Las polémicas cláusulas de los laboratorios para vender sus vacunas covid-19. ¿Colombia entregó alguna?

Un informe publicado hace algunos días por la Oficina de Periodismo Investigativo (Bureau of Investigative Journalism), una organización sin ánimo de lucro con sede en Londres, asegura que Pfizer le pidió a ese país incluir en la negociación ‘activos soberanos’, para garantizar indemnizaciones por eventuales demandas de ciudadanos por efectos adversos de la vacuna.

Según la organización, esto haría que “el Gobierno, no la empresa, tenga que pagar los costos legales y la compensación” en caso de inconvenientes con la vacuna. La Oficina precisa que “esto se aplicaría incluso si el caso se hubiera iniciado como resultado de los propios actos de negligencia, fraude o malicia de la empresa”.

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Dentro de los ‘activos soberanos’ que habría pedido la compañía que depositaran los gobiernos con los que entabló negociaciones, entre ellos el colombiano y otros varios latinoamericanos, podrían estar reservas de bancos federales (centrales) y edificios de embajadas o bases militares. Los activos serían garantía contra la indemnización del costo de futuros casos legales.

La organización periodística no menciona el caso de Colombia, pero sí los de República Dominicana y Perú, que, según el informe, “muestran que la empresa buscaba ser indemnizada por problemas en cualquier paso de la cadena de suministro, incluidos el embalaje, la fabricación y el almacenamiento”. Es decir, los obligaba a tener que pagar por cualquier negligencia de Pfizer.

Ante la reacción adversa del gobierno sudafricano, Pfizer decidió no seguir adelante con sus pretensiones. Los acuerdos de confidencialidad, que ocultan temas como las indemnizaciones o el precio, son un asunto sensible en Sudáfrica, porque “existe el temor de que tales cláusulas de secreto puedan deshacer la confianza pública acumulada por años de trabajo anticorrupción”.

Colombia: el gobierno se reserva

El Gobierno colombiano no ha revelado los contratos con las multinacionales farmacéuticas, alegando que se trata de un “tema de salud pública reservado”. El Gobierno negó la solicitud de copia de las cláusulas de confidencialidad de los contratos para la compra de vacunas hecha por Más Información, Más Derechos, una organización de la que hacen parte De Justicia, Transparencia por Colombia y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

En conversación con El Espectador, el abogado Juan Carlos Upegui, coordinador de la línea de Transparencia de Dejusticia, advirtió que “en el caso de los contratos y las negociaciones para las vacunas, el Gobierno estaba en una posición débil, necesitaba adquirir un bien escaso (las vacunas) y cedió a los términos de confidencialidad de las farmacéuticas. El argumento de la reserva podría ser jurídicamente aceptable, aunque discutible. Pero el Gobierno podría ser más transparente con las cosas”.

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El experto agregó, en un reportaje en el que denunciaba la negativa del Gobierno a revelar también información sobre el portal Mi Vacuna, que “lo que menos le conviene es ocultar información, es una testarudez. Si respondiera de forma rápida, razonable y completa, los ciudadanos podrían tener diferencias razonables. Pero si mama gallo, el mensaje que da es de desconfianza. El Gobierno se basa en relaciones de confianza en una democracia”.

En total, el Gobierno de Iván Duque ha destinado unos 497 millones de dólares a la compra de vacunas. Lo que no especifican las resoluciones es el número de dosis equivalentes a cada monto, ni los acuerdos concretos con cada farmacéutica. En este sentido ha sido muy restrictiva la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que ha rechazado múltiples pedidos de acceso a la información por parte de varias organizaciones.

América Latina: una incógnita

De acuerdo con un informe de la Alianza Vigila la Pandemia, entre todos los países que han ocultado los contratos para adquirir las vacunas en América Latina (Colombia, Ecuador, México, Perú, Panamá, Venezuela y Argentina) la suma total asciende a más de 3.747 millones de dólares.

Los casos esconderían contratos con ventajas para las farmacéuticas, pero la situación difiere de una nación a la otra. En México, por ejemplo, el país con mayor inversión en vacunas en la región, con 1.660 millones de dólares, es conocida la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador de mantener en estado confidencial la información de los contratos durante al menos los próximos dos años. Pero la decisión podría extenderse a cinco, momento para el que los acuerdos con las farmacéuticas se habrían saldado en su mayoría.

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Por poner otro ejemplo, en Venezuela el control de la información oficial por parte del Gobierno trasciende al tema de la compra de vacunas. Vigila la Pandemia precisa que desde 2017 el acceso a estadísticas epidemiológicas y otros indicadores de salud en Venezuela está restringido.

En Argentina, el propio Ministerio de Salud ha dejado claro que las farmacéuticas han puesto cláusulas de confidencialidad que les dan ventajas en asuntos como los plazos de entrega, los pagos por adelantado y la evasión de sanciones por inconvenientes con las dosis.

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