En medio de la arrogancia, ahora el Comité del Paro se la juega internacionalmente

Está por verse si esta estrategia es efectiva para contrarrestar su incapacidad para leer la coyuntura cambiante, su desconexión con las bases que dice representar y el evidente desgaste del movimiento, luego de 40 días. Análisis

La búsqueda de la presión internacional queda puesta de presente por su retiro de la mesa de negociación y el anuncio de toma de ciudades, precisamente, en plena visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que probablemente emitirá un informe adverso al Gobierno colombiano. También, coincidencialmente, el comité anunció que reconsiderará su decisión de retiro el 10 de junio, día en el que se irá la CIDH.

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El Comité del Paro atribuyó su retiro de la mesa de negociación a la falta de voluntad del Gobierno para firmar el denominado preacuerdo del 24 de mayo, que garantizaría el derecho a la protesta, pero que significaría, entre otros sapos difíciles de tragar, que este último renunciara a su facultad constitucional de declarar la conmoción interior y reversara el decreto que permitió la llamada asistencia militar para enfrentar los bloqueos y el vandalismo en varias zonas del país. Temas que, con razón, considera innegociables el Gobierno.

La convocatoria de la toma de las ciudades coincide con el mayor pico de contagios y de muertes por covid-19 desde el inicio de la pandemia y que epidemiólogos, Gobierno nacional, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entre otros, atribuyen a las aglomeraciones provocadas por las protestas.

“Después de un mes de ejercicio del derecho a la protesta tenemos como mínimo que plantearnos la supremacía del derecho a la vida. La convocatoria del miércoles (toma de Bogotá) solo incrementará la espiral de muertes por covid. Es hora de decir #Bastaya”, dijo Fernando Ruiz, ministro de Salud.

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Pero en un arrebato de cinismo, y física falta de empatía con los familiares de los miles de muertos, voceros del Comité del Paro negaron cualquier responsabilidad, con el absurdo argumento de que hasta el expresidente Álvaro Uribe se había contaminado y había padecido la enfermedad.

Lo que dicen las encuestas sobre el paro

Esta falta de empatía es significativa por el hecho de que patentiza la desconexión con las bases que dice representar, la ciudadanía, y su incapacidad para leer la coyuntura cambiante. Prueba de ello son los hallazgos de las encuestas, en particular la del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para el Noticiero CM&, en la que si bien la mayoría simpatiza con los jóvenes que están protestando (70 por ciento), está de acuerdo con la protesta social (73 por ciento) y con las marchas y manifestaciones (76 por ciento), también está en contra de los bloqueos (79 por ciento) y su continuidad (79 por ciento), porque estos perjudican al país (86 por ciento).

Contrastan estos hallazgos con la renuencia del Comité del Paro a condenar públicamente los bloqueos, exigida por el Gobierno, que le han costado al país entre 4,8 y 6,1 billones de pesos, según Fedesarrollo, y que han castigado a los más vulnerables, no solo en término de pérdida de empleos sino de inflación.

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“En la medida en que afectamos la libre movilidad de mercancías, en el marco de las movilizaciones, tuvimos una afectación que tristemente fue más fuerte para los hogares en situación de pobreza, que superan el 75 por ciento de la población nacional, pues el peso de la canasta alimentaria, el gasto de lo que ellos destinan a los alimentos, es muchísimo más alto que en los hogares de ingresos altos”, dijo Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), al comentar la cifra de inflación en mayo, en Caracol Radio.

Para evitar suspicacias en el manejo de las cifras de la encuesta de Centro Nacional de Consultoría (CNC) para CM&, hay que decir en justicia que una gran mayoría (79 por ciento) tiene una opinión negativa de la forma en que el Gobierno ha buscado soluciones al paro; un porcentaje menor, aunque sigue siendo mayoría (59 por ciento), cree que el resultado del paro va a ser positivo y que las personas (los encuestados) van a estar mejor (52 por ciento) después de este.

Los hallazgos de la encuesta sobre la imagen del Comité del Paro (60 por ciento cree que es regular o mala), su representatividad (solo el 50 por ciento cree que representa sus intereses, 59 por ciento en el caso de los jóvenes entre 18 y 25 años), o su control del movimiento social (solo el 29 por ciento cree que el comité lo controla), contrastan con su arrogancia, intransigencia y triunfalismo.

La arrogancia, la intransigencia y el triunfalismo le han impedido al Comité del Paro percatarse de su mayor derrota tras 40 días del movimiento: no haber entrado de lleno a la discusión de los temas gruesos del pliego de emergencia y capitalizar el apoyo ciudadano al movimiento.

Entre estos están la renta básica de por lo menos un salario mínimo mensual legal para las personas en condición de pobreza, vulnerables y afectadas por la crisis, la reforma del sistema de salud (diferente a la que se tramitaba en el Congreso), moratoria en el pago de créditos hipotecarios y de consumo, matrícula cero en las instituciones de educación superior para los estratos 1, 2 y 3, y sigue un largo etcétera.

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Así, el Comité del Paro puede haber terminado haciendo el juego al mismo Gobierno, que pudiera estar apostando al desgaste de la protesta y del comité, mientras hace gala de su disposición de negociar.

Sea una estrategia premeditada o no, lo cierto es que a quien más conviene el empantanamiento de las negociaciones en el tema del preacuerdo sobre las garantías a la protesta social es al mismo Gobierno, pues solo el costo del pliego de emergencia, si se concediera todo, asciende a 81 billones de pesos, más de 3 veces lo que pretendía recaudar con la reforma tributaria (23 billones), según el expresidente Andrés Pastrana, una cifra para nada realista.

Mientras el Comité del Paro sigue ‘encoñado’ con el preacuerdo con las garantías a la protesta social, el Gobierno, en paralelo, hace movimientos audaces que abordan temas del pliego de emergencia, sin necesidad de negociar, una exigencia que hizo el expresidente Álvaro Uribe, con el argumento de que el comité promueve la violencia y los bloqueos. El efecto neto es el debilitamiento de esa agenda.

Así, por ejemplo, el presidente Iván Duque anunció el fin de semana la reforma integral de la Policía Nacional y la modernización del Ministerio de Defensa, a través de un proyecto de ley que se presentará el 20 de julio, y que incluye un énfasis en el tema de la protección y el respeto de los derechos humanos, entre otros puntos. Por el ‘encoñe’ con el tema de las garantías a la protesta social, ni siquiera se refirió a este proyecto y a la notable ausencia de la reforma o supresión del Esmad.

También, en simultánea, el Gobierno está moviendo el nuevo proyecto de reforma tributaria sin la participación del Comité del Paro o los sectores que dice representar. Y ni qué decir del avance de la reforma del Icetex en el Congreso.

A la par con estas acciones del Gobierno, los diálogos regionales o sectoriales pueden estar debilitando al Comité del Paro, que a lo que sí ha estado atento es a capitalizar algunas oportunidades, arrancando por el mismo “estallido social”, cuya magnitud ni él mismo preveía. Y en días recientes, explicando la reducción de los bloqueos a su convocatoria a ‘desescalarlos’, y no a la acción de la fuerza pública, como efectivamente ocurrió.

Todo lo anterior no significa que el Gobierno no haya cometido errores, en particular con las negociaciones, que han llevado a cabo funcionarios subalternos, como fue la concesión de que los promotores del paro inspeccionaran la carga que se movilizaba por las carreteras desde Buenaventura, firmado por el nuevo comisionado de paz, Juan Camilo Restrepo, cuando ocupaba el cargo de viceministro de Agricultura, y denunciado por el exvicepresidente y candidato presidencial en ciernes Germán Vargas Lleras en su columna de El Tiempo.

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El mismo Vargas denunció este domingo que el acuerdo que el Ministerio del Transporte había alcanzado con los camioneros “compromete la política nacional de concesiones viales, al aceptar que los transportadores puedan determinar la existencia de peajes actuales o futuros y participar en la revisión de las tarifas”.

El Comité del Paro aún puede corregir el rumbo y capitalizar la oportunidad histórica de un cambio.

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