De las tanquetas a los pollos asados, las polémicas compras que enredan a la Policía

Una larga lista de contratos cuestionados, conocidos en los últimos meses, ha puesto bajo la lupa a esta institución. Biblias, gorras, uniformes y hasta armas son algunos de los objetos adquiridos que despiertan desconfianza en más de uno.

Por estos días, los escándalos de corrupción se roban los titulares en medios de comunicación y protagonizan las tendencias en redes sociales. La aparente pérdida de 70.243 millones de pesos por un contrato en el Ministerio de las TIC tiene a muchos colombianos indignados.

A la par de este escándalo también se han conocido otros que generan una fuerte reacción de rechazo en la ciudadanía. Se trata de varios episodios que involucran a la Policía Nacional, una institución con un 56 por ciento de desaprobación, según la última encuesta de Invamer.

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Esto se debe, en gran parte, a las críticas por su papel en las movilizaciones sociales de los últimos tres años. En este contexto ha recibido múltiples denuncias por uso excesivo de la fuerza y otros delitos por parte de sus miembros. Actualmente, esta institución afronta varios intentos de reforma estructural que, según los expertos, son urgentes, pero poco probables.

Las polémicas por supuesta corrupción o detrimento patrimonial empeoran la situación, pues desde varios sectores, especialmente desde la oposición, han pescado varias embarradas y polémicas.

Los refrigerios que no cuadran

Esta semana, el concejal de Bogotá Rubén Torrado, del Partido de la U, denunció un supuesto caso de corrupción en la Policía. Según él, tras revisar algunos documentos de la Secretaría de Seguridad, encontró un contrato para el “suministro de alimentos y bebidas para el personal de los organismos de seguridad que prestan servicios en el distrito capital”.

En otras palabras, se trata de la compra de almuerzos y refrigerios para policías, agentes del Esmad y soldados que atendieron las situaciones de orden público durante el paro. El contrato, firmado con la empresa Integral Servicios S.A.S., tuvo un costo de 7.549 millones de pesos y estuvo vigente por 13 meses, desde febrero de 2020 a marzo de 2021.

Según el concejal Torrado, en esta compra habría un detrimento cercano a los 871 millones de pesos. Su argumento se basa en los precios de algunos de los productos comprados, especialmente de 121.000 combos de comida, compuestos por medios pollos asados. Cada comida de estas costó 24.526 pesos, una cifra que no le cuadra al concejal.

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Él asegura haber hecho varias cotizaciones en el mercado, de las que obtuvo un precio promedio de 17.365 pesos para el pollo, por lo que habla de un sobrecosto de 7.000 en cada combo. Para Torrado esto demuestra un mal estudio de mercado por parte de la secretaría. “Solo se tuvieron en cuenta cinco cotizaciones, de las cuales había dos con valores por las nubes (39.500 y 36.000 pesos por combo)”, agrega el concejal.

La Secretaría de Seguridad se defendió y aseguró que la tarifa incluye los costos de empaque y envío hasta el lugar de trabajo de los uniformados. En el contrato también hay otros productos que para muchos están muy por encima de su precio comercial, como es el caso de un combo de almojábanas que costó 9.300 pesos por unidad.

367.000 gorras del antiguo uniforme de la Policía

El senador Wilson Arias, del Polo Democrático, aseguró que la institución contrató, en el segundo semestre de 2020, la compra de 367.000 gorras verdes por un costo de 9.400 millones de pesos. Según el congresista, lo más curioso del caso es que en el país solo hay cerca de 170.000 uniformados.

Por otro lado, cuestionó que la Policía haga la compra pocos meses antes del cambio total de los uniformes. Las directivas de la institución salieron al paso de las críticas. El general Henry Sanabria, director administrativo y financiero de la Policía, dijo que la cantidad es alta porque piensan dar dos unidades a cada agente.

Además, dijo que no se trata solo de gorras verdes, sino también de algunas negras para los miembros del Esmad.

Arias también ha criticado fuertemente la falta de información sobre los costos que implica el cambio de uniformes en la Policía. “¿Qué lleva a la Policía  a ocultar los costos totales del cambio de imagen (uniformes, vehículos e infraestructura)? Ahí no hay ningún gasto ‘reservado’, ni de seguridad nacional”, aseguró al respecto.

Aunque para muchos se trata de contratos y cambios necesarios, otros critican que este tipo de compras no van acorde con la política de austeridad y gasto social impulsada desde el gobierno.

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¿Ciberespionaje en la Policía?

A finales de julio se conoció que la entidad, desde la Dirección de Inteligencia, había firmado un contrato por 4.291 millones de pesos para la compra de una herramienta de inteligencia artificial. Uno de los que criticó el hecho fue el concejal de Bogotá Diego Cancino, quien aseguró que se trataba de un software para realizar ciberespionaje.

En medio de esta polémica se supo que una de las empresas que forma parte del consorcio que se quedó con el contrato es Mollitiam. Se trata de la misma compañía que salió salpicada en el escándalo de las carpetas secretas y perfilamientos del Ejército en 2019. 

Por esta razón, organizaciones como la Fundación Karisma cuestionaron el caso. Según Carolina Botero, directora de Karisma, el país cuenta con una normatividad clara al respecto, por lo que ese tipo de herramientas podría usarse para violentar varios derechos de los colombianos.

La Policía señaló que se trata de una estrategia más para atacar delitos como la pornografía infantil, la estafa, entre otros. Sin embargo, no dijo nada al respecto sobre la participación de la cuestionada empresa Mollitiam. Cabe resaltar que esta no es la primera vez que la Policía recibe un cuestionamiento similar, pues en 2020 también compró un software para analizar las redes sociales.

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Tanquetas, municiones y armas

En mayo se denunció la existencia de varios contratos millonarios para la compra de elementos destinados a la Policía y el Esmad. El primero de ellos tiene que ver con la compra de cuatro drones de última tecnología. Cada uno de estos costaría cerca de 104 millones de pesos, lo que suma unos 417 millones de pesos.

Un segundo contrato cuestionado es el que autoriza el gasto de unos 10.495 millones de pesos en armas y municiones que, según la justificación de la compra, están destinados para que la Policía cumpla “su misión y en especial la descrita en el Plan Nacional de Desarrollo, adquiriendo elementos que permitan salvaguardar la integridad de los policías”.

Entre los elementos adquiridos se encuentran 57.000 cartuchos de gas, por un valor de 3.340 millones de pesos; 34.600 cartuchos de 40 milímetros, que cuestan 56.000  pesos la unidad y 6.571 cartuchos impulsores. Según un reporte de La W, también se compraron 10.000 granadas de gas, 5.600 de aturdimiento, 5.800 multi-impacto y 4.000 de humo de colores. Tan solo en granadas, el gasto fue de 4.100 millones de pesos.

Una investigación del portal Cuestión Pública revela que, entre 2017 y 2021, varias entidades suscribieron 30 contratos por más de 45.600 millones de pesos. El dinero se usó para adquirir armas de letalidad reducida y elementos de dispersión. “Esto demuestra que para este gobierno es más importante la guerra que entablar un diálogo para salir de la crisis social”, dijo al respecto el concejal Cancino.

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Otros contratos polémicos en la Policía

Hace algunas semanas también se difundió la noticia de la compra de 720 biblias ordenadas para la capellanía general de la Policía. El proyecto generó varias críticas e indignación, pues a muchos les pareció exagerado gastar 36 millones de pesos en estos artículos, estimado cada uno en 50.000 pesos.

Incluso, la oposición a la compra fue tan fuerte que una tutela interpuesta por una asociación de ateos logró frenar el contrato. Finalmente, el juzgado 15 laboral de Bogotá falló a favor del tutelante declaró inconstitucional el proceso al considerar que “el Estado rompe con la neutralidad que debe mantener ante los diferentes credos religiosos profesados por los colombianos y está favoreciendo, mediante la destinación de recursos públicos, la promoción de un símbolo religioso”.

Luego de esta decisión se supo que la Iglesia católica decidió donar las biblias requeridas a la institución. A esta lista se suman escándalos como el de las vacaciones a San Andrés y Cartagena que la Alcaldía pagó a algunos integrantes de la Policía Metropolitana como parte de un plan de incentivos.

Asimismo, se pueden contar otros casos sobre los que existe menos claridad, como los supuestos hechos de corrupción en temas de aviación, contratación, fuga de información y de uniformados ligados al narcotráfico. Estos casos generaron una fuerte pelea entre el exdirector de la Policía, general Óscar Atehortúa y William Salamanca, encargado de investigar las irregularidades de la institución.

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