Cuatro crisis humanitarias en Colombia, tragedias que se repiten

Miles de migrantes extranjeros varados en Necoclí, los desplazamiento en Ituango, el conflicto en el triángulo del Telembí y todos los males en Chocó son algunas de las tragedias no atendidas que parecen repetir una trágica historia nacional.

Varias zonas del país están en crisis y aunque son situaciones diferentes, la zozobra se apodera de quienes sufren desplazamientos, confinamientos o de quienes están en medio de una larga travesía hacía Estados Unidos en busca de un mejor futuro.

Entre enero y junio de este año, 44.647 personas tuvieron que desplazarse en Colombia, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA por sus siglas en inglés). La cifra ya supera el total de 2020. Estas son algunas de las tragedias que mantienen en alerta a las autoridades y que se han repetido más de una vez.

Los 15.000 migrantes varados en Necoclí 

Hace más de doce días migrantes africanos y haitianos esperan salir del municipio antioqueño rumbo a Panamá. La mayoría quiere llegar a Estados Unidos.

El Urabá antioqueño y chocoano es un punto de lanzamiento para miles de personas que buscan cruzar el Tapón del Darién, una de las selvas más tupidas del mundo entre Colombia y Panamá, con el fin de llegar a Centroamérica y seguir rumbo a México y Estados Unidos. Esto, sin importar que arriesgan sus vidas durante varios días.

Migrantes varados en Necoclí. Por: Defensoría del Pueblo

La ONU alertó que cerca de 24.000 personas, de más de 50 nacionalidades, cruzaron la zona en 2019, el 16 por ciento son niños, niñas y adolescentes. (Puede leer el informe aquí).

Sin embargo, es una crisis poco atendida, de ahí que esta no sea la primera vez que se registre un caso similar. Para no ir muy lejos, en febrero de este año, otros cientos estuvieron en la misma situación (algunos llevaban hasta ocho meses por los cierres de fronteras por el covid-19) y protestaron para exigirle ayuda al municipio de sexta categoría que tampoco tenía (ni tiene ahora) las capacidades para atender una situación de esta magnitud.

En esta ocasión el represamiento se presenta, según las autoridades, porque la migración aumentó después de más de un año de pandemia y las empresas de transporte no tienen la capacidad de prestar un mayor servicio. Se estima que cada día salen 850 personas de Necoclí, pero están arribando unas 1.500.

Los registros de las cinco misiones de observación en zonas fronterizas revelan que al menos 33.000 personas provenientes de Haití, Cuba, Chile, Senegal, Ghana, entre otros países, han pasado por la zona este año.

La Defensoría afirmó que es urgente iniciar un plan de choque humanitario y advirtió que algunos migrantes hablan de “mafias que les venden ‘paquetes turísticos’ para hacer el recorrido desde Ipiales, en Nariño, con cobros que llegan a los 300 dólares, para pasar la frontera”.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, explicó que, de acuerdo con los testimonios recopilados, esta sería una red internacional que viene desde Chile de la cual harían parte transportadores y dueños de lugares de hospedaje.

Además, los migrantes que se encuentran en las playas del Urabá en condiciones precarias, manifestaron preocupación por la presencia y presión de grupos armados, especialmente en la zona selvática de la frontera con Panamá.

La Defensoría establecerá una ruta humanitaria y solicitó el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para evitar que niños, niñas, y adolescentes sean víctimas de trata de personas o explotación sexual. La próxima semana Migración Colombia realizará una comisión intersectorial en la zona. Sin embargo, se requieren decisiones y acciones permanentes, pues es un fenómeno que llegó para quedarse.

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Sigue el destierro en Ituango

Más de 4.200 personas se han desplazado de 28 veredas de Ituango al casco urbano tras recibir, el 21 de julio pasado, amenazas de grupos armados en las que les exigían salir del territorio. Al menos 1.300 desplazados son niños, niñas y adolescentes, según la información entregada por la Defensoría del Pueblo.

Hasta el 29 de julio se logró habilitar la única vía de acceso a Ituango que estaba cerrada por un derrumbe. La preocupación, además del desplazamiento, era el desabastecimiento de víveres ante las dificultades para transportarlos.

Los desplazamientos internos se repiten una y otra vez en el municipio antioqueño. El movimiento Ríos Vivos recuerda que en febrero de este año, en enero de 2020 y en 2019 la gente también tuvo que huir de las veredas al casco urbano. Después regresaron, pero la incertidumbre y la violencia continúan.

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Isabel Cristina Zuleta, lideresa del Movimiento Ríos Vivos, dice que quienes llamaron a los campesinos se identificaron como miembros de las disidencias de las Farc, pero en la zona también hay un avance del paramilitarismo, específicamente de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas como Clan del Golfo.

Ríos Vivos denuncia que los líderes nuevamente recibieron amenazas y que las entidades oficiales están presionando a las personas con “un falso retorno”.

La Alcaldía de Ituango le aseguró a Diario Criterio que este domingo habrá un retorno voluntario de cerca de 1.000 personas a las veredas del Cañón Quebrada del Medio.

Además de las AGC, grupo heredero del paramilitarismo, en Ituango hay presencia del frente 36 y el frente 18 de las disidencias de las Farc (que están aliados con la Segunda Marquetalia, según Indepaz), Los Caparros y Los Pachelly.

Zuleta asegura que la disputa por el control territorial en Ituango se debe a los intereses económicos, sobre todo por la ubicación estratégica como una ruta para el narcotráfico, hacia Córdoba. Además, indica que hay intereses mineros sobre el territorio; una disputa por la tierra entre los actores económicos y enfrentamientos por el microtráfico, problemática que se refleja en el aumento de homicidios de jóvenes.

La zozobra no es nueva. La Defensoría advirtió, en marzo de 2020 por medio de una alerta temprana (029-18), la situación de riesgo a la que estaba expuesta la población por la presencia de la AGC que se establecieron en la zona desde 2016.

En enero de 2020, se emitió otra alerta temprana (004-20) en la que la entidad advirtió que el riesgo se había “exacerbado” por la confrontación entre grupos armados y la posibilidad de que estos aumentaran el control e intimidación de la población.

Chocó en medio del fuego

Confinadas y en riesgo de desplazamiento se encuentran 2.300 personas, unas 700 familias, de las comunidades indígenas wounaan y embera del municipio Bajo Baudó.

Para proteger sus vidas, se encerraron en medio de los enfrentamientos del ELN y las Autodefensas Gaitanistas. La Defensoría del Pueblo ya había advertido, en la alerta temprana 030 de 2020, la expansión de las AGC sobre la cuenca del río Docampadó y en general por todo el municipio.

Entre enero y junio de este año, según la OCHA, se desplazaron 112 personas del Bajo Baudó. La organización advirtió en noviembre del año pasado que indígenas de Villa Nueva y La Loma, resguardo río Purricha, tuvieron que movilizarse forzosamente hacia el corregimiento de Puerto Granada y hacia Quibdó. En esa ocasión el detonante fue la amenaza de los grupos armados a los docentes y líderes comunitarios.

La misma situación vive Nuquí, un paraíso que depende del turismo y hoy está en medio de los enfrentamientos entre las AGC y el ELN, que mantienen a más de 1.300 indígenas confinados.

En abril, cuatro comunidades del río Chorí, al norte del municipio, también tuvieron que confinarse, un capítulo que hace parte del registro de las 1.100 personas que quedaron atrapadas en Nuquí en 2021, según la OCHA.

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Los homicidios de líderes también son noticia. El 8 de abril fue asesinado el líder comunitario y guía turístico Yarley Margarito Salas y ese mismo día el inspector de policía José Riascos Córdoba fue atacado por hombres armados que entraron hasta su casa. Uno de los casos más recordados es el de Juana María Perea, lideresa y empresaria colombo-española asesinada en octubre de 2020.

El caso de estos dos municipios es el mismo de muchos otros del Chocó que sufren la violencia de los grupos armados, el reclutamiento de sus niños y jóvenes y hasta los estragos del invierno que los inunda una y otra vez.

Este es el departamento con más personas confinadas en los primeros seis meses de 2021. De las 30.000 que tuvieron que confinarse en todo el país, 19.171 lo hicieron en Chocó. Bojayá, Bagadó y Alto Baudó tienen las cifras más altas.

Y seguirán aumentando. Desde mayo en Bojayá alertaron el confinamiento de más de 3.700 personas de 23 comunidades indígenas y afrocolombianas de las cuencas de los ríos Bojayá, Uva y Opogadó. Como si fuera poco, hay una doble afectación por la inundación tras el desbordamiento de dos ríos.

Astrid Sánchez, representante a la Cámara por Chocó, le dijo a Diario Criterio que la situación también es crítica en Medio Baudó, Bahía Solano, Juradó y Quibdó: “En la capital hay un desplazamiento de comerciantes, empresarios, tenderos por amenazas y extorsiones de grupos armados y bandas ilegales”.

Denuncia que hace dos años en los consejos de seguridad se prometió un distrito especial de Policía para Quibdó, pero aún no ha habido respuesta: “pedimos al Gobierno nacional una intervención social que no sea aislada, pedimos a gritos la ayuda del Estado”.

Los 6.000 desplazados en el triángulo del Telembí (Nariño)

Nariño fue el departamento que más desplazamientos presentó en el primer semestre del año. De hecho, concentra más de la mitad del total de personas desplazadas en todo el país, con 23.558.

La situación en el triángulo del Telembí, donde se ubican Roberto Payán, Magüí Payán, Barbacoas y Tumaco, no ha cedido en todo el año. Según los datos de la Defensoría, en el primero de estos municipios hay cerca de 6.000 víctimas de desplazamiento forzado por los enfrentamientos entre el frente Comuneros del Sur del ELN y dos disidencias de las Farc, el frente 30 (columna móvil Franco Benavides) y el frente Oliver Sinisterra. La comunidad también denunció amenazas contra los líderes sociales y autoridades étnicas.

“Desde mayo del año pasado se han presentado 27 actos de desplazamiento en el Pacífico colombiano. Roberto Payán es uno de los municipios más afectados”, afirmó el gobernador en entrevista con Caracol Radio.

El 30 de julio la Defensoría emitió la alerta de inminencia (015-21) para las comunidades de Roberto Payán y Magüí Payán, por las acciones de grupos armados que se disputan el narcotráfico en la zona que se está convirtiendo en un enclave para la producción de droga.

La OCHA ya había advertido que del triángulo del Telembí al menos 2.770 personas se desplazaron en junio. Las autoridades no cuentan con las capacidades para atender la emergencia, la Gobernación de Nariño ha solicitado atención por parte del Gobierno nacional.

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