Respaldar la JEP, punto clave del acuerdo de Duque con la Corte Penal Internacional

El presidente Iván Duque y el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, firmaron este jueves un acuerdo con el que se cierra el examen preliminar que se abrió contra Colombia en 2004 para estudiar la situación de derechos humanos.

La decisión se logró, en parte, gracias a los avances que se han dado dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en casos de violaciones de derechos que estaban estancados.

Por esa razón, el acuerdo contiene una serie de compromisos “para garantizar el sostenimiento y el fortalecimiento de los notables avances registrados por entidades fiscales y judiciales internas, en particular por la Jurisdicción Especial para la Paz [JEP]”, dice la CPI en un comunicado.

“El dolor y el sufrimiento de las personas que se han visto afectadas están siendo escuchados bajo la JEP. Por eso hay que seguir apoyando a la JEP”, dijo el fiscal de la CPI, y añadió: “El tribunal está funcionando bien, pero requiere apoyo continuado”.

En ese sentido, la firma del compromiso puede verse como un gran espaldarazo al Acuerdo de Paz y las actuaciones de la JEP, cuya legitimidad ha sido cuestionada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático, el partido de Gobierno.

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Esta afirmación, además, contradice las posturas que han defendido a rabiar figuras del Centro Democrático, como la senadora Paloma Valencia, que asegura que en “la JEP las víctimas no tienen voz”.

En todo caso, más allá de lo dicho por Khan, lo cierto es que hay un documento firmado por el propio presidente Duque con un compromiso claro para respaldar a la JEP.

El compromiso de Duque con la CPI

El artículo 1 del acuerdo firmado no deja lugar a dudas: el Gobierno de Colombia debe seguir “apoyando los procesos pertinentes ante las diferentes instancias judiciales interconectadas, incluyendo la justicia ordinaria, el sistema de Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz”.

También debe salvaguardar “su marco constitucional y legislativo establecido y su estructura”, asignarle el presupuesto adecuado para su funcionamiento y prevenir “cualquier interferencia con sus funciones”.

Asimismo, Duque se comprometió a proteger y garantizar la seguridad de los funcionarios judiciales y facilitar la cooperación entre la Fiscalía General de la Nación y la JEP.

Además, el Gobierno de Colombia tendrá que seguir informándole a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre los procesos que se adelanten en Colombia “y le facilitará el acceso a los registros y documentación pertinentes que ella solicite”.

Por otro lado, el fiscal de la CPI abre la puerta para reconsiderar su posición sobre Colombia en caso de que haya “cualquier cambio significativo de las circunstancias”. Por ejemplo, que se adelanten iniciativas que afecten el “funcionamiento adecuado de las jurisdicciones pertinentes; o cualquier suspensión o revisión del esquema judicial establecido en el Acuerdo de Paz de manera que pueda retrasar u obstaculizar el desarrollo de procedimientos nacionales genuinos”. En este punto, el documento dice que se fortalecerá la comunicación con las entidades colombianas, incluida la JEP.

Las reacciones

La Jurisdicción Especial para la Paz, en un comunicado, celebró el acuerdo entre el fiscal de la CPI y el presidente Duque: “Esta decisión representa un sello de la más alta calidad, en derecho penal internacional, sobre los beneficios, las sanciones, los procedimientos, el esfuerzo y los resultados de la JEP”.

La JEP dice, asimismo, que el compromiso también se logró gracias a que Khan reconoció que “las sanciones de la JEP cumplen satisfactoriamente los más altos estándares del derecho penal internacional que aplica la Corte [Penal Internacional].

Cabe recordar que, según el Acuerdo de Paz, quienes sean admitidos en la Jurisdicción Especial (exguerrilleros, miembros de la fuerza pública y terceros civiles) podrían pagar sanciones de cinco a ocho años de “restricción efectiva de la libertad en establecimientos no carcelarios”, siempre y cuando aporten a la verdad. En caso de que no hagan ese aporte, tendrán que pagar condenas de hasta 20 años de prisión. Este es uno de los puntos de la justicia transicional más criticados por el uribismo.

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Este pronunciamiento de la JEP disiparía los temores de Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, quien había advertido que la decisión del fiscal de la CPI podría dejar la JEP “más expuesta ante ataques contra su independencia”.

“Tan pronto se advierta interferencia grave en la JEP, en ese instante nosotros seremos los primeros en solicitar, la intervención inmediata de la CPI. Esto está previsto en el acuerdo firmado”, dijo al respecto el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP.

El acuerdo al que llegaron el presidente y el fiscal de la CPI también puede verse como ironía, pues a principios de 2019 el propio Duque presentó objeciones a seis artículos de la Ley Estatutaria que le daba a la JEP los parámetros para funcionar.

Aunque la Corte Constitucional tumbó las objeciones y la jurisdicción especial empezó a operar, desde el Centro Democrático no han dejado de lanzarse propuestas para reformar la JEP. La propia Paloma Valencia insistió en el tema durante la entrevista que le concedió a Diario Criterio hace algunos días.

Pero, más allá de esas afirmaciones, es claro que la JEP fue clave para que la CPI cerrara el examen que le abrió a Colombia.