Crisis humanitaria en Colombia, van más de 75.500 desplazados y confinados en 2021

Miles de personas atraviesan por la misma tragedia, una y otra vez, en diferentes lugares del país. La violencia se ha recrudecido y sus estragos se evidencian en las cifras de confinados y desplazados que ya deja 2021.

En los primeros seis meses del año, 44.647 personas tuvieron que desplazarse en Colombia, según los registros de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA por sus siglas en inglés). La cifra, de por sí alarmante, representa un incremento del 193 por ciento respecto al mismo periodo de 2020, incluso ya supera el total del año pasado.

Solo en junio, 3.052 personas tuvieron que abandonar sus hogares en Antioquia, Nariño y Cauca por las amenazas directas, hostigamientos y enfrentamientos de grupos armados. Y en este mes, que no está incluido en el informe, ya se reportan más de 4.000 desplazados solo en Ituango. 

A este preocupante panorama se le suma que quienes se movilizan forzosamente se enfrentan a múltiples necesidades. Por poner un ejemplo, las más de 2.300 personas, la mayoría indígenas, que salieron de zona rural de Tierralta (Córdoba) hacia Montería a principios de mayo, siguen ubicadas en el parque principal de esa capital.

La OCHA advierte que no tienen alojamientos temporales “con condiciones dignas de habitabilidad, e inclusive se evidencian condiciones deplorables en cuanto al acceso a agua, saneamiento e higiene y servicios de salud”. Y esta situación es la misma por la que han pasado miles de desplazados que huyen de la violencia y se enfrentan al hambre, las inclemencias del clima, la incertidumbre y las desesperanzas.

También le puede interesar: El peligroso rearme del paramilitarismo en Córdoba

La otra cara de esta crisis son las 30.902 personas que entre enero y junio tuvieron que confinarse por las amenazas o acciones de grupos armados. En junio, la OCHA no reportó confinamientos, pero se conocieron tres hechos ocurridos en mayo que no se incluyeron en informes anteriores. Estos se presentaron en Medio San Juan (Chocó), Pueblo Rico (Risaralda) y Puerto Leguízamo (Putumayo). El último caso es el de la comunidad indígena Muina Murui que salió de su resguardo por la siembra de minas antipersonales en sus territorios.

Desplazamientos y confinamientos 2021. Por: OCHA

La organización advierte que la lejanía en los tres casos “ha impedido la respuesta humanitaria por limitaciones geográficas y por falta de garantías de seguridad para el acceso de organizaciones”.

De igual forma, comunidades de zonas rurales en Meta, Magdalena, Cauca, Putumayo, Norte de Santander y Nariño denuncian la distribución de panfletos con amenazas de grupos armados que, incluso, imponen restricciones a la movilidad “además de extorsiones ante promesas de protección y seguridad de la población civil y sus propiedades”. Estos departamentos, junto con Antioquia y Valle del Cauca, presentan la mayor cantidad de homicidios de civiles asociados con violencia armada.

En Magüí Payán (Nariño) se reportaron asesinatos de líderes comunitarios y sus familias “por visibilizar la situación humanitaria de la región”. Y en Antioquia, un personero municipal renunció ante las amenazas de un grupo armado. Hechos que dificultan aún más las denuncias.

A todo lo anterior se le suman las minas antipersonales. En junio, grupos armados advirtieron la instalación de dichos artefactos en zonas rurales aledañas a Medellín. También la Organización Indígena de Antioquia denunció la instalación en resguardos indígenas de Murindó, municipios del Bajo Cauca, Urabá y el noroccidente antioqueño.

La situación restringe el acceso humanitario a resguardos indígenas y zonas rurales de Dabeiba, Frontino, Murindó, Ituango y Vigía del Fuerte. En junio también se reportaron accidentes con minas antipersonal en La Paz (Guaviare), Murindó y Dabeiba (Antioquia) y Tierralta (Córdoba).

Llevar el apoyo humanitario a otras zonas también es complicado. En Toribío (Cauca), Convención (Norte de Santander) y Buenaventura, actores armados retuvieron personal en misiones interinstitucionales.

El 56 por ciento de los afectados por desplazamiento masivo son afrocolombianos y el 83 por ciento de los confinados son indígenas.
Por: OCHA

Nariño

Este es el departamento que más desplazamientos presentó en el primer semestre del año. De hecho, concentra más de la mitad del total de personas desplazadas en todo el país, con 23.558. También hubo 4.218 personas confinadas en seis meses.

En la región del Telembí, donde se ubica Roberto Payán, Magüí Payán, Barbacoas y Tumaco, al menos 2.770 personas se desplazaron en junio. Aún no se registran confinamientos, pero es muy probable que ocurran por las restricciones a la movilidad. Aunque las autoridades hicieron un llamado al cese al fuego, los enfrentamientos entre grupos armados continúan en esta zona del país.

Las administraciones municipales de Roberto Payán, Magüí Payán y de Tumaco y Barbacoas, que recibieron a quienes tuvieron que movilizarse forzosamente, informaron que sus capacidades están desbordadas y no pueden atender de manera integral a la población afectada por la violencia, mientras las organizaciones humanitarias denuncian que no tienen condiciones adecuadas de seguridad para brindar apoyo. De El Charco, Olaya Herrera, La Tola, Mosquera, Leyva y Santa Bárbara también se movilizaron masivamente personas este año.

La violencia se recrudeció en este departamento, apetecido por los grupos armados como un punto estratégico para el narcotráfico. Según el último informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Desarrollo y Paz (Fundepaz), en 2020 había 15 grupos armados ilegales en Nariño.

El documento, titulado El Regreso de la Horrible Noche, se sustenta en el recrudecimiento de la violencia sociopolítica evidenciada en masacres, desplazamientos, amenazas. Tanto así, que la organización afirma que la situación solo es comparable “con la que la región experimentaba antes de que entrara en vigor el Acuerdo de Paz”.

Cauca

La disputa territorial entre grupos armados mantiene en zozobra a los caucanos. En este territorio, que siempre ha sido una zona de disputa entre grupos armados, ya se reportan 4.247 desplazados entre enero y junio de 2021 en Argelia, Caloto, Timbiquí y Guapí.

En los últimos días, que no están en el periodo del informe, 85 familias llegaron al casco urbano de Santander de Quilichao provenientes de zona rural de ese municipio y de Buenos Aires (Cauca). Los combates entre grupos armados y Ejército son la causa.

Una de las situaciones humanitarias más preocupantes se evidencia en Argelia. En el primer semestre de 2021 se presentaron, al menos, seis desplazamientos masivos en ese mismo municipio, con 3.140 personas afectadas. Es válido recordar que a principios de este año se conoció el asesinato del concejal, Fermiliano Meneses, y el posterior desplazamiento de los demás miembros del concejo municipal por temor a las amenazas de los grupos armados.

Le puede interesar: Ni un metro cuadrado tiene un detenido en Cartagena, denuncia la Procuraduría

Mientras el ELN y las disidencias de las Farc se enfrentan por el control del narcotráfico, los habitantes temen por sus vidas y por las represalias que pueda tomar uno u otro grupo.

La situación de Caloto también preocupa. Este año la Defensoría del Pueblo alertó el riesgo al que están expuestos 8.000 habitantes de zona rural por la presencia de la columna móvil Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc.

Una muestra de la situación crítica del departamento se evidenció el 26 de marzo, cuando un vehículo explotó en la Alcaldía de Corinto. En ese mismo mes circuló un video de niños y niñas en Toribío atrapados y escondidos para evitar las ráfagas de fusil lanzadas por las disidencias de las Farc. Y estos son solo algunos de los hechos que muestran la situación humanitaria.

Antioquia

En el primer semestre de 2021 se desplazaron 3.206 personas del departamento. Cáceres, Ituango, Murindó y Peque muestran las cifras más altas. En junio, al menos 168 personas se desplazaron de Dabeiba a Frontino tras amenazas contra los líderes indígenas de comunidades rurales.

Los confinamientos en el departamento también preocupan. En la primera mitad del año más de 5.400 personas se confinaron en Murindó, Frontino, Dabeiba, Vigía del Fuerte e Ituango.

En el reporte no se incluye el último desplazamiento en Ituango que se inició este mes. Ya son más de 4.000 las personas que se han desplazado, otra vez, de 28 veredas al casco urbano por las amenazas de grupos armados. Esta emergencia llegó en medio de un confinamiento por el daño en la única vía de acceso.

En contexto: Ituango y el eterno destierro, los violentos son los mismos

Chocó

Este es el departamento con más personas confinadas en 2021.De las 30.000 que tuvieron que confinarse en el país, 19.171 lo hicieron en Chocó. Las cifras más altas se reportan en Bojayá, Bagadó y Alto Baudó.

Y los casos siguen aumentando. En julio, las autoridades de Bojayá alertaron sobre el confinamiento de más de 3.700 personas de 23 comunidades indígenas y afrocolombianas de las cuencas de los ríos Bojayá, Uva y Opogadó. El confinamiento inició el 4 de mayo por la disputa de grupos armados y delincuenciales.

Como si fuera poco, hay una doble afectación por la inundación tras el desbordamiento de dos ríos. Lo que más necesitan en este momento son kits alimentarios para las familias que no han podido acceder a sus cultivos o los perdieron por las inundaciones.

Una tragedia similar se vive en Nuquí, un paraíso turístico disputado por los grupos armados. En el municipio chocoano los enfrentamientos entre las AGC y el Eln mantienen a más de 1.300 indígenas confinados.

Por otro lado, la OCHA destaca que 287 personas de comunidades indígenas, que también se desplazaron a inicios de mayo desde Bagadó hacia Pueblo Rico (Risaralda), se vieron obligadas a confinarse con la comunidad que los acogió. En total hay 509 personas. Las autoridades y organizaciones humanitarias de Chocó advierten dificultades para atender a la población que necesita protección, seguridad alimentaria, agua.

Las situaciones son distintas, pero el drama humanitario es el mismo. En Chocó más de 2.730 afrocolombianos e indígenas en zona rural del municipio de Medio San Juan están confinados por enfrentamientos entre grupos armados y la fuerza pública. Además, hay advertencias de minas antipersonal en los cultivos de las comunidades.

En este departamento también se reportó el desplazamiento de 1.371 personas en diferentes municipios. Un número que también podría aumentar, pues esta semana la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades para proteger a 700 familias de Bajo Baudó que se encuentran confinadas y podrían desplazarse en los próximos días por los enfrentamientos entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Buenaventura

Solo de este municipio vallecaucano se desplazaron 9.405 personas, entre enero y junio de 2021. En la alerta temprana (003-21) la Defensoría del Pueblo advirtió el riesgo al que está expuesta la población por la ruptura de la banda La Local.

Este año la población salió a las calles para pedir atención del Gobierno por la difícil situación de seguridad que se complejiza con una la gran cantidad de necesidades insatisfechas y peticiones pendientes.

Los enfrentamientos entre Los Shotas y Los Espartanos (las dos divisiones de La Local) generan temor entre los habitantes de Buenaventura. En los primeros 20 días de julio la Iglesia denunció que hubo 24 homicidios, solo el miércoles 21 de julio cinco personas fueron asesinadas.

El país atraviesa por una crisis humanitaria, las cifras presentadas por la organización de la ONU lo demuestran. Frente a este panorama los territorios exigen garantías.

Seguir leyendo: Gabriel Camargo es solo la punta del iceberg de la discriminación a las futbolistas

3 Comentarios

Deja un comentario

Diario Criterio