Este es el documento completo de hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad

La Comisión de la Verdad presenta este martes el informe final que condensa un trabajo que se inició en noviembre de 2018 y en el que se hicieron unas 15.000 entrevistas, varias colectivas, en las que se escucharon a cerca de 30.000 personas.

Además, se investigaron 730 casos y se estudiaron “1.195 informes de hechos de violencia durante el conflicto armado“.

Sin embargo, el informe no se conocerá completo este martes, sino se irá revelando por partes. El documento 11 capítulos, incluyendo el informe de hallazgos y recomendaciones. Cada parte supera las 500 páginas y algunas están cerca de las 1.000.

En contexto: La Comisión de la Verdad presenta su informe final

Precisamente, este martes se publica el capítulo de Hallazgos y recomendaciones, que consta de 896 páginas y plantea varias propuestas no vinculantes para la no repetición de hechos violentos. Ese apartado se puede consultar completo a continuación:

Bajo la premisa de “Hay futuro si hay verdad”, la Comisión de la Verdad incluyó en ese capítulo una reflexión sobre su acercamiento a las víctimas del conflicto armado y el impacto de la violencia en la cotidianidad de los colombianos.

Así mismo, presentó un compendio de las violaciones a los derechos humanos. En este apartado se habla de las masacres, asesinatos selectivos, falsos positivos, secuestro, tortura, violencia sexual, despojo de tierras, entre otros mecanismos de violencia utilizados por diferentes grupos armados.

Las recomendaciones de la Comisión de la Verdad

“Las recomendaciones analizadas fueron propuestas por víctimas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres, de disidencias sexuales y de género, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pueblos étnicos, excombatientes de todos los grupos, iglesias, integrantes de la fuerza pública, empresarios y empresarias, periodistas e instituciones del Estado de todo el territorio nacional”, explica la Comisión de la Verdad en el capítulo.

Entre las recomendaciones consignadas en el informe, están:

• Crear el Ministerio de la Paz y la Reconciliación
• Avanzar en una negociación con el ELN, y al ELN, “respetar y garantizar la labor de los organismos humanitarios en los territorios en los que hacen presencia”.
• Diseñar una estrategia integral de sometimiento colectivo e individual para las organizaciones criminales
• Establecer una política de memoria y verdad para la construcción de paz y la no repetición
• Crear el Museo de Memoria de Colombia
• Reformar el régimen político y electoral para garantizar la representatividad de la diversidad regional
• Impulsar un Estatuto para la Participación de las Mujeres y personas LGBTIQ+
• Defender y aplicar la implementación del Acuerdo de Paz
• Evitar el uso del sistema penal y las acciones policivas y otras normativas como mecanismos de represión de las movilizaciones y protestas
• Prohibir la intervención militar en operativos de control y contención de los disturbios
• Reformar o eliminar el Esmad
• Implementar el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y defensoras de derechos humanos
• Garantizar una respuesta efectiva por parte de la Unidad Nacional de Protección a las solicitudes de protección individuales y colectivas
• Brindar garantías con enfoque diferencial para los líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, excombatientes, así como la oposición política y social
• Abstenerse de realizar conductas que deslegitimen, descalifiquen, hostiguen o estigmaticen la labor de defensores y defensoras de derechos humanos, integrantes de movimientos sociales y de líderes y lideresas sociales
• Garantizar el cumplimiento de los compromisos derivados de los procesos de diálogo e interlocución con la ciudadanía
• Avanzar en un Estatuto de derechos y garantías para las organizaciones y movimientos sociales
• Hacer ajustes institucionales para garantizar la independencia y capacidad de autoridades electorales, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral
• Garantizar la participación de la ciudadanía en los procesos de inspección, vigilancia y control de los recursos empleados en los procesos electorales