El concepto de Minhacienda sobre la reforma a la salud que ni en Minhacienda ni en el Senado recuerdan

El debate en el Senado sobre la reforma a la salud del 10 de octubre generó confusión cuando la representante a la Cámara Martha Alfonso dijo que la iniciativa no requiere un concepto de viabilidad financiera por parte del Minhacienda.

Uno de los argumentos de quienes se oponen a la reforma a la salud es la falta de datos en cuanto al costo que las modificaciones al sistema tendrían en las arcas del Estado. Al respecto, Martha Alfonso, una de las ponentes de la iniciativa, generó polémica el pasado 10 de octubre, en el debate de la Cámara de Representantes sobre el proyecto, al asegurar que este no requiere un concepto del Ministerio de Hacienda en cuanto a su viabilidad financiera.

“La reforma no tiene hoy un concepto de viabilidad financiera del Ministerio de Hacienda, porque no creemos que lo requiera”, dijo la representante por Tolima.

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Sin embargo, el 25 abril de este año, durante la primera ponencia de la reforma a la salud en el Senado, el secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, leyó la copia de un oficio enviado por la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho, al Ministerio de Hacienda (encabezado entonces por José Antonio Ocampo). Lacouture dio cuenta de “un informe del 20 de abril, a las 3 de la tarde, firmado por el ministro de Hacienda, donde se estima el costo fiscal del proyecto“; y agregó que, el 24 de abril —un día antes de la ponencia— Corcho también había enviado un oficio a Hacienda en el que solicitaba estimar el impacto fiscal de la iniciativa.

Pero DIARIO CRITERIO encontró en los históricos de esa cartera un comunicado del 27 de febrero que describe “las cifras del costeo del proyecto de reforma a la salud radicado hace dos semanas ante el Congreso de la República [sic]”:

El Ministerio, además, anota que el documento fue publicado por el presidente Gustavo Petro en X (entonces Twitter) y circuló en medios de comunicación.

Aunque Alfonso luego se retractó de sus afirmaciones durante el debate reciente, desde la cartera en cuestión aseguran que no se ha emitido un análisis y los opositores piden nuevos balances.

Alfonso, sin embargo, indicó que el rubro asignado a la salud no cambiaría: “Lo que está haciendo la reforma [a la salud] es una redistribución, un cambio de uso en procura de mejor calidad y mayor acceso a la atención, con la misma plata que tiene asignado [sic] año a año y que es un presupuesto creciente, ya garantizado, cerca del 23 % del presupuesto general se destina a la salud en Colombia, y esa es la plata que financia esta reforma y que va a tener un uso distinto”.

El anexo “que nadie ha querido leer”

En respuesta a las réplicas, la representante citó el Anexo 3 del proyecto inicial que se radicó en febrero de este año: “Por eso hice la afirmación que hice, no porque crea que esta reforma no tiene un estudio financiero, porque lo tiene. Sí sabemos cuánto cuesta, sí sabemos de dónde provienen sus recursos y está debidamente sustentado en un documento hecho por Luis Jorge Garay, en donde sostiene cómo se analiza las finanzas de esta reforma”.

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Al consultar el documento presentado inicialmente por el Ministerio de Salud, en la página 184, el anexo citado por Alfonso muestra, de forma introductoria, un panorama bastante sombrío (aunque conocido) del sistema actual en cuanto a antecedentes y proyecciones financieras; para luego enumerar puntos como el financiamiento de la formalización laboral del gremio de la salud y el Plan Nacional de Formación en Talento Humano.

En la segunda parte, el anexo enumera costos estructurales, de infraestructura, de información, Supuestos para el requerimiento adicional para cumplimiento de condiciones financieras, de Descentralización de la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud)​, entre otros puntos que la reforma plantea.

Una fuente involucrada en la redacción del proyecto, y que solicitó permanecer anónima, le dijo DIARIO CRITERIO el pasado mes de junio, en cuanto a la viabilidad financiera de lque la Organización Mundial de la Salud (OMS) asesorará la transición del sistema actual al propuesto por el Ministerio.

“Así funcionan los mejores sistemas de salud [en] el mundo. Ya hay una asesoría con la Organización Mundial de la Salud para hacer eso. Eso es una inversión mínima. La ADRES ya tiene mucha tecnología e inclusive, en el ‘Anexo 3’ [de la reforma], donde está la cuantificación (…), cuesta mucho menos de lo que se les paga a las EPS por intermediar“, aseguró la fuente.

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Dicho rubro, comentó, sería de 50.000 millones de pesos al año: “Con eso se podría la ADRES estar actualizando. Todo eso está en el ‘Anexo técnico 3’, que nadie ha querido leer. Esto es más de lo mismo: posturas ideológicas. Ellos parten de que el actual sistema no tiene problemas de corrupción y es transparente, y lo que va a generar la corrupción es la reforma. Eso es insostenible“.

En ese sentido, la fuente también expresó que el origen del rechazo que algunos sectores manifiestan con respecto al proyecto es político: “El actual sistema tiene muchos problemas de corrupción, pero, en el fondo, el sesgo ideológico es una defensa cerrada de las EPS y una postura antirreforma“.

Hasta el momento, no se conoce respuesta de la cartera de Hacienda, sea en cabeza de la ministro actual, Ricardo Bonilla, o de su predecesor en este Gobierno, a la segunda solitud hecha por el Ministerio de Salud.

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