COP26: la distancia entre la Colombia que Duque exhibe en Glasgow y la real

Colombia asistió a la conferencia climática como el país con las metas más ambiciosas en reducción de emisiones y protección de los ecosistemas de América Latina. El presidente Iván Duque se mostró como el abanderado de la ecología, pese a que el país no pasa por el mejor momento en términos medioambientales.

Colombia es uno de los 120 países que hace parte de la COP26, la cumbre mundial contra el cambio climático que comenzó el pasado 31 de octubre y que se extenderá hasta el próximo 12 de noviembre.

En Glasgow (Escocia), una comisión encabezada por el presidente Iván Duque, y el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, explicó las metas del país para cumplir con lo pactado en el Acuerdo de París. Y con ellas, negociar más recursos para darles cumplimiento. 

Objetivo que ha empezado a lograrse. Colombia recibirá dinero de los europeos para detener la deforestación. Se trata de un acuerdo en el que Alemania, Noruega y Reino Unido se comprometen a dar 366 millones de dólares hasta 2050. Un primer desembolso será de 33,5 millones.

Se conoce que 60 millones serán destinados para pagos por reducción de emisiones verificadas y 106 millones se utilizarán en la implementación de objetivos y políticas, lideradas por entidades locales como el Ministerio de Ambiente y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

La principal motivación para hacer estos aportes es que Colombia ha tenido grandes resultados en su lucha contra la deforestación, gracias a la construcción de “unas políticas climáticas robustas” e “inspiradoras”, de acuerdo con los representantes de los países europeos. 

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Estas afirmaciones, sin embargo, se distancian de lo que se vive en el interior del país. Solo en 2020 se perdieron 171.685 hectáreas de bosque, un crecimiento del 8 por ciento frente a 2019. Datos que casi cuadruplican el compromiso que Colombia presentó el año pasado ante la ONU de tener una tasa de deforestación bruta no superior a 50.000 hectáreas anuales. 

De hecho, para la organización Climate Action Tracker (CAT) las metas y políticas actuales de Colombia para reducir sus emisiones son “altamente insuficientes”, porque la deforestación continúa a niveles muy altos y porque no se han implementado las acciones anunciadas años atrás. Así mismo, de acuerdo con la CAT, todavía necesita desarrollar otras políticas si quiere adaptarse al cambio climático.

Aun así, Colombia asistió a la COP26 como el país con las metas más ambiciosas de América Latina en materia ambiental y anunció nuevos compromisos. 

Los anuncios versus el panorama del país

Por un lado, el presidente dio a conocer que declarará el 30 por ciento del territorio colombiano como área protegida para 2022. Una apuesta global, puesto que, desde el año pasado, varios Estados firmaron compromisos para proteger el mismo porcentaje de sus territorios para 2030, con el fin de mitigar la pérdida de biodiversidad. El anuncio de Duque adelanta esta meta unos ocho años. 

“Sabemos que el reto más importante es cómo conectar el financiamiento con la conservación de ecosistemas. No es cuestión de declarar el 30 por ciento, sino de cómo protegerlos y conectarlos con el financiamiento verde”, señaló el mandatario. Esto, a partir de las enormes áreas de los parques naturales y reservas que hoy tiene el país.

Esta meta, sin embargo, se contrapone a la situación de las zonas protegidas del país. Este año, la iniciativa de la sociedad civil Parques Cómo Vamos presentó un informe en el que dio cuenta del estado actual de estas áreas. De acuerdo con la organización, de los 58 Parques Nacionales Naturales que existen (PNN), 35 presentan algún tipo de amenaza a sus ecosistemas, 30 tienen cultivos de uso ilícito y en 32 hay registros de deforestación, práctica que ha significado la pérdida de cerca de 20.000 hectáreas. 

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“Colombia tiene 31 millones de hectáreas bajo protección del Sistema de Parques Nacionales, pero existe una débil gobernanza multinivel y multiactor que impide una mejor gestión de la inmensa biodiversidad del país”, concluyó la organización. 

Para atender la crisis generada por el cambio climático, el mandatario presentó la estrategia ‘Camino a Cero’, con la que se espera que el país alcance la neutralidad de carbono para 2050 y reduzca 51 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. 

Otra meta ambiciosa pero que contrasta con la realidad. En el país los sectores económicos que aportan la mayoría de las emisiones no han hecho ningún compromiso. En la ganadería no hay un plan al respecto. Cabe anotar que esta es la segunda actividad más contaminante (que aporta el 22 por ciento de las emisiones) y ocupa el 30 por ciento de la tierra productiva del país, cuando, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), no debería sobrepasar el 13 por ciento. 

A esto se le suma, por un lado, que el país no cuenta con una fecha fija para la eliminación gradual de los combustibles fósiles, por lo que el sector del transporte continuará generando el 12 por ciento de las emisiones del país. Por otro lado, hay sectores económicos que también son altos contaminantes pero que tienen lobby en el Congreso y hacen presión para evitar medidas que limiten su actividad. 

En su participación en la cumbre, el presidente también recordó que el país tiene una nueva ley de delitos ambientales, sancionada el pasado 4 de agosto, que penaliza la deforestación y crea otros cinco más. “Hemos asumido el reto de tener una nueva ley que sanciona con claridad los delitos ambientales”, dijo el mandatario en una intervención en Glasgow. 

Esta, no obstante, parece no tener dientes, como muchas de las normas en la misma materia. Las autoridades todavía no han podido determinar quiénes son las grandes cabezas que impulsan la deforestación y que está acabando con paraísos biodiversos como la Amazonia. 

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El estancado Acuerdo de Escazú, radicado una vez más

El pasado viernes, el viceministro de Ambiente, Francisco Cruz, radicó nuevamente el Acuerdo de Escazú. Así lo hizo saber desde la COP26 el ministro de Ambiente. Esta vez, a diferencia del primer intento (hundido en la pasada legislatura), el proyecto no lleva mensaje de urgencia.

Para varios sectores de la sociedad, incluidos algunos políticos, el hecho de que el Gobierno haya hecho el proceso de cara a la conferencia climática demostraría una estrategia para aparentar compromisos que no se han cumplido. 

Uno de los primeros en referirse al hecho fue el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, quien calificó al Gobierno de “oportunista” en sus redes sociales. “Es evidente que el único propósito de radicar sin mensaje de urgencia la ratificación del tratado de Escazú es la de mandar una imagen superficial y falaz sobre el hecho de que este Gobierno tendría una política para contrarrestar los efectos del cambio climático”, escribió en Twitter. 

A su vez, Sandra Ramírez, del Partido Comunes, manifestó también que el obrar del Gobierno es “hipócrita” al querer demostrar que están ejecutando sus promesas. “Llegaron al evento y justo radican el Acuerdo de Escazú sin mensaje de urgencia. O sea, como para que digan que trabajan por el medioambiente, pero sabemos que lo hundirán las mayorías con el aval del presidente”, escribió en su Twitter.

Lo cierto es que el proyecto parece no tener futuro, ya que no posee mayorías en el Congreso, como sucedió en el intento anterior. De hecho, nuevamente empiezan a oírse voces que se oponen. Este es el caso, por ejemplo, del representante a la Cámara por el Centro Democrático Juan David Vélez, quien manifestó que fue un “error garrafal” volver a radicar el proyecto de ley, puesto que “la socialización del acuerdo ha confirmado el rechazo de la totalidad del sector productivo del país y la problemática de riesgo a nuestra soberanía jurídica”.

Vélez hizo referencia a la estrategia implementada por el Gobierno con el fin de que el proyecto fuera entendido y conocido en todo el territorio nacional. El argumento detrás de esta decisión fue que se tenían que generar consensos en torno a la iniciativa. Sin embargo, para la oposición esta fue una ‘jugadita’ para no tramitarla. 

El Acuerdo de Escazú, un compromiso firmado por 24 países de la región y ratificado por 12 de ellos, es una herramienta con la que se busca proteger el medioambiente y los derechos humanos, garantizando la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Esta iniciativa, no obstante, no ha avanzado en el país, lo que es especialmente preocupante puesto que esta establece la protección de los ambientalistas, quienes son víctimas constantes por su lucha de la protección de los territorios y la vida.

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