Con la C: cambio cultural colombiano

César TorresCésar Torres

“Las manifestaciones de la semana anterior muestran que empieza a ocurrir un cambio que puede ser igual o más importante que el que se lograría si avanzan las reformas propuestas”.

La semana pasada nos mostró que la alta política ya no se ejerce solamente en las reuniones que, a puerta cerrada, hacen quienes detentan el poder. Ese tipo de política, que consiste en decidir qué caminos tomará el país en materia económica y social, ahora se hace movilizando a la ciudadanía en favor o en contra de propuestas concretas. 

Las recientes manifestaciones del 14 (en apoyo a las reformas que propone el Gobierno) y del 15 de febrero (en contra de las mismas) revelaron que, para promover o detener transformaciones sustanciales, hay que mostrar cantidad y calidad de apoyo ciudadano. No basta con tener la aprobación de los grandes grupos económicos, de los gremios que representan al empresariado y de los directorios partidistas.

Bien vale una columna para intentar entender ese tipo de participación ciudadana.

Para empezar, llama la atención la actitud del Gobierno nacional en relación con sus contradictores y con la movilización ciudadana.

Ante los primeros, ha mostrado capacidad argumentativa y no se ha escondido detrás de una supuesta majestad del cargo para evitar el debate. Al contrario, de lo que se acusa al actual Gobierno es de pasar más tiempo respondiendo en las redes sociales, que tomando decisiones.

No ha usado la mano militar ni la policial para reprimir las movilizaciones promovidas por sus adversarios políticos. Ni siquiera, aquella en la que se destruyó una réplica de la paloma de la paz del maestro Fernando Botero y se persiguió y golpeó a periodistas.

En segundo lugar, me parece importante tener en cuenta que las dos manifestaciones más recientes fueron masivas y que en ellas se expresaron sectores de opinión distintos y hasta contrapuestos. Es preocupante, sin embargo, la poca información que poseen algunas de las personas que asistieron.   

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Una de ellas, que estaba en la concentración convocada en respaldo a la reforma a la salud, dijo: “Yo no necesito saber un artículo, yo necesito saber que mi mamá se murió por una EPS nefasta que no fue capaz de entregármele un servicio de salud”. 

Por su parte, el abogado y opositor Enrique Gómez Martínez, opinando acerca de una alerta por posible escasez de medicamentos siquiátricos, trinó: “¿El efecto Corcho comienza a hacer efecto? (sic). Lo único claro hasta el momento sobre la reforma es la ambigüedad, ausencia de argumentos técnicos y la ideologización de un servicio que bien les sirve a los colombianos”.

Ninguna de esas dos personas conoce el contenido de la reforma a la salud. Pero, no por eso, se abstienen de fijar sus posiciones al respecto, ni dejan de participar en las movilizaciones que pretenden impulsarla o detenerla. 

Esas opiniones ciudadanas, expresadas durante las manifestaciones de la semana anterior, muestran que empieza a ocurrir un cambio que puede ser igual o más importante que el que se lograría si avanzan las reformas propuestas. 

Está en marcha una casi imperceptible transformación en la mentalidad y en la cultura. La característica principal de esa transformación es que la libertad de expresión deja de ser un derecho de uso exclusivo de ciertos círculos intelectuales, de los dueños de los medios y de quienes trabajan en ellos; ahora aparecen sectores de la ciudadanía que tienen sus propias opiniones, las dicen y, así, movilizan a miles de personas.

Estas nuevas mentalidad y cultura no son, aún, dominantes. Tampoco es que hayan aparecido la semana pasada. Solo es que se hicieron más visibles en estas manifestaciones y enfrentan a la cultura y a la mentalidad tradicionales.

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Estas últimas empezaron a hacerse fuertes y a ganar poder desde finales de la década de 1970. Se impusieron sus valores, sus deseos y sus proyecciones, como si fueran lo único posible. En el mundo entero, y en Colombia, por supuesto, se implantó una mentalidad que combina –por lo menos– tres elementos relevantes: el orgullo de ser ignorantes, la ostentación de los objetos que se compran y la reivindicación del egoísmo y la falta de empatía como virtudes fundamentales.

En esa mentalidad/cultura, no solo no importa ser profundamente incultos, sino que es de buen recibo demostrarlo. Como decía Jesús Quintero, “Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia (…) se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura (…). Los analfabetas de hoy son los peores, porque en la mayoría de los casos han tenido acceso a la educación”.

Con poco interés por leer textos que nos permitan entender cómo funciona la sociedad y qué cambios se pueden hacer para mejorar la vida de todas las personas, solo nos quedó creer que el crecimiento económico es lo único importante y que, solamente, las personas más fuertes y competitivas adquieren el derecho de apropiarse y de gozar de la riqueza que ha producido la sociedad toda.

Por eso, se celebra a la gente triunfadora y se hace mofa de la que pierde. Se dice que la primera es la más fuerte, la más alfa, la que merece gobernar al resto. La segunda se considera pobre, débil, sin voluntad de triunfar. Así lo dicen los medios de comunicación y se repite hasta en las reuniones familiares.

Esa es la cultura/mentalidad dominante. Pero, lo que nos mostraron las manifestaciones de la semana pasada es que aquí, poquito a poco, cada día, se hace más visible una cultura cuyo centro es la solidaridad y la participación comunitaria.

Aunque las personas y grupos que impulsan esa nueva mentalidad y cultura no tengan toda la información, saben que quieren construir economías para el bien común, hacer de la política un ejercicio de poder de la ciudadanía mediante canales institucionalizados –incluida la institucionalidad comunitaria– y crear debates acerca de la apropiación y el uso de lo que la sociedad ha producido.

Ese es el cambio que está ocurriendo en Colombia. Y no depende del Gobierno.

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