería de 59. Con este proyecto, que es exactamente el mismo, hoy la cifra asciende a 34 billones por parte del Ministerio de Hacienda y curiosamente los fondos privados le bajaron 10 billones”, afirmó el congresista en RCN Radio.

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El Ministerio de Hacienda, en carta enviada al representante Jairo Humberto Cristo, de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, indicó que ante un aumento de costo, la iniciativa tendría repercusiones en las finanzas de la Nación pues crearía gastos que no se estiman en el marco fiscal de mediano plazo ni en el marco de gasto de los sectores involucrados.

“A juicio de este ministerio, la propuesta de traslado entre regímenes pensionales sin el cumplimiento de ningún requisito legislativo afecta la sostenibilidad financiera, no solamente del RPM (régimen de prima media), sino de todo el Sistema General de Pensiones (SGP), poniendo en aprietos serios su sostenibilidad“, reiteró.

Para Daniel Wills, vicepresidente técnico y de estudios económicos de Asofondos, el principal gremio de los fondos de pensiones y cesantías, el proyecto es “incoveniente” por dos razones principales. Uno, porque es muy costoso para todos los colombianos y, dos, porque “resultaría injusto e inequitativo“.

“En la parte pública, en las pensiones que otorga Colpensiones, las personas de muy altos ingresos, que van a tener mesadas de 10, 20 millones de pesos, obtienen subsidios, regalos, que pagamos todos los colombianos y que ascienden a los 500 o a los 1.000 millones de pesos, dependiendo del caso. Estos no se corresponden de ninguna manera con las cotizaciones que hicieron a lo largo de su vida”, indicó el experto. 

Sin embargo, el representante Wills considera que con el proyecto no están legislando para “ningún rico“, sino para la clase media.

“Esto no es un tema de ayudar a los más ricos, eso es falso. Primero, ya las megapensiones no existen. Además, el 25,6 por ciento de la población cotiza entre uno y dos salarios mínimos; apenas el 10 por ciento entre tres y cuatro. La gente que gana por encima de 4 salarios mínimos no asciende al 10 por ciento de la población. Le estamos legislando a la gente de la clase media, la gente trabajadora, que es la mayoría”, aseveró.

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Traslado exprés a Colpensiones en el presupuesto general

Curiosamente, la otra vía para autorizar el traslado exprés a Colpensiones viene del propio Gobierno nacional, que incluyó un artículo (104) al respecto en el Presupuesto General de la Nación para el año 2022, que se debate esta semana en el Congreso de la República.

De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Hacienda, este proceso le costaría al Gobierno unos 3,8 billones de pesos y beneficiaría a unas 19.000 personas. Cifra que no tendría un impacto fiscal “tan significativo”, de acuerdo con Jesús Bejarano, viceministro Técnico de Hacienda. 

Bejarano explicó que el traslado del régimen de ahorro individual (RAI) al régimen de prima media (RPM) solo cobijaría a los hombres mayores de 52 años y a las mujeres de más de 47 con una cotización mínima de 750 semanas en Colpensiones. 

El artículo añade, además, que “las prestaciones que se deriven de los riesgos de invalidez y muerte deberán ser reconocidas y pagadas por la entidad administradora ante la cual se hayan realizado efectivamente las cotizaciones a la fecha de ocurrencia de la muerte o estructuración de la invalidez”.

Con esta propuesta, son menos las personas que podrían regresar a Colpensiones, pues de acuerdo con estimaciones del Ministerio de Hacienda, de aprobarse el proyecto de ley 018, unas 223.000 harían el traslado.

Fondos privados se oponen

Asofondos emitió un comunicado haciendo referencia a ambas iniciativas, ante el anuncio de la inclusión del artículo 104. De acuerdo con la asociación, las dos resultan “dañinas, contraproducentes e inútiles en el propósito de ampliar la cobertura pensional, hacer más sostenible y más equitativo el sistema pensional”.

“Nos preguntamos, ¿en esta foto dónde quedan los más pobres? No se ven. Realmente, las iniciativas, ambas, ahondan la desigualdad en el país, ilustran además la ineficiencia en la asignación de los subsidios estatales, pues en las dos propuestas dichos beneficios van a manos de quienes más tienen”, dijo Santiago Montenegro Trujillo, presidente de Asofondos, que reúne a Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia.

Además, dice el gremio, a 4 de cada 5 personas no les convendría el proceso de traslado, puesto que las cifras de afiliados que cumplen el requisito de las 750 semanas cotizadas en el régimen público revelan que 73,4 por ciento de ese grupo de trabajadores tiene ingresos de entre 1 y 2 salarios mínimos.

“Para ellos, la mejor opción es seguir con sus fondos de pensiones, puesto que con menos tiempo cotizado (22 años) tendrán idéntica o similar mesada que en Colpensiones, donde se exigen 25 años de cotizaciones”, dijo Montenegro.

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