Contradicciones de la Fiscalía, ¿gasolina que enciende el paro?

En medio de la protesta, la crítica a las instituciones ha estado en el centro del debate y los pronunciamientos de la Fiscalía han generado malestar.

El pronunciamiento de la Fiscalía respecto al caso de Alison Salazar, 13 días después de conocerse la noticia de que se habría suicidado tras denunciar agresiones por parte del Esmad en Popayán, indignó a sus familiares y también a las organizaciones feministas.

“La Fiscalía General de la Nación, con base en el análisis del material probatorio recaudado y actividades técnico-científicas y forenses, descartó la comisión del delito de acceso carnal violento dentro de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de esa ciudad”, informó el ente investigador el 24 de mayo y precisó que el proceso continúa a cargo de la fiscal coordinadora del Grupo de Género. 

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Sin embargo, este delito nunca estuvo en discusión, sino el acto sexual violento al que la habrían sometido agentes del Esmad durante la captura en Popayán. Ni Alison, ni sus padres, ni los abogados, ni los colectivos feministas denunciaron violación. 

“Salir a desmentir un delito que jamás se ha denunciado es una manera de manipular la investigación”, explicó a Diario Criterio la abogada Liliana Silva, del colectivo feminista Casa de la Mujer.

En la postura coincide Lizeth Montero, abogada que representa a la familia de Alison en la investigación penal. Para Montero, no hay duda de que, con esas posturas del ente acusador, se está revictimizando a los padres de la adolecente. 

Extinción de dominio a camiones, ¿viable? 

Hace 20 días el fiscal Francisco Barbosa anunció la extinción de dominio a camiones que participaran en el paro nacional y aseguró que un grupo especializado de esta entidad trabajaría en identificar las placas y los conductores de los vehículos, argumentando que con los bloqueos se generaba pánico económico.

Hoy la Fiscalía demostró que está cumpliendo la advertencia y decretó medidas cautelares con fines de extinción sobre 18 vehículos, camiones y volquetas que presuntamente fueron utilizados para bloquear las vías. Según la Fiscalía, estos hechos generaron afectaciones a los derechos individuales y colectivos y derivaron perjuicios económicos.

El fiscal insiste en que no se puede confundir el derecho a la protesta pacífica con “actos de terrorismo urbano”. En efecto, aunque para proceder a la extinción de dominio no tiene que haberse comprobado la responsabilidad penal, se tiene que sustentar que los bienes provienen de una actividad ilícita o son usados para ocultar el producto de un ilícito en lavado de activos, explicó a Diario Criterio Cesar Raúl Guzmán, abogado penalista y docente universitario. 

La ley de extinción de dominio incluye los bienes que se utilizan “para menoscabar la moral social”, lo que le daría la razón a Barbosa.

En principio, el fiscal tendría razón en extinguir los camiones de quienes están bloqueando, por ejemplo, el transporte de alimentos, combustible; pero como hay un derecho fundamental, el derecho a la protesta, protegido por la Constitución, este debe estar por encima de la ley de extinción de dominio”, explicó el abogado.

Mireya Camacho, PHD en Derecho, señala que la extinción de dominio solo la puede decretar un juez de extinción de dominio después de surtir un proceso que es diferente al proceso penal.

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“El fiscal puede decretar medidas cautelares, embargo o tomar posesión, pero la extinción solo la puede decretar el juez”, asegura Camacho.  

El anuncio de Barbosa aumentó la tensión con los camioneros que pidieron no ser tratados como delincuentes. “Sabemos que no estamos haciendo nada ilegal, solo estamos marchando, una legítima protesta, no tenemos ningún ilícito, no estamos transportando droga. Creemos que lo que hizo el fiscal alborotó más los ánimos, sus declaraciones son amenazas contra todo el pueblo colombiano”, dijo ese mismo día a Diario Criterio Jorge Diego Salazar, secretario general Fundación Camioneros de Colombia. 

Aun así, la Fiscalía argumenta que los camiones habrían sido utilizados como medio o instrumento para una “actividad delictiva descrita en el artículo 353 A del Código Penal (obstrucción a vías públicas que afecten el orden público)”.

¿Porte ilegal de tachuelas? 

Las autoridades intentaron dar un mensaje de contundencia y mano dura contra los vándalos al anunciar capturas masivas en varias zonas. Entre el 18 y el 21 de mayo, detuvieron 25 personas en Cali, 11 en Pereira y 15 en Cartago (Valle).

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La contundencia de esas acciones judiciales y la rigurosidad de las investigaciones quedaron en duda en los estrados judiciales, ya que los aprehendidos comenzaron a recuperar la libertad en el primer filtro de control de legalidad ante los jueces.

Un colectivo de abogados, integrado por los litigantes Uberney Marín Villada, Mario Díaz Cano, Santiago Díaz Henao, Juan David Londoño y Rolando Valencia, defiende de manera gratuita a los manifestantes capturados. 

Hasta el momento representan a 50 de ellos; la semana pasada fueron capturados 26, de los cuales 25 quedaron en libertad (14 en Cartago y 11 en Pereira), todos señalados o imputados por delitos como violencia contra servidor público, obstrucción de vías y atentados contra el servicio de transporte público.

Para los defensores judiciales, la estrategia desplegada por las autoridades en contra de los manifestantes “es una clara violación a derechos fundamentales, como el debido proceso, la protesta social y los derechos humanos”, explicó el abogado Díaz. 

Añadió que, dentro de esas capturas masivas, se han visto cosas tan absurdas como que al único joven cobijado con medida de aseguramiento en detención domiciliaria “se le imputó un delito que no existe dentro del código penal: porte ilegal de tachuelas, ya que lo único que le hallaron en el morral fueron 10 tachuelas que, según la Fiscalía, eran prueba suficiente para inferir que pretendía afectar el transporte público”

Su colega Uberney Marín no dudó en catalogar esas capturas como “falsos positivos judiciales”

2 Comentarios

  1. La ridiculez del fiscal narciso queda en evidencia ante estas capturas catalogadas por abogados que si conocen el derecho penal como “falsos positivos acusaciones. Es tan preparado este fantoche fiscal de bolsillo que solo tiene mierda en la cabeza.

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