¿Cambiará el plan de infraestructura de Biden el futuro de Estados Unidos?

Tras meses de difíciles negociaciones, finalmente el presidente estadounidense, Joe Biden, logró su primer éxito legislativo. Esta semana, el Congreso aprobó su vasto plan de inversión en infraestructura, de unos 1,2 billones de dólares. Sin embargo, Biden aún tiene que superar las divisiones en su partido para aprobar el componente social y ecológico de sus ambiciosas reformas. Por ahora, la mitad del trabajo quedó en suspenso.

La apuesta es considerada una de las mayores inversiones en el sector público desde la Gran Depresión, y está inspirada en la gigantesca construcción de carreteras interestatales de 1956, llevada a cabo durante la presidencia de Dwight D. Eisenhower.

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El dinero aprobado promete modernizar al país. En él se tienen previstas reconstrucciones de vías de ferrocarril, puertos y aeródromos. También una gran inversión en redes de internet y electricidad, acueductos, transporte público y seguridad. La monumental inversión implica un aumento de la deuda de Estados Unidos, que Biden espera que se demuestre necesaria en la creación de empleos y en la adecuación del país norteamericano en un siglo que promete estar marcado por la guerra comercial con China.

A pesar del triunfo parcial en el Congreso, Biden ha visto cómo su popularidad cae a un año de las elecciones de mitad de mandato. Mientras tanto, asegura que la parte de gasto social del plan, equivalente a 1,75 billones de dólares, se votará en la Cámara de Representantes la próxima semana.

Biden aún no ha podido convencer a un puñado de legisladores demócratas moderados para que también voten este componente social y ecológico del plan. En él se tienen previstas, por ejemplo, guarderías para todos los niños, una profunda mejora en la cobertura de salud e inversiones significativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Llamado ‘Build Back Better’ (BBB, o Reconstruir mejor en español), ese dispositivo permanece en un limbo y es objeto de disputa en el seno del Partido Demócrata.

El sábado, desde la Casa Blanca, el presidente volvió a comprometerse a que el Congreso lo vote. “Seré claro: se va a aprobar en la Cámara de Representantes y se va a aprobar en el Senado“, dijo, refiriéndose a “una inversión histórica” que, según él, no agravará la inflación ni el déficit público y aumentará los impuestos solo para los muy ricos.

Desafío político

Biden está dispuesto a explicarle al país por qué es fundamental la ley de infraestructura para el futuro de Estados Unidos. Lo hace con la esperanza de cosechar sus beneficios políticos en momentos en que su nivel de aprobación está por el piso.

El mandatario demócrata escogió Baltimore, una ciudad portuaria a menos de una hora en auto de Washington DC, para explicar a la nación el porqué y de qué manera el país gastará 1,2 billones de dólares para modernizar su vetusta infraestructura.

El lunes, Biden insistió en una entrevista en la televisión local de Cincinnati, Ohio, en que en “cuestión de semanas” comenzarán a verse los efectos del masivo plan de inversión para expandir las redes de internet, carreteras, puentes, tuberías de agua potable, estaciones de carga para autos eléctricos, entre varias otras cosas.

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El presidente espera que el plan de inversiones produzca un impacto, al menos político, antes de las elecciones de mitad de mandato del año próximo. Esos comicios son tradicionalmente un desafío para el partido en el poder y bien podrían costar a los demócratas su exigua mayoría en el Congreso.

Y mientras el gabinete de Biden impulsa la victoria legislativa, el mandatario busca movilizar a los funcionarios locales del partido para que colaboren en su promoción.

Si bien la ley de infraestructura es en principio popular, sus detalles no son claros para la ciudadanía en general, especialmente tras semanas de complicadas negociaciones en el Congreso.

Economía en aprietos

Mientras Biden se esfuerza para que sus planes económicos sean aprobados, la economía estadounidense vuelve a encontrarse en problemas. El proyecto del presidente demócrata espera ser decisivo en las próximas décadas, pero ahora el país enfrenta una fuerte inflación.

Biden asegura que será “una prioridad” invertir la tendencia inflacionaria que llevó a los precios al consumidor en Estados Unidos a un pico máximo en 30 años durante el mes de octubre. Los datos del gobierno revelaron que los precios escalaron considerablemente, al ubicarse en 6,2 por ciento en los últimos 12 meses a octubre.

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Los precios subieron a lo largo de este año a medida que las vacunas contra el covid-19 permitieron que la economía estadounidense se recuperara de la recesión del año pasado. Esto les dio a los opositores de Biden un argumento contra los proyectos de ley de gasto vitales para su gobierno.

División demócrata

Tras la publicación de los datos del índice de precios al consumo del Departamento de Trabajo, el senador demócrata Joe Manchin, uno de los que objetan el costo del proyecto social, sentenció: “Según todos los indicios, la amenaza que supone la inflación récord para el pueblo estadounidense no es ‘transitoria’; por el contrario, está empeorando“.

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, ha intentado alinear a sus compañeros de partido para aprobar los planes del presidente. “El programa que presentamos es innovador, histórico, y eso es lo que lo convierte en un reto“, dijo en una carta que envió a los demócratas.

El ala izquierdista del Partido Demócrata había advertido en numerosas ocasiones que no apoyaría el texto sobre infraestructuras si no se garantizaba la aprobación del otro paquete, el social y medioambiental. Por ello, algunos demócratas votaron el viernes en contra del plan de infraestructura.

En consecuencia, 13 congresistas republicanos apoyaron el proyecto y seis demócratas del ala más progresista, entre ellos Alexandra Ocasio-Cortez (Nueva York) y Cori Bush (Misuri), se opusieron. En las negociaciones para la rama social del plan se espera el panorama contrario, con los demócratas intentando convencer a los republicanos para invertir en un programa en el que, a diferencia de la infraestructura renovada, les cuesta ver los beneficios para el país.