Con toda

Se puede estar en total desacuerdo con el actual Gobierno, pero no se puede negar que ha permitido que la ciudadanía piense y discuta sobre política pública. Y eso le produce miedo a una dirigencia política y gremial acostumbrada a apropiarse —legal o ilegalmente— de las instituciones del Estado y de las rentas públicas, sin que la ciudadanía tuviera el más mínimo conocimiento. 

De esa dirigencia hacen parte, por ejemplo, los ocho grupos familiares que manejan los más de 180 peajes en 50 vías del país. 

Como se puede ver en el estudio que publicó el ingeniero Wilman Muñoz en la revista Tecnura, desde el gobierno de César Gaviria, estos grupos familiares han recibido, en concesión, la casi totalidad de las vías del país. Se obligan a construirlas y darles buen mantenimiento. A cambio reciben los peajes durante un periodo que puede ser hasta de 25 años.

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La verdad es que construyen mal (por favor, recuerden, entre otros, el desplomado Puente Chirajara, en la vía al llano), hacen poco y mal mantenimiento de las vías, pero, en todos los casos, siguen apropiándose de las rentas que produce su uso (como en el caso del peaje de Oiba, Santander).

De esa misma dirigencia hace parte el grupo que montó una red corrupta que se estaba apropiando de la Fiscalía y en la rama judicial en su conjunto. En ello están comprometidos los propietarios y directivos de una universidad, prestigiosos abogados litigantes, jueces y magistrados e, incluso, periodistas.

Sobre este negocio, la Comisión de la Verdad dijo que “Los funcionarios involucrados en el Cartel de la Toga desviaban investigaciones y dilataban procesos, conseguían y utilizaban información privilegiada, retardaban los trámites, alteraban evidencias y restaban credibilidad a los testigos a través de medios de comunicación. Todo para favorecer a quienes pagaban por estos ‘servicios’, para obtener decisiones judiciales favorables, que aparentaban ser legales”.

Se podría hacer una lista enorme de ejemplos con los que se demostraría que un cierto sector de la dirigencia del país se tomó el Estado y se apropia de las rentas públicas. Pero lo realmente nuevo es que hoy ese sector tiene miedo. No solo porque con las reformas que propone el actual Gobierno pierden o pueden perder el acceso (legal o ilegal) a esas rentas, sino porque este Gobierno permite la discusión pública de sus propias propuestas y, así, los pone en evidencia

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Dicho de otro modo: como el Gobierno actual promueve y permite la discusión sobre sus políticas, planes, programas y proyectos, la ciudadanía tiene acceso a más y mejor información. Eso le permite a esta saber, con mayor exactitud, de qué se tratan las reformas propuestas y quiénes se han apropiado del Estado o se han enriquecido negociando con él. 

Ese saber en manos de la ciudadanía les produce miedo a las personas, partidos, grupos empresariales y dirigentes que están involucrados en esa captura del Estado.

Es un miedo provocado, como todos los temores “(…) por la percepción de un peligro, real o supuesto (…) está relacionado con la ansiedad, que es un miedo al futuro.” Como dice Esmeralda Gómez, de la Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en inglés).

Le tienen miedo, por ejemplo, a una transición energética, cuyo contenido aún es impreciso. Se sabe a ciencia cierta que esta transición no será tan rápida y radical como se anunció, garantizará ganancias al sector privado y se exigirán ajustes tarifarios y mejoras en la calidad del servicio en favor de los usuarios.

Les da terror una reforma al sistema de salud, siendo que, como se puede leer en la página oficial del Senado, “permanecerán las [empresas promotoras de salud, EPS] que presentan buenos estados financieros y (…) estas acogerán, de manera progresiva y ordenada, a pacientes para que no queden sin cobertura. El proyecto indica que los planes complementarios, medicina pre pagada o pólizas de salud seguirán funcionando con normalidad y no serán afectados por el proyecto. (…) Ningún paciente que hoy esté siendo atendido o en un tratamiento de alta complejidad quedará sin cubrimiento”.

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Le temen a una reforma laboral y una pensional, que no pretenden quebrar al empresariado, y a una reforma a la justicia que busca descongestionar el sistema carcelario e imponer la justicia restaurativa (de la cual los temerosos tampoco entienden mucho).

Les produce ansiedad vivir en un futuro que no fue diseñado para favorecer —exclusivamente— los intereses de quienes estaban secuestrando al Estado. Y, como dije al principio, más le temen a que ahora la gente se ha enterado de quienes son y los reconoce por sus nombres propios.

Como se sabe desde hace muchos siglos, nadie es más agresivo que aquel que está asustado. Ese pequeño sector de la sociedad que le teme a la ciudadanía informada y a las reformas propuestas por el actual Gobierno no escatima esfuerzos para oponerse. Hasta ahora, ese grupo ha usado la violencia verbal, las falsas acusaciones contra personas del Gobierno y la difusión de mentiras acerca de las reformas que tanto pavor le causa. 

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Se puede sospechar, muy razonablemente, que personas de dicho sector estén involucradas en algunos de los 128 hechos de violencia contra líderes y lideresas políticas, sociales y comunales que se cometieron entre el 29 de octubre del año pasado y el 31 de enero del presente.

Su agresividad no conoce límites. Vienen con toda. Pero la ciudadanía ha perdido el miedo y sabe que sus organizaciones deben defender más sus derechos que al Gobierno.

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2 Comentarios

  1. Están asustados desde cuando la ciudadanía, en las calles, de manera contundente exigió cambios y se asustaron más cuando vieron que se eligió un gobierno que cabalga hacia ese horizonte, el gobierno del cambio.

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