La batalla judicial por el combustible en Nariño

Un formalismo legal tiene al Ministerio de Minas y a la firma privada Petrodecol a punto de sufrir un fuerte revés en torno a sus pretensiones. El Consejo de Estado revisará una acción popular que definirá el rumbo del plan de abastecimiento de combustible en Nariño, que ya ha sido suspendido dos veces por el Tribunal Administrativo de Nariño, y cuyo caso está inmerso en denuncias por presuntas actuaciones delictivas.

Los magistrados de la sección primera del Consejo de Estado revisarán una acción popular que definirá el rumbo del plan de abastecimiento de combustible en Nariño, que ya ha sido suspendido dos veces por el Tribunal Administrativo de Nariño.

Desde hace un par de años se libra una batalla jurídica por la legalidad de las reglas de juego que fueron trazadas por el ministerio de Minas en un plan de abastecimiento de combustibles en el departamento de Nariño, especialmente en la zona limítrofe con Ecuador.

Por un lado, aparecen los pequeños minoristas, y por el otro, una empresa llamada Petróleos Derivados de Colombia( Petrodecol), que es la que tenía el visto bueno del Ministerio de Minas y Energía para cumplir con esa labor comercial. En el medio de ambas partes están el Tribunal Administrativo de Nariño y señalamientos de supuestas actuaciones indebidas dentro del proceso.

Es por esa razón es que nuevamente aparece el Consejo de Estado quien revisará las decisiones del tribunal de Nariño, específicamente en torno a las medidas cautelares que en 2018 fueron revocadas por el mismo Consejo de Estado al encontrar documentos irregulares y ahora una acción popular que tiene frenado el plan de abastecimiento de combustibles en esa región del país.

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La pelea judicial por el combustible

Este pleito nació en 2017, cuando el Ministerio de Minas expidió una resolución que autorizó la designación de la empresa Petróleos Derivados de Colombia (Petrodecol) como el proveedor mayorista de combustible en Tumaco, Nariño. Según esa cartera, Petrodecol cumplía con los requisitos técnicos para ser el distribuidor mayorista.

Un año después, el Tribunal Administrativo de Nariño ordenó una medida cautelar que suspendió la asignación a Petrodecol, pero en enero de 2019 el ministerio volvió a modificar la resolución e insistió en su inclusión, según ese documento, porque porque cumplía con las condiciones para ejecutar el plan de abastecimiento de combustible en esa zona, lo que podría reducir costos al Estado.

Cuando el pleito llegó finalmente al Consejo de Estado, lo primero que reversó fueron las medidas cautelares que suspendían el plan de abastecimiento. Esa decisión del máximo tribunal en lo contencioso administrativo le abrió las puertas al Ministerio de Minas para revivir esa resolución a través de la cual le asignó todo el plan de distribución de combustibles en Nariño a Petrodecol. Según el Consejo de Estado, dicha medida cautelar del tribunal de Nariño se basó en documentos que carecían de veracidad como, por ejemplo, un concepto de un perito sin firma y que no correspondió a la realidad.

Sin embargo, los pequeños distribuidores no se quedaron quietos e instauraron una nueva acción popular ante el mismo Tribunal Administrativo de Nariño. En junio de 2021, nuevamente ese tribunal ordenó suspender en su totalidad el plan de abastecimiento de combustible porque, a su juicio, la resolución que encarga a Petrodecol para surtir a los minoristas viola y amenaza los derechos colectivos.

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¿A última hora?

Lo insólito de este pleito de gran envergadura es que un formalismo legal tiene frenado el plan de distribución de combustibles en Nariño.

Resulta que el Tribunal Administrativo de Nariño rechazó las apelaciones que interpusieron el Ministerio de Minas y Petrodecol, al asegurar que fueron radicadas el último día del plazo, pero por fuera del horario laboral, es decir, después de las 4:00 p.m.

Desde el ministerio aseguraron que uno de sus funcionarios radicó el recurso de apelación a las 3:59 p.m. del día del vencimiento del término (julio 03 de 2020), y para demostrarlo anexó una captura de pantalla del mensaje enviado.

A Petrodecol le fue rechazada la apelación porque el magistrado del caso en el Tribunal de Nariño consideró que no era parte directa en el proceso, sino que era un coadyuvante y por lo tanto no podía hacer uso de ese recurso.

Lo que llama la atención es que el Consejo de Estado, en un fallo de principios de agosto, determinó que el tribunal de Nariño exageró y debió admitir los recursos del Ministerio de Minas y de Petrodecol.

Denuncias que van y vienen

Desde el Tribunal de Nariño determinaron que el supuesto correo de apelación nunca llegó a las 3:59 p.m., razón por la que solamente tomó el recurso interpuesto que apareció a las 4:02 p.m. y por ello mantuvo su decisión de suspender el plan.

Además, compulsó copias a la Fiscalía para que investigue si se cometieron delitos cuando se envió el pantallazo del primer correo.

“Se torna extraña y sospechosa la imagen de captura de pantalla del mensaje enviado por la Entidad en el presente recurso de reposición, en donde pueden originarse conductas irregulares”, señaló el magistrado del pcaso.

“Este despacho compulsará copias a la Fiscalía General de la Nación, para que investigue el posible delito de falsedad en documento y fraude procesal, para lo cual se le solicitará una inspección al correo oficial del Tribunal y al correo de donde se enviaron los correos electrónicos por parte del Ministerio de Minas y Energía”, añadió.

Lo curioso de este caso es que el Consejo de Estado resolvió que los recursos interpuestos “fueron mal negados” y de paso ordenó al tribunal de Nariño que le remita el expediente completo para su revisión.

Las denuncias también provienen del otro lado. El magistrado ha sido denunciado ante la Fiscalía por Petrodecol y por la ONG Anticorrupción, por la presunta comisión de conductas contrarias a la correcta administración de justicia.

Primero, porque supuestamente habría suspendido el plan de abastecimiento en Nariño con documentos que no tendrían valor probatorio. Segundo, por haber decretado la medida cautelar de 2018, supuestamente, con documentos que no tenían validez.

Ahora el Consejo de Estado determinará si el plan de abastecimiento de combustible planteado por el Ministerio de Minas es viable o no. Y la Fiscalía investigará si hubo actuaciones irregulares tanto de parte del magistrado de Nariño como del funcionario del ministerio que envió el correo de apelación.