¿Qué conclusiones dejó la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas?

Petro le lanzó una ‘pulla’ a la ONU, en su discurso de clausura del evento, a pesar de que la entidad ha expresado en varias ocasiones su apoyo al Gobierno en materias de drogas y Paz Total. Los mandatarios que asistieron a la conferencia esperan volver a reunirse en 2025.

Contrarrestar de manera integral las consecuencias del problema mundial de las drogas, cambiar el paradigma reconociendo el fracaso de la guerra contra las drogas y promover una Alianza Latinoamericana Antinarcóticos, pidieron este sábado 9 de septiembre los presidentes que participaron en la Conferencia latinoamericana y del Caribe sobre droga​s, para la vida, la paz y el desarrollo, que duró tres días, en Cali (Valle del Cauca).

Los países también acordaron la creación de un grupo de trabajo de seguimiento integrado por todos los estados de la región, “con el fin de avanzar en una construcción reflexiva y ajustada a las realidades de cada país, para abordar el problema mundial de las drogas sobre la base de este documento y, crear una Alianza Latinoamericana Antinarcóticos, como lo sugirió Bolivia“.

Con ello, se buscaría “construir una visión común a partir de las reflexiones de este grupo y llegar, por cierto, a la Cumbre Internacional de Drogas, en 2025, con una visión común”, dijo Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores de México, en presencia de los presidentes Gustavo Petro (Colombia), Andrés Manuel López Obrador (México) y el canciller colombiano, Álvaro Leyva Durán.

Los mandatarios también analizaron los acuerdos en los últimos encuentros internacionales, así como la necesidad de contrarrestar de manera integral las consecuencias del problema mundial de las drogas y sus causas estructurales.

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Al destacar puntos claves de la reunión, Bárcena resaltó que se debe dar prioridad al desarrollo, “con énfasis en las situaciones de vulnerabilidad con proyectos de vida sostenible y viables y lograr el tránsito hacia actividades lícitas, sin renunciar al compromiso internacional, pero, a la vez, contando con la ayuda de dichos países“.

Sin embargo, el bloque denunció la estigmatización “de nuestros campesinos y nuestros migrantes; no son traficantes; son trabajadores en busca de oportunidades“.

Después de señalar el “fracaso” de la guerra contra las drogas, Bárcena explicó que “se trata de implementar políticas para reducir la demanda a través de prevención universal, selectiva e indicada, con atención a la salud mental, a sus adicciones, a la intervención temprana, al tratamiento, a la atención, la rehabilitación, la recuperación y, sobre todo, afinar nuestros programas educativos con campañas donde participen los propios jóvenes“.

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Otro aspecto mencionado durante la conferencia fue el medioambiental, debido a que, por ejemplo, en el caso de las metanfetaminas, cada kilogramo genera 10 kilos de residuos químicos.

La diplomática mexicana también resaltó factores que favorecen el tráfico ilícito de drogas, como la delincuencia organizada trasnacional, el tráfico de armas de fuego y municiones —que llamó “la otra cara de la moneda de la delincuencia”—; la tala ilegal, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el lavado de activos y la corrupción.

En la cumbre participaron los ministros de Relaciones Exteriores, altas autoridades y jefes de delegación de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

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El apoyo de Naciones Unidas a Petro

Aunque, en décadas anteriores, la visión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las políticas antidrogas iba en paralelo con la estadounidense, en los últimos años, la institución no solo se ha desmarcado de esta, sino que ha llamado a ponerle fin.

El 24 de enero de este año, en su visita a Colombia, Volker Türk, alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), expresó su apoyo al Gobierno de Gustavo Petro en la materia, así como a la implementación de lo faltante de los acuerdos de paz de 2016 y los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Al tratar una de las causas de la violencia en Colombia, este enfoque puede ser fundamental para una mejor protección de los derechos de las comunidades campesinas, indígenas, y afrodescendientes. Un enfoque basado en la salud pública podría servir mejor a las personas usuarias de drogas, a nivel nacional y global”, dijo Türk en su momento.

Con la liberación de entre 3.500 y 4.500 mujeres cabeza de hogar presas por delitos no violentos relacionados con las drogas, acorde a las reglas de Bangkok —establecidas por la misma ONU en 2010—, a cambio de servicio social, el Gobierno nacional espera reestablecer el tejido familiar y económico de cientos de familias que vieron una salida inmediata a un círculo vicioso de pobreza y falta de oportunidades, problema estructural que sigue sin solución, en especial, en las regiones donde más droga se produce en el país.

Resta esperar, entonces, los avances prometidos en cuanto a una problemática que ha alimentado conflictos por décadas y cuya demanda está lejos de disminuir, además del hecho de que abordar las causas de la cadena de producción y tráfico de drogas, como la pobreza y la desigualdad, no es una meta a corto plazo.

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