Denuncian que millonario contrato para alimentación en cárceles estaría amañado

Según las advertencias de algunas veedurías ciudadanas, la licitación por más de 411.000 millones de pesos que busca adjudicar el contrato para la alimentación de los presos del país estaría diseñada para favorecer a las mismas empresas que por años han operado este servicio de forma deficiente.

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia (Uspec) abrió un proceso de licitación para contratar el suministro de la alimentación, durante nueve meses, para la población privada de la libertad. Se trata de un proceso que cuenta con un presupuesto de 411.507 millones de pesos, repartidos en 17 zonas del país donde hay presos a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Desde la publicación de la oferta, la Uspec ha recibido numerosos comentarios y reclamos por parte de veedurías y empresas interesadas que reclaman falta de garantías. Los cuestionamientos hablan del supuesto diseño de “pliegos sastre”; es decir, con condiciones que se ajustan a empresas específicas.

Lea también: Después de MinTic, ahora la Registraduría está en entredicho por un contrato de 1,2 billones para las elecciones

Para la Red Nacional De Veedurías Ciudadanas Bien Común, esto se refleja en condiciones como la que exige a los aspirantes demostrar que cuentan con el 50 por ciento de patrimonio líquido del total del contrato. “Con esto se estaría beneficiando solo a los grandes contratistas que ya han participado en el pasado”, dice la veeduría.

Por otra parte, la Red de Veedurías Ciudadanas por la  Transparencia en la Contratación Pública advierte que existen criterios de selección que no son objetivos, como la calidad. Para esta organización, incluir este tipo de condiciones favorece a los actuales contratistas.

Según la licitación, la calidad se medirá dependiendo el número de raciones servidas, lo que para algunas empresas es irregular, ya que la cantidad no refleja la satisfacción de las personas atendidas. “Al Calificarse la calidad con cantidad de raciones se considera ilegal porque se está favoreciendo a las empresas más grande o quienes han ejecutados grandes contratos, lo que está en contra del apoyo a las MYPIMES”, asegura una de las firmas interesadas.

Una de las observaciones que aparece firmada por la empresa Comestibles Xelha dice que la licitación también viola el derecho a la transparencia al exigir que los postulados tengan experiencia en recintos carcelarios. “Se solicita se amplié esta experiencia adicional a empresas que ejecutaron contratos en  colegios, instituciones, hospitales, eventos y demás”, dice el comentario.

Las críticas no para ahí. Otro reparo presentado al proceso advierte que la Uspec hará un descuento en el puntaje de las empresas que hayan sido sancionadas por incumplimiento durante los cinco años anteriores a la fecha de cierre. Para algunos postulados, la medida no es suficiente y debería extenderse a los sancionados durante los últimos 10 años, con el fin de evitar que entren al proceso empresas cuestionadas.

Además de las críticas de particulares y veedurías, el proceso cuenta con una advertencia del Ministerio de Justicia. En una carta enviada a la procuradora Margarita Cabello, el ministro Wilson Ruiz solicitó “vigilancia, prevención y acompañamiento frente al proceso licitatorio”. La misiva resalta que el acompañamiento preventivo se pide para “garantizar que el proceso sea totalmente transparente”.

Recomendado: Los desconocidos falsos positivos de Ciénaga que ahora persiguen al general Montoya

La historia de corrupción en la alimentación de las cárceles

La mayoría de cuestionamientos sobre este proceso surgen a raíz de los malos antecedentes que pesan sobre una buena parte de las empresas que hasta ahora han ganado los contratos. Según denuncias del propio Inpec, se ha encontrado que algunas empresas sirven menos comida de la contratada e incumplen normas de higiene y salubridad.

“Hay que tener en cuenta que esas empresas no solo suministran alimentos para cárceles y penitenciarias, sino también para estaciones de Policía. Es absolutamente impresentable que los operadores entreguen alimentos en descomposición, que haya reducción de las porciones de proteína y que los sitios de preparación de la comida sean inadecuados”, dijo en abril de este año el ministro Ruiz.

Lea también: “Detengan el etnocidio”: el desesperado llamado de los pueblos indígenas frente a la nueva ola de violencia

Incluso, el funcionario contó que fue testigo de cómo algunas porciones de comida en la URI de Puente Aranda estaban llenas de gusanos. Entre los casos más indignantes se encuentran los de Popayán y Cali, donde se encontró que algunas empresas preparaban los alimentos sobre aguas estancadas.

Un informe del Inpec revela que en un 80 por ciento de los centros carcelarios se reportaron fallas de calidad en los alimentos servidos. De igual manera, se evidenció que, en por lo menos 21 de estos establecimientos, se presentan incumplimientos de los contratistas.

Según las cifras del Presupuesto General de la Nación, la Uspec cuenta con un presupuesto de 1,2 billones de pesos. Un estudio de la Universidad Nacional dice que los millonarios contratos para la alimentación de los presos han tenido a la entidad por varios años bajo la lupa de entidades de control como la Contraloría.

“En enero de 2018 la Contraloría descubrió posibles sobrecostos en cuantía de 36.442.756 pesos, en las comisiones que fueron pactadas entre la Uspec y la Bolsa Mercantil de Colombia. En 2016, un informe de este organismo identificó sobrecostos, alimentos preparados sin asepsia, porciones de comida cuyo gramaje no corresponde a lo contratado, cocinas con roedores, comidas frías o que se entregan con retrasos de horas”, dice el estudio.

La profesora Angélica Pardo, del Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado, reseña que en 2016 la Uspec adjudicó un contrato a “una compañía sin tener en cuenta que previamente se había declarado en su contra un incumplimiento contractual”.

Señala la experta que la Uspec, si bien delega a los particulares el servicio de alimentación, sigue siendo la responsable del bienestar alimenticio de los reclusos. Varios estudios señalan que la calidad de la alimentación de los presos impacta directamente en la resocialización.

Le puede interesar: Se dispara la alerta sanitaria por migrantes en Necoclí