Consejerías presidenciales: las sacrificadas por el plan de austeridad del gobierno

La Presidencia de la República tiene 14 consejerías que le cuestan al país, anualmente, cerca 232.000 millones de pesos. El nuevo proyecto de reforma tributaria sería el camino para eliminar algunas de estas dependencias, pues el Ejecutivo sabe que debe apretarse el cinturón.

La austeridad y eficiencia en el gasto son dos de los componentes más importantes del proyecto de inversión social, con el cual el gobierno espera recaudar 15,2 billones de pesos. Si la iniciativa es aprobada, algo que parece muy seguro, el presidente tendría la facultad de eliminar varias entidades para cumplir ese objetivo.

Específicamente, el proyecto dice que el mandatario podrá, de manera extraordinaria, “suprimir, fusionar, reestructurar, modificar entidades, organismos y dependencias de la Rama Ejecutiva del poder Público del orden nacional”. Además, se planea disminuir el aumento de la nómina de entidades pertenecientes a la rama.

Aunque en la propuesta no queda especificado, varias voces advierten que las entidades a eliminar son las consejerías presidenciales. La medida cuenta desde hace varios meses con respaldo en las bases del Centro Democrático y en la mayoría de los partidos de la coalición gobierno.

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El representante a la Cámara Gabriel Santos ha sido uno de sus principales promotores. Para Santos, muchas de las consejerías son innecesarias. “Recortar el gasto público es entender que el dinero que gasta el Estado viene del esfuerzo de la gente para producir y así pagar impuestos. La duplicidad de funciones de las Altas Consejerías son ofensivas y onerosas”, dijo.

El representante ha dicho en varias oportunidades que, si fuera su decisión, eliminaría por completo todas las consejerías. María Fernanda Cabal es otra de las congresistas que ve en estas entidades una carga burocrática injusta.

Según la senadora, se trata de organismos de “pura corbata”. Además, agrega que “el presidente Iván se anotaría puntos a favor si reduce el gasto público y cierra esas consejerías inocuas. Se necesitan más recursos para el emprendimiento y los negocios de familia”.

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La información consignada en el Departamento Administrativo de la Función Pública señala que los consejeros presidenciales reciben un salario de 10.950.000 pesos. Un reportaje de La W asegura que la consejería con menos funcionarios emplea 18 personas y la que más tiene cuenta con 50.

Salario de consejeros presidenciales
Escala salarial de directivos en la Presidencia de la República – DAPRE

Cinco consejerías presidenciales hacen parte del Departamento Administrativo de la Presidencia, coordinado por Víctor Muñoz. En el despacho del jefe de gabinete, manejado por María Paula Correa, están inscritas otras seis consejerías. Por último, la Vicepresidencia cuenta con tres más.

En la lista de consejeros hay importantes figuras, como Jairo Clopatofsky, Emilio Archila, Nancy Patricia Gutiérrez, Clara Elena Parra Beltrán (esposa del exministro Alberto Carrasquilla) y Alejandra Botero Barco (hija de la diplomática Carolina Barco).

Otras medidas de austeridad

Además de reducir las consejerías presidenciales, la reforma tributaria también contempla reducir progresivamente los gastos de viáticos, papelería, publicidad, adquisición de vehículos y combustibles. La meta con esta reducción es generar un ahorro del 50 por ciento con respecto a los montos ejecutados en 2019.

Asimismo, se propone no renovar o adquirir teléfonos celulares y planes de telefonía móvil, internet y datos para los servidores públicos de cualquier nivel; de manera gradual. Por otro lado, está previsto implementar medidas para reducir el gasto de arrendamiento de instalaciones físicas, “considerando su costo, la situación de trabajo en casa, y teletrabajo”.

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También se propone “reducir de manera progresiva la suscripción de contratos de prestación de servicios técnicos o profesionales con personas naturales o jurídicas, salvo en los eventos en que no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades requeridas”.

El gobierno también tiene previsto reducir los costos de esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Esta entidad y la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional tendrán que realizar un estudio de sus esquemas y determinar cuáles se deben modificar o eliminar.

Durante los siguientes diez años, contados a partir del año 2023, los gastos de personal de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación no podrán crecer en términos reales”, agrega el proyecto.

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3 Comentarios

  1. Lo mas posible acabara cerrando entidades que si han funcionando y dejara las tales consejerias burocraticas inutiles que se crearon para pagar favores politicos y de campañas. Los sacrificados seran los empleados de medio y bajo rango como secretarias, tecnicos en sus diversas ramas y quedaran los altos cargos de inutiles burocratas.

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