Escándalo electoral: ocho candidatos a las Curules de Paz renunciaron por falta de garantías

Se trata de los candidatos en Magdalena, Cesar y La Guajira que venían denunciando intimidaciones de grupos armados ilegales y falta de apoyo del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría. ¿Qué pasó?

Aún no arrancan las votaciones para elegir el nuevo Congreso de Colombia y acaba de estallar un escándalo a pocos días de la contienda electoral. Se trata de la renuncia masiva de ocho candidatos a las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz de Magdalena, Cesar y La Guajira.

“Esperamos que en el transcurso del día se sumen más renuncias de otros candidatos a las curules de paz, porque el problema que estamos denunciando es sistémico y muy grave”, explicó a Diario Criterio William Ruiz Miranda, uno de los candidatos que firma la carta enviada a la Registraduría Nacional y al Consejo Electoral.

Otros de los firmantes son: María Fonseca Ospino, Elvia Jiménez, Luz Yacuro, Luis Fernando Lara, Arquímedes Sarmiento, Yamil Ernesto Silva Bastidas y Patricia Obregón.

“Nuestras candidaturas terminaron siendo unos ‘carritos de ‘hot dog’ frente a los ‘restaurantes Michelin’ de las candidaturas de los clanes políticos y del establecimiento”, denunciaron en la carta de renuncia.

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Se trata de los aspirantes a las curules de paz que declinaron a sus candidaturas precisamente porque, según denunciaron, no contaron con garantías de seguridad y electorales.

“A pocos días de celebrarse las elecciones al Congreso de la República, subsisten enormes dudas e interrogantes acerca de las garantías para la elección de quién ocupará la curul correspondiente a la Circunscripción Transitoria Especial de Paz Citrep-12 (…)”, dice la carta de renuncia.

¿Violencia política?

Hace unas semanas, esos candidatos habían enviado otra carta en la que les solicitaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Registraduría aplazar las elecciones a las Curules de Paz al alegar cinco razones que, a la postre, motivaron sus renuncias a participar de la jornada electoral del próximo domingo 13 de marzo.

Una investigación periodística publicada el pasado 6 de febrero por Diario Criterio reveló que en el ramillete de 398 aspirantes a las 16 curules de paz por las víctimas hay desde procesados por la justicia, aliados de cuestionables castas políticas, víctimas de último momento, fichas de parapolíticos y hasta el hijo de un exjefe paramilitar.

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Precisamente, en la carta de los candidatos de la zona norte de la costa Caribe, se quejan por lo que ellos consideran “candidaturas viciadas por conflictos de intereses, generadas por vínculos de consanguinidad en primer grado con reconocidos victimarios y otras afinidades con el paramilitarismo protagonista del conflicto”.

En ese momento denunciaron que, a escasas semanas de llevarse a cabo las elecciones, ellos, como candidatos, no han podido acceder a los dineros estatales para la financiación de sus campañas.

“(…) Hecho este que nos pone en evidente desventaja frente a las campañas que tienen una estrecha relación con estructuras paramilitares y con las élites políticas tradicionales que intentar usurpar las curules que nos corresponden”.

Los nueve aspirantes a las Curules de Paz también se quejaron de los tropiezos que tuvieron a la hora de obtener las pólizas de garantía, que es un requisito que se les impuso para acceder a los anticipos, pero que, según ellos, “las aseguradoras no han permitido adquirirlas”.

Aseguran que la Unidad Nacional de Protección (UNP) entidad pública encargada de brindarles seguridad, también se sumó a las trabas que les impiden desarrollar una campaña en igualdad de condiciones, “al exigirnos asumir las obligaciones económicas en lo relacionado a alojamiento, transporte y alimentación de los esquemas de seguridad”.

Finalmente, argumentaron ser víctimas del constreñimiento que ejercen los grupos armados ilegales que permanecen y dominan aquellos territorios priorizados de la circunscripción 12 (La Guajira, Cesar y Magdalena).

“(…) Impidiéndonos el derecho a la libre movilización y desarrollo de nuestras campañas”.

¿Golpe a la paz?

Como se recordará, uno de los mayores logros democráticos del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las Farc, fue darles representación política en el Congreso a las víctimas del conflicto armado.

Aunque esa idea sucumbió temporalmente por la fuerte oposición del partido del gobierno de Iván Duque, quedó en firme el año pasado cuando la Corte Constitucional, a través de la sentencia SU-150 de 2021, revivió las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.

Ese punto concreto del Acuerdo de Paz divide el territorio colombiano en 16 zonas que agrupan a 170 municipios de 19 departamentos y les da la posibilidad a las víctimas de votar por sus representantes en dos elecciones hasta 2030.

La lógica para esa división territorial es que en esas zonas se encuentran las víctimas más visibles del conflicto armado colombiano: Chocó, Cauca, Nariño, Caquetá, Antioquia, Cesar, Arauca, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Valle, Sucre, Bolívar, Guaviare, Huila, Magdalena, Córdoba y Tolima.

Sin embargo, los problemas de seguridad, acceso a dineros públicos y la presencia de viejas estructuras políticas con nexos cuestionables, tienen en jaque las Curules de Paz y podría convertirse en la mancha imborrable del proceso electoral que se llevará a cabo este domingo 13 de marzo.

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