Conmoción interior, la peligrosa propuesta de Rodolfo Hernández

Hernández dice que ese será el primer decreto que expedirá si llega a la Casa de Nariño. Álvaro Uribe Vélez fue el último presidente en decretar conmoción interior en Colombia. ¿Cómo funciona esta medida?

El estado de conmoción interior es una figura reconocida en el artículo 213 de la Constitución Política de Colombia. Se trata de una medida excepcional que puede declararse hasta por 90 días y que le da al Gobierno facultades especiales para expedir decretos con fuerza de ley y “suspender las leyes incompatibles con el Estado de Conmoción”. Se puede prorrogar máximo dos veces más, también por 90 días, y la segunda prórroga debe tener autorización del Congreso.

Los decretos que se expidan tendrán que ser enviados a la Corte Constitucional para su revisión y solo tendrán vigencia durante el tiempo que dure la conmoción interior. En ese sentido, el alto tribunal podrá tumbar los decretos que no se ajusten a la Constitución, y si el Gobierno incumple con el deber de enviarlos, la Corte los revisará de oficio automáticamente.

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“No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario”, aclara la Constitución.

Ahora bien, la conmoción interior solo puede declararse “en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía”, dice claramente el artículo 213.

¿Una conmoción interior injustificada?

Rodolfo Hernández ya tiene listo el borrador de decreto con el que planea declarar conmoción interior desde el 7 de agosto, pero, ¿cuál es la justificación, teniendo que Colombia no está viviendo perturbaciones como las que describe la Constitución? Respuesta: la corrupción, que es la bandera de su plan de gobierno.

Exactamente, el borrador de decreto dice que la conmoción interior se declarará para “conjurar las causas que atentan gravemente contra la estabilidad institucional (…) originadas en la endemia en que se ha convertido la corrupción” pues, según Hernández, por culpa de la corrupción se pierden 50 billones de pesos anuales.

Esa cifra, sin embargo, no tiene sustento. De hecho, calcular un número exacto es muy difícil. Transparencia por Colombia estima que, por cuenta de la corrupción, entre 2016 y 2020 estuvieron en juego 92,77 billones de pesos, de los que se perdieron 13,67 billones, aunque se recuperaron 4,94 billones. Sin embargo, la organización advierte que su fuente de información fue la prensa escrita, por lo que “no siempre se puede determinar cuánto dinero estaba destinado, fue apropiado o recuperado”.

En todo caso, no por eso deja de ser un problema. “El total del dinero perdido equivale a tres veces los recursos destinados para la atención a la primera infancia en el Presupuesto General de la Nación de 2020″, explica Transparencia Colombia.

Pero, ¿se justifica declarar conmoción interior por este motivo? Juristas consideran que no. Por ejemplo, Rodrigo Uprimny explica que medidas de ese tipo no pueden decretarse “para enfrentar problemas estructurales sino crisis ‘sobrevinientes'”, como bien aparece consignado en la sentencia C-145 de 2020 de la Corte Constitucional.

“La razón es obvia: los problemas estructurales deben ser tratados con los instrumentos ordinarios del gobierno, como las leyes o las medidas administrativas. Si permitimos que los gobiernos usen los poderes de excepción también para esos problemas estructurales, con el argumento de que son graves y requieren medidas urgentes, volveríamos a vivir en un estado de excepción permanente, con profunda erosión de la separación de poderes y la democracia”, dijo Uprimny en un análisis publicado en DeJusticia.

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Entonces, si Hernández llega a la Presidencia y cumple su promesa, es muy probable que la Corte Constitucional le tumbe la conmoción interior. Él, sin embargo, parece estar al tanto de eso e incluso lanzó una especie de desafío al alto tribunal. “Ese decreto tiene que estar revisado por la Corte Constitucional, pero, mientras lo revisa, queda en firme. Mientras lo tumba, si es capaz de tumbarlo la Corte. Vamos a ver”, dijo a Semana el pasado 17 de mayo.

En general, Hernández planea centrar su gobierno en la expedición de decretos por encima del trámite de leyes, y así lo reiteró este martes primero de junio en entrevista con W Radio: “Para volver al tema suyo de que se necesita Senado y Cámara y toda esa vaina: no, señor. Se necesita es pueblo, pueblo, que esté enterado (…)”.

El jurista José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, también ha hecho críticas al respecto.

¿Quiénes han decretado conmoción interior en Colombia?

Después de la Constitución de 1991, el primer presidente en declarar conmoción interior fue César Gaviria Trujillo y lo hizo dos veces, ambas durante 90 días. La primera fue en julio de 1992, después de una serie de atentados, para evitar que más de 1.300 sindicados de terrorismo y narcotráfico salieran de las cárceles. En ese tiempo, Colombia vivía la guerra de Pablo Escobar contra el Estado, y la Corte Constitucional declaró exequible la medida.

La segunda vez fue en mayo de 1994, con una justificación similar: evitar que 840 presos por terrorismo y narcotráfico recobraran su libertad. Sin embargo, la Corte Constitucional lo declaró inexequible.

César Gaviria Trujillo, expresidente de Colombia.
César Gaviria Trujillo, expresidente de Colombia.

Álvaro Uribe Vélez fue el otro presidente en decretar conmoción interior y, así como Gaviria, lo hizo dos veces, también durante 90 días.

La primera fue cuando recién llegó al gobierno, el 11 de agosto de 2002. Esta fue la justificación: “la Nación entera está sometida a un régimen de terror en el que naufraga la autoridad democrática y hace cada vez más difícil y azarosa la actividad productiva, multiplicando el desempleo y la miseria de millones de compatriotas”.

Tras recibir el aval del Congreso, Uribe Vélez prorrogó la conmoción interior dos veces más, la última en febrero de 2003. Durante ese tiempo, se le dio facultad al ya desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para hacer detenciones, se autorizaron los allanamientos sin orden judicial y se aprobó un impuesto para la seguridad democrática, entre otros. No obstante, en abril de 2003, la Corte Constitucional tumbó la última prórroga.

Álvaro Uribe Vélez
Álvaro Uribe Vélez

Y la segunda conmoción interior del gobierno de Uribe Vélez llegó en octubre de 2008, como una estrategia para contener el paro judicial que para ese momento ya completaba 36 días. El gobierno buscaba, por ejemplo, dar facultades para sustituir a los jueces que estuvieran protestando. De nuevo, la Corte Constitucional declaró inexequible la medida.

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