Curules de paz, bajo la mira de políticos tradicionales y grupos armados

El accionar de los grupos armados y los intereses de algunas casas políticas están poniendo en riesgo el derecho de las víctimas del conflicto a estar representados en el Congreso. A cuatro meses de las elecciones, estas fuerzas planean quedarse con las curules, mientras desde el Gobierno no se ha diseñado una estrategia clara que garantice la participación.

“Hacer campaña por una de esas curules es una odisea y, a veces, casi que un suicidio”, le dijo a Diario Criterio Edward Álvarez Vacca, líder y defensor de derechos humanos en el Caribe. Álvarez representa a los pueblos indígenas yukpa y arhuaco en la elección de las 16 circunscripciones especiales contempladas en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, y ratificadas por la Corte Constitucional y el parlamento.

Aunque lleva pocos meses en campaña, él asegura que ha sido un camino lleno de obstáculos, principalmente por los problemas de seguridad derivados de la influencia de grupos armados y bandas criminales en las regiones. Álvarez es candidato por la circunscripción 12, que comprende 13 municipios de Magdalena, La Guajira y Cesar.

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En esta zona se concentran grupos como el Clan del Golfo, ELN, los Rastrojos, entre otros. Estos últimos son conocidos como los herederos del paramilitar y narcotraficante Hernán Giraldo. De hecho, Álvarez dice que ha sido amenazado por estos grupos debido a su trabajo como líder y ahora como candidato. “Hacer campaña así es muy duro. A mí me declararon riesgo extraordinario, pero el Estado solo me ofrece un celular y un chaleco antibalas, el cual no me puedo poner porque tengo problemas de riñón”, asegura.

Lo que sucede en esta región se repite, con pocas diferencias y actores, en las otras 15 circunscripciones. Así lo asegura Juan Carlos Quintero, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat). En esta subregión de Norte de Santander por lo menos 112 líderes sociales han sufrido agresiones desde la firma del Acuerdo de Paz, en 2016.

En estas condiciones, según Quintero, ser candidato a las curules de paz implica, en muchos casos, ser objetivo de los grupos armados. Quintero, quien también aspira a una curul, le dijo a Diario Criterio que ni el Gobierno ni las instituciones han dado una respuesta clara al respecto. “Imagino que van a ofrecer lo de siempre, una seguridad con enfoque policial”, agrega.

En el Catatumbo, diferentes organizaciones sociales como Ascamcat decidieron crear un pacto humanitario, en el que proponen un cese del fuego multilateral entre el Gobierno y los actores armados, esto con el fin de garantizar la participación democrática en las elecciones del próximo 13 de marzo. 

Tan solo en el primer semestre de 2021, según el programa Somos Defensores, se presentaron 524 agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos, siendo los atentados, amenazas y la violencia sexual los tipos de violencia más preocupantes. A esto se suma que, en el mismo periodo, fueron asesinados 58 líderes, lo que refleja un panorama sombrío para la democracia en las regiones. 

Además de esto, los candidatos a las curules de paz denuncian que hacer campaña es un proceso costoso y ante la prohibición de recibir donaciones no es claro cómo el Estado financiará el proceso. “Hay días en los que visito una vereda en la sierra nevada o la Serranía del Perijá y solo puedo hablar con siete familias por las faltas de vías y las dificultades propias del terreno”, asegura Edward Álvarez. 

Por su parte, Juan Carlos Quintero agrega otra dificultad para las elecciones: la falta de pedagogía sobre el proceso. El candidato dice que esta falla puede generar altos niveles de abstención.

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Políticos en cuerpo ajeno

Las curules de paz también se han convertido en una suerte de botín para los políticos tradicionales. Desde las regiones, varias organizaciones denuncian que partidos y casas políticas tradicionales han puesto a funcionar sus maquinarias con el fin de cooptar, con diferentes estrategias, los 16 nuevos puestos en la Cámara de Representantes.

Un líder del departamento de Córdoba, quien no quiso ser identificado por temor a represalias, le dijo a Diario Criterio que en ese departamento las curules de paz despertaron el interés de tres grupos políticos. Asegura que una de ellas sería la de la familia Calle, que ha ganado en varias ocasiones la Alcaldía del municipio de Montelíbano, tiene representación en la Gobernación y un puesto en la Cámara de Representantes.

“Los Calle no son víctimas, son personas foráneas que han consolidado un poder político y económico muy controvertido y ahora quieren expandir su control con una curul de paz”, advierte este líder. Igualmente, asegura que el Partido de La U, a través de personas cercanas a Musa Besaile; y del Centro Democrático, con la senadora Ruby Chagüi, también están incidiendo en el proceso de las curules de paz.

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Lo que llama la atención de esta denuncia es la metodología de los clanes políticos para permear el proceso. Estos grupos estarían buscando personas declaradas irregularmente como víctimas del conflicto armado para inscribirlas y ponerlas en la contienda con una maquinaria que les daría una amplia ventaja.

En este punto entra a desempeñar un papel importante el fenómeno de los colados en el Registro Único de Víctimas (RUV). Tan solo en 2019, la Unidad de Víctima excluyó a 34.641 personas que entraron de manera fraudulenta en este listado, con el ánimo de buscar beneficios que el Estado brinda a esta población.

Diario Criterio consultó sobre este tema a Juan Carlos Gualdrón, contralor delegado para el Posconflicto, quien aseguró que a finales de 2021 espera realizar un ejercicio para conocer la realidad de la base de datos de la Unidad de Víctimas. “No sabemos si son víctimas falsas, pero sí hemos encontrado inconsistencias como personas que han recibido ayudas después de su fallecimiento o fallos entre los nombres y números de cédulas”, dijo Gualdrón.

En varias regiones del país han empezado a sonar nombres de posibles candidatos a las curules de paz que han sido rechazados por los movimientos de víctimas. En Cesar, según el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), se prepara la candidatura de Jorge Rodrigo Tovar, hijo del exjefe paramilitar alias Jorge 40. Además, Tovar contaría con el apoyo de conservadores como Alfredo Ape Cuello.

Las organizaciones dicen que la postulación de Tovar es una ofensa paralas víctimas del paramilitarismo, en especial las del Bloque Norte que actuaban bajo el mando de Jorge 40 en los departamentos de Atlántico, Cesar, Magdalena y La Guajira.

Para Diógenes Rosero, director de la organización Foro Costa Atlántica, este tipo de problemas solo podría solucionarse con una reforma política que controle el poder de los clanes políticos.

“La gente en los territorios no entiende aún cómo funcionan las curules de paz, porque están acostumbradas a la política tradicional. Entonces, además de una refrendación jurídica, las curules necesitan un proceso cultural para no obtener los mismos resultados de siempre”, dijo Rosero a Diario Criterio.

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¿Cómo funcionan las curules de paz?

Desde este sábado 13 de noviembre arrancó la inscripción de candidatos para estas elecciones, que se llevarán a cabo el 13 de marzo de 2022, fecha en la que también se realizarán las tradicionales elecciones legislativas. Las 16 curules de paz corresponden a 16 nuevos puestos en la Cámara de Representantes, que estarán vigentes en los periodos 2022-2026 y 2026-2030.

Para ser candidato a una curul de paz es necesario ser ciudadano colombiano en ejercicio, mayor de 25 años, haber nacido o habitado en uno de los municipios de las 16 circunscripciones los tres años anteriores a la fecha de elección y estar declarado víctima del conflicto armado.

Según lo dispuesto por la Corte Constitucional, no podrán participar candidatos de partidos políticos con personería jurídica, pues el derecho de postulación está reservado para organizaciones de víctimas, sociales, campesinas, consejos comunitarios y resguardos indígenas. Además, señala que la elección en cada circunscripción será por voto preferente, en una lista integrada por dos candidatos, obligatoriamente un hombre y una mujer.

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Estas son las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.

Desde cada una de estas regiones, las víctimas aseguran que los grupos políticos tradicionales ya mueven sus fichas para quedarse con estas curules, por lo que piden al Gobierno y a las instituciones acelerar los procesos pedagógicos, la vigilancia y las garantías de seguridad para hacer campaña.

Ellos esperan que este proceso, esencial para mejorar la inclusión y representación de zonas y poblaciones afectadas por el conflicto, no termine en otra batalla de partidos y casas políticas. “Tenemos que seguir vigilantes para que estas curules queden en manos de quienes verdaderamente las merecen”, asegura el líder Juan Carlos Quintero.

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