Les llegó la hora final a los contratos por prestación de servicios

El Gobierno busca que los 911.000 trabajadores públicos bajo esa modalidad de contratos sean vinculados a una planta temporal, pero hay dudas. ¿Por qué?

Mientras los colombianos se alistaban para recibir el año nuevo, el Gobierno del presidente Gustavo Petro emitía la circular conjunta a través de la cual se daba línea sobre la manera de como se formalizarán los 911.000 contratistas por prestación de servicios de las entidades públicas nacionales y territoriales del país.

Dicho en otras palabras y tal como lo prometió en campaña, este año el presidente Petro le pondrá fin al abuso que se viene cometiendo con los contratos por prestación de servicios dentro del sector público.

Y para ello, les pidió al Departamento Administrativo de la Función Pública y a la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) elaborar una circular conjunta con las directrices para cumplir esa promesa de campaña.

Fue así como el 29 de diciembre de 2022, esas entidades emitieron la circular conjunta 100-005 con los lineamientos del plan de formalización del empleo público en equidad, dirigida a los órganos, organismos y entidades del sector central y descentralizado de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial, cuyos efectos comenzaron a partir del primero de enero de este año.

“La Formalización Laboral es uno de los principales compromisos del señor presidente Gustavo Petro y por medio de la creación de plantas temporales lo vamos a llevar a cabo en la administración pública. Con esto buscamos dignificar la labor de quienes trabajan en el Estado, premiar el mérito y brindarles a los trabajadores todas las prestaciones de las que carecen como contratistas”, expresó César Augusto Manrique, director de Función Pública. 

Sin embargo, desde algunos sectores ven con preocupación la falta de tiempo, planeación legal y presupuesto para cumplir a cabalidad con esa orden presidencial. ¿Por qué?

Le sugerimos: La guerra de Los Flacos y la mafia en el norte del Valle y Risaralda (II)

Uso racional de contratos

Lo primero que se debe aclarar es que la directriz Presidencial no prohíbe de tajo los contratos por prestación de servicios, sino que los reduce al uso racional y de manera excepcional, solo en aquellos casos esenciales.

“Los destinatarios de la presente circular deberán vincular, mediante contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión previsto en la ley de contratación estatal, únicamente al personal que requieran de acuerdo con las finalidades que la misma ley prevé y autoriza para esta modalidad de contratación”, dice el documento técnico.

El otro punto que llamó la atención de los mandatarios locales es que esa Circular conjunta estipula que la duración máxima de esos contratos por prestación de servicios no podrá ser mayor a cuatro meses, lo que ha sido interpretado como el tiempo límite para comenzar la formalización laboral a través de las plantas temporales.

“La contratación directa a través del contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión deberá tener un término de duración de cuatro meses, plazo este durante el cual los órganos, organismos y entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial deberán elaborar los estudios técnicos requeridos y establecer la planta temporal de personal necesaria y suficiente que supla las necesidades misionales y administrativas que se requieran”, explicó el documento técnico elaborado conjuntamente por Función Pública y la Esap.

Le puede interesar: Dilian Francisca y la maraña de contratistas de la salud en Cali y Valle del Cauca

Otro dato llamativo que aclaró ese documento es que, para el proceso de formalización laboral en las plantas temporales que se crearán, exige cupos porcentuales para trabajadores jóvenes, discapacitados o en condición de vulnerabilidad.

“(…) respecto de su provisión deberán, en condiciones de igualad, otorgar como mínimo un 10% para los jóvenes entre 18 y 28 años de edad, incluir personas con discapacidad de acuerdo con los porcentajes señalados en el Decreto 2011 de 2017: y el 5% para otras poblaciones vulnerables tales como comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, víctimas de la violencia, entre otras, buscando siempre la paridad de género”, aclaró la Circular conjunta.

Menos contratos más nómina oficial

Contratos por prestación de servicios no van más.
Función Pública estima que hoy existen 911.000 contratos por prestación de servicios en el sector público. Foto: especial.

Pocos se oponen a esa medida que busca formalizar y dignificar el empleo público, pero hay quienes advierten que el tiempo otorgado (4 meses) para llevar a cabo esa transformación es irrisorio.

Así lo explicó Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Nacional de Municipios (Fedemunicipios), quien, a través de un comunicado, dice estar interpretando la preocupación de los alcaldes que hacen parte de esa entidad.

Toro argumentó que la Circular tiene tres problemas que llevarían a su incumplimiento: la Ley de Garantías que habrá este año, por cuenta de las elecciones; la falta de presupuesto para sostener las plantas temporales y los límites legales que impone la Ley 617 de 2000, sobre los gastos de los municipios.

“Con el objeto de cumplir con los propósitos de sostenibilidad de la deuda y generación de ahorro corriente, los municipios han terminado por ajustar sus plantas de colaboradores a una mínima expresión”, dijo el director de Fedemunicipios.

Toro añadió que, en muchos casos, los municipios tendrán que realizar procesos de Reestructuración Administrativa para crear las plantas temporales de las que habla la Circular, pero obligarlos a adelantar esos procesos “(…) en tan solo 4 meses de plazo, pone de presente que la gran mayoría de municipios (en especial 1.033 municipios de categorías 4, 5 y 6) no tienen los recursos para financiar los estudios de planta que la ley exige en estos casos”.

Finalmente, concluyó que la entrada en vigencia de la Ley de Garantías por cuenta de las elecciones territoriales será otro palo en la rueda para cumplir con la Circular.

“…La nómina del respectivo ente territorial o entidad no se podrá modificar dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, salvo que se trate de provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa”.

Así defienden la formalización laboral

Contratos por prestación de servicios no van más.
Contratos por prestación de servicios no van más.

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, destacó que “es imprescindible que, de manera inmediata, se dé inicio, en todas las entidades públicas, al proceso gradual y sistemático de la formalización del empleo público en equidad, porque debemos mejorar las condiciones de las y los trabajadores vinculados a través de los contratos de prestación de servicios, muchos de los cuales han sido despojados de los derechos mínimos e irrenunciables”.

Fernando Grillo, procurador delegado para la prevención, se refirió a la importancia de entender la figura del contratista y su alcance: “Los contratos por prestación de servicios no van a desaparecer. Lo que hay que hacer es contratar para lo estrictamente necesario. El Estado debe brindar igualdad a los trabajadores”.

Mientras que el contralor delegado para la Gestión Pública, Julio César Cárdenas, explicó que, “con la formalización del empleo público vamos a mejorar el desempeño institucional asociado al criterio de mérito en la provisión de personal y, así, aumentar la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad”.

Por su parte, el magistrado auxiliar de la sección segunda del Consejo de Estado, César Augusto Barragán, se refirió en estos términos en torno a los riesgos que implican los contratos por prestación de servicios.

“La simulación de un contrato estatal de prestación de servicios para evadir el pago de prestaciones sociales no solo es contraria a la Constitución y a la ley, sino que conduce a la precarización de las condiciones socioeconómicas de los trabajadores, el Plan Nacional de Formalización acaba con estas ilegalidades”.

Finalmente, Jorge Iván bula, director de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap), resaltó que, “la meritocracia debe ser el principio fundamental del acceso al servicio público. Solo así podremos construir una sociedad más equitativa que promueva la igualdad social. La formalización del empleo en el sector público acaba con el clientelismo, favoritismo, nepotismo, de la actual contratación”.

Solo el tiempo nos dirá si la promesa de campaña del actual presidente Gustavo Petro de ponerle fin a los abusos con los contratos por prestación de servicios en el sector público será una realidad o terminará empantanada por problemas presupuestales o legales.

Puede leer: El multimillonario negocio en el que coinciden Jeff Bezos, Maluma, Gilinski y los hijos del expresidente Uribe

0 Comentarios

Deja un comentario

Diario Criterio