Las dolorosas y reveladoras cifras del informe final de la Comisión de la Verdad

En el primer capítulo del informe final de la Comisión de la Verdad, que incluye los hallazgos y recomendaciones, aparecen nuevos datos sobre el impacto de las distintas formas de violencia empleadas contra la población civil en medio del conflicto armado.

“En Colombia no ha existido una sola generación que haya vivido en un país en paz”. Esa es la frase con la que la Comisión de la Verdad arranca su evaluación sobre las violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en medio del conflicto armado.

Este apartado, que hace parte del capítulo que contiene los hallazgos y recomendaciones de la Comisión, sustenta con datos y estadísticas que la guerra ha tenido como víctima principal a la población civil. Se trata de miles de colombianos que fueron víctimas de al menos 16 tipos de violaciones contra los Derechos Humanos.

En la lista aparecen relacionadas las cifras de masacres, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos, desaparición forzada, secuestro, violencia sexual, amenazas, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; desplazamiento forzado, despojo, entre otras formas de violencia.

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Las fuentes de este informe son cerca de 112 bases de datos que fueron analizadas y contrastadas, con ayuda de inteligencia artificial, por la Comisión de la Verdad, la Justicia Especial para la Paz (JEP) y el Grupo de Análisis de Datos en Violaciones de Derechos Humanos (HRDAG). A esto se suman los registros del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y el Registro Único de Víctimas.

La Comisión de la Verdad aclara que en este apartado no se incluyen los casos de víctimas muertas en combates entre grupos armados o fuerzas públicas debido a que se tomaron en cuenta las definiciones y criterios internacionales sobre violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Para la Comisión, el relato de dichas violaciones contra la población civil demuestra cómo se llevó a cabo la guerra en el país y cuál fue la experiencia de las víctimas, los sobrevivientes y sus familiares.

“Esta es una verdad de múltiples responsabilidades, en la que muchas veces las víctimas no supieron decir quién fue el responsable, quién las golpeó, quién asesinó, quién desapareció. En numerosas estadísticas aparece ‘autor desconocido’. Por ello, la fotografía que muestra este capítulo es una historia colectiva de la que hacerse cargo”, dice el informe.

Los primeros resultados de esta parte del informe evidencian que los homicidios, la desaparición forzada, el secuestro y el reclutamiento fueron los tipos de violencia más recurrentes durante el conflicto. Los dos picos con más víctimas son 2002 y 2007. La mayoría de víctimas de homicidio y desaparición son hombres, mientras que en el caso de desplazamiento forzado son mujeres.

Las cifras hablan de 450.664 personas que perdieron la vida entre 1985 y 2018, de las cuales el 45 por ciento corresponde al periodo entre 1995 y 2004. Los departamentos con más víctimas son Antioquia (125.980), Valle del Cauca (41.201), Norte de Santander (21.418), Cauca (19.473) y Cesar con 16.728 casos.

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Los responsables, según la Comisión de la Verdad

La Comisión de la Verdad reconoce que adjudicar una víctima a determinado actor del conflicto armado es un proceso difícil, no solo por el contexto de cada caso, sino también por la desconfianza en los relatos e instituciones. Todo esto, según el informe, incrementa los índices de impunidad.

Sin embargo, la Comisión llegó a la conclusión de que los mayores responsables de homicidios fueron los grupos paramilitares, con un 45 por ciento de los casos, algo así como 205.000 víctimas. Las guerrillas aparecen con el 27 por ciento y los agentes del Estado con el 12 por ciento.

La Comisión retoma casos como los de las masacres del Naya y El Salado, en las que los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, con el apoyo de las Fuerzas Militares, asesinaron a más de 120 personas en total. Así mismo, retoma el caso de Bojayá, una masacre de las Farc que dejó 81 personas muertas.

Sobre la responsabilidad del Estado en la guerra la Comisión asegura que: “se configura tanto por su participación directa en violaciones graves de derechos humanos, como por su falta de prevención, investigación y sanción de dichas violaciones e infracciones”.

Ejecuciones extrajudiciales y asesinatos selectivos

Este tipo de violencia, según los datos del CNMH, afectó al 56 por ciento de los municipios del país en los últimos 30 años del conflicto armado. “En algunos casos las ejecuciones se planearon con un alto grado de sofisticación, y existían aparatos criminales para perpetrarlas, como en el caso de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza”, dice el informe.

La Comisión de la Verdad retoma los 6.402 casos de ‘falsos positivos’ mencionados por la JEP. Habla de 2007 como el año con más casos y asegura que desde 2008 se presenta un descenso considerable, lo que concuerda con la destitución de 17 generales y altos mandos del Ejército.

Sobre los asesinatos selectivos asegura que las principales víctimas fueron integrantes de movimientos políticos y sociales. El informe detalla 179.076 víctimas entre 1958 y 2021. Aunque la Comisión reconoce que existen varias fuentes y datos que no coinciden, dice que eso no oculta la gravedad e impacto del problema.

La mayoría de casos (42 por ciento) se le atribuyen a los paramilitares, seguidos de las guerrillas con el 16 por ciento y los agentes del Estado con el 3 por ciento. Para la Comisión es importante señalar casos como el de la UP, movimiento político víctima de 5.733 asesinatos y desapariciones.

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Desaparición forzada

Esta violación aparece estrechamente relacionada con la afiliación política o social de las víctimas. “Con el ocultamiento del destino y paradero de los desaparecidos, se enviaba un mensaje de terror tanto a los sectores a los que pertenecían estas víctimas como a sus familias”, dice la Comisión.

El fenómeno habría iniciado a finales de los setenta, especialmente durante el gobierno de César Turbay Ayala, cuando desaparecieron varias personas en medio de una estrategia contrainsurgente. A partir de los noventa, los máximos responsables fueron los paramilitares.

Los datos recogidos y analizados por la Comisión de la Verdad hablan de 121.768 personas desaparecidas entre 1985 y 2016. Las regiones más golpeadas por esta dinámica de violencia fueron el oriente antioqueño, Valle de Aburrá, Urabá, Alto Sinú y San Jorge, Bajo Cauca antioqueño y suroeste antioqueño, sur del Valle del Cauca, Andén Pacífico sur, Piedemonte Llanero y el Catatumbo.

“A las personas las cogían, las mataban, las amarraban, las tiraban en el río. A veces les amarraban piedras o algo pesado para que se fueran a las profundidades. Otros los tiraban al río y el mensaje era ‘el que los coja se muere’ (…) muchas personas desaparecidas, que no se consiguieron jamás, posiblemente quedaron en los más profundo del río”, dijo una víctima de Vigía del Fuerte, en Antioquia.

Secuestro y extorsión

La Comisión de la Verdad y sus aliados documentaron 50.770 víctimas de secuestro y toma de rehenes entre 1990 y 2018. La guerrilla de las Farc ocupa el primer puesto entre los responsables, pues se le adjudican más de 20.000 casos. Llama la atención que los paramilitares aparecen como responsables de 10.000 casos y el ELN con 9.000.

Las fechas más complicadas están entre 1995 y 2004, periodo en el que se secuestraron el 77 por ciento de las víctimas totales incluidas en el informe. Como dijo hace algunos días la JEP, las principales razones de los secuestros fueron económicas y políticas; es decir, como forma de financiar la guerra o presionar intercambios, como sucedió en el caso de las Farc.

Al respecto, la Comisión de la Verdad dice que: “la mercantilización y deshumanización de la víctima por parte de los responsables la convierten en objeto de cambio, su vida se cambia por dinero o peticiones y si el objetivo no se logra, la víctima es asesinada. El pago del rescate no garantiza la vida de las personas secuestradas”.

Hasta ahora se sabe que el 78 por ciento de las víctimas eran hombres y el 22 por ciento mujeres. Sin embargo, cabe destacar que un 22 por ciento del total de mujeres víctimas también manifestó haber sido violentadas sexualmente durante su cautiverio.

“El secuestro no tiene fecha de vencimiento, es decir, no se acaba el día de la liberación. El secuestro es una realidad que se vuelve genética –si se quiere, del secuestrado– y que va a cambiar totalmente su manera de ser, su manera de ver la realidad, de comunicarse”, dice uno de los testimonios de víctimas citado por el informe.

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