Los enredos tras la publicación de los contratos de vacunación

Una acción de tutela interpuesta por Janssen para proteger la reserva de los contratos firmados con Colombia terminó siendo el punto de partida para conocer los detalles y precios de las negociaciones del gobierno con Pfizer y AstraZeneca. Aunque algunos celebraron la publicación de los documentos, otros aseguran que el hecho puede afectar la relación con las farmacéuticas y, por ende, el plan de vacunación.

El Consejo de Estado respaldó este martes una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordena al Gobierno entregar al Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción una copia de los contratos de la compra de vacuna contra el covid-19.

Esta trama judicial se inició con un derecho de petición enviado por el instituto y el abogado Ramiro Bejarano a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En el recurso se solicitaba la publicación de los acuerdos firmados con cada farmacéutica para el suministro de los biológicos.

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El tribunal había ordenado entregar dichos documentos en un lapso de tres días. Sin embargo, un recurso de nulidad que interpuso el Gobierno y la tutela de Janssen, respaldada por Pfizer y AstraZeneca, habían retrasado el cumplimiento de la orden.

Desde el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Salud, aseguran que el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca tiene otros pendientes, como otro recurso de nulidad presentado por el mismo ministerio. Por esta razón, aseguran que aún no están obligados a revelar los contratos. Además, anuncian una posible impugnación.

Sin embargo, en medio de toda esta trama se conocieron varios documentos que hacen parte del expediente del Consejo de Estado. Se trata de algunos apartes que revelan detalles inéditos de las negociaciones, como los costos de las dosis y las condiciones de venta y distribución. 

¿Cuánto costaron las vacunas?

Hasta el momento, se sabe que las vacunas de Pfizer fueron negociadas por 12 dólares, precio para cada dosis. En cuanto a AstraZeneca, cada dosis habría costado 6 dólares. Los documentos también revelan que el gobierno asume el pago de impuestos en la negociación y exime de responsabilidades a las farmacéuticas por los posibles eventos adversos y riesgos de manejo y distribución.

Según las cuentas oficiales de las vacunas contratadas por el país, a Pfizer se le compraron 15 millones de dosis, mientras que a AstraZeneca 10 millones. Los cálculos indican que con la primera farmacéutica se habrían invertido 180 millones de dólares. En el caso de la segunda, la cifra sería de 60 millones de dólares.

La información que se conoce también habla de un anticipo del Gobierno a Pfizer, cercano a los 19 millones de dólares. Hasta el momento, se sabe que los contratos revelados con esta compañía habrían sido firmados en el mes de febrero, cuando solo se tenía planeado comprar 10 millones de dosis. AstraZeneca también habría cobrado, por adelantado, el 60 por ciento del valor del contrato.

Además de esto, los contratos revelan que el gobierno firmó cláusulas que le impiden sancionar a Pfizer por demoras en la distribución. Asimismo, se establece que las farmacéuticas serán los únicos dueños de la propiedad intelectual durante el desarrollo, fabricación y suministro.

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¿Fue un error revelar los contratos de vacunación?

El Instituto Anticorrupción ha sido la organización encargada de liderar la solicitud de publicación de los contratos, argumentando que el acceso a la información es un derecho fundamental. Este martes, el director del instituto, Camilo Enciso, reveló apartes de los contratos y dijo que habían sido publicados con “libre acceso” por el Consejo de Estado.

La decisión de este alto tribunal de negar la tutela de Janssen se produjo en las horas de la mañana, por lo que los documentos del expediente, entre estos algunos contratos, fueron cargados en la página de la entidad. Sin embargo, a las 11:00 de la noche del martes, el Consejo de Estado aseguró que la confidencialidad de los documentos no se levantó por orden judicial, sino por un error “involuntario”.

Este hecho le dio fuerza a la posición del Gobierno sobre la necesidad de mantener los acuerdos en secreto. Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, aseguró: “Estos contratos no son cualquier contrato y no hay sentencia judicial en firme en tal sentido. Es una irresponsabilidad en el manejo de la información de las vacunas que pone en riesgo el plan nacional de vacunación y la vida y salud de los colombianos”.

La polémica apenas empieza y desde ya muchos hablan de posibles demandas de las farmacéuticas o de cancelación en la distribución de las vacunas. En redes sociales, algunos aseguran que la responsabilidad recae sobre Enciso y el Instituto Anticorrupción, mientras que quienes defienden la transparencia en los contratos culpan al Consejo de Estado.

Otras voces llaman a la calma y piden no generar pánico con especulaciones sobre desabastecimiento de vacunas. Algunos aseguran que las empresas no retirarán el suministro a Colombia, pues esto generaría un golpe negativo a su imagen. Sin embargo, no descartan demandas de las farmacéuticas.

Aunque en muchos países se han presentado problemas similares por los contratos de vacunación, aún no es claro qué pasará en Colombia. A la fecha, Pfizer tiene pendiente entregar 3,7 millones de dosis; AstraZeneca 8,5 millones, Moderna 10 millones y Janssen 8,5 millones.

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