La rápida destrucción de las selvas, otra consecuencia de no implementar la paz

Cinco años después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, la deforestación en el país está más disparada que nunca. El retiro de esta guerrilla de las zonas rurales les abrió la puerta a economías lícitas e ilícitas, como la ganadería, la minería, los cultivos de coca y la tala de árboles. ¿Cómo cambiar este panorama?

Se acaba de conocer el informe Bosques caídos: deforestación y conflicto en Colombia, un trabajo realizado por el Crisis Group Latinoamérica, organización dedicada a la resolución y prevención de conflictos armados a nivel global. Se trata de un estudio que revela cómo la selva colombiana, desaparece, desde el 2014, con mayor intensidad.

Según esta investigación, las actividades económicas que se realizan en zonas selváticas son el motor para el accionar de los nuevos grupos insurgentes y criminales, lo que termina generando ciclos de violencia que afectan a la población civil y agudizan el problema de la seguridad para el Estado colombiano.

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Si bien Crisis Group reconoce que las Farc atropellaron el medioambiente durante 50 años, asegura que la diferencia entre esta guerrilla y los nuevos actores armados es sustancial. “Las Farc tendían a restringir la deforestación porque las tupidas copas de los árboles dificultaban que el Estado identificara sus campamentos, pero mientras se preparaban para firmar el acuerdo de 2016, la mayoría dejó de controlar la praderización de tierras”, dice la organización.

En departamentos como Guaviare y Norte de Santander, las Farc informaron a las comunidades que con el proceso de paz no ejercerían control ambiental, dejando todo en manos de las Juntas de Acción Comunal. Esto generó que campesinos y delincuentes arrasaran con grandes extensiones de tierra al instante. “Después de que entregamos nuestras armas, ni el Ejército ni la Policía fueron capaces de proteger el medio ambiente”, asegura un excomandante de la extinta guerrilla en ese informe. 

“Tumbaron bosque para sembrar coca. Siembran palma, es una relación extraccionista con la tierra. Destruyen humedales, construyen minas, sacan madera para el comercio. La tierra está vacía y nadie le está poniendo control”, dice uno de los líderes sociales consultados en la investigación.

El informe resalta que, además de los grupos armados, la deforestación está siendo causada por miles de desplazados, “muchos de ellos en situación de pobreza extrema” que, luego de perder sus tierras, “han sido arrastrados por el impulso de talar los bosques para sobrevivir”. La actividad más preocupante es la de la ganadería, que genera más pérdida de bosque que el cultivo de coca o la minería ilegal.

Algunos grupos armados estarían pagando entre 2 y 5 millones de pesos por la tala y preparación de terrenos para el cultivo de coca en zonas como La Uribe, departamento del Meta. La estrategia de estas organizaciones es presionar a cada familia para que se encargue de deforestar alrededor de 40 hectáreas.

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Sin embargo, algunos analistas insisten en que muchos campesinos ni siquiera necesitan un pago para tumbar los bosques, pues lo hacen por voluntad propia ante las necesidades económicas.

El informe analiza casos como el del ELN, que ante la opinión pública sostienen un discurso insurgente de cuidado al medioambiente, pero en el territorio son uno de los grupos más letales contra los recursos naturales. “Por ejemplo, en el municipio de Tibú (Norte de Santander), el ELN restringe la tala comercial, al igual que la caza de animales silvestres, pero llega a acuerdos con los campesinos sobre cuántas hectáreas se pueden deforestar a cambio de dinero o servicios”.

Un cambio de rumbo contra la deforestación

Crisis Group señala que varias autoridades e instituciones se quedan de brazos cruzados ante este fenómeno, aun cuando tienen al alcance diferentes soluciones. Por ejemplo, recomienda que desde el centro del país se cambie la campaña contra delitos ambientales, dándole un enfoque que castigue a los actores económicos que impulsan la deforestación y no al campesinado.

Por otra parte, señala que la implementación del Acuerdo de Paz es una de las claves para frenar el llamado ecocidio. El estudio apunta a que el control sobre la tierra, con medidas como el registro y la titulación, puede lograr una alianza efectiva con las comunidades y contra la deforestación.

Así mismo, el informe advierte que el acuerdo contempla medidas como el fortalecimiento de las Zonas de Reserva Campesina, las cuales plantean una distribución de los baldíos, en los cuales las comunidades pueden diseñar planes de desarrollo sostenible. Igualmente, señala que es necesario rescatar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

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El informe cuestiona algunas estrategias del actual Gobierno, como la Operación Artemisa, pues considera que su enfoque militar ha generado rechazo en las comunidades. “Ha perdido respaldo en parte por tender a perseguir a campesinos, en lugar de ocuparse del trabajo más urgente y difícil de identificar y judicializar a los grandes patrones detrás de la deforestación”, señala la organización.

“Hay reportes de que la corrupción ha plagado a Artemisa desde el principio. Miembros sénior de la fuerza pública afirman que políticos involucrados en actividades como la ganadería han sobornado a los oficiales o manipulado las investigaciones judiciales”, agrega el informe.

Lo que está en juego

De no lograr un cambio radical en este tema, el país se enfrentaría en los próximos años a una serie de crisis estructurales. La primera y posiblemente la más evidente sea la afectación a la biodiversidad colombiana. Tan solo en 2020 la deforestación aumentó 8 por ciento con respecto al año anterior. Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo y Antioquia fueron los departamentos más afectados.

La deforestación pone en riesgo al país de sufrir con mayor inclemencia los efectos del cambio climático, como los fenómenos meteorológicos extremos, la degradación del suelo y las sequías. Todas estas consecuencias terminarían agravando la situación de desigualdad. 

Si la situación continúa, según el informe, “es poco probable que el país cumpla con su objetivo de deforestación cero para 2030”. Aquí surge el segundo problema: el incumplimiento en este tipo de compromisos le generaría a Colombia la pérdida de varios aliados internacionales y, por ende, de varias fuentes de cooperación económica.

Por último, la persistencia de la deforestación y toda su cadena económica sumiría al país en una tormenta de violencia y criminalidad que el Estado y sus instituciones no están en capacidad de controlar.

Por esta razón, los expertos recomiendan a las autoridades realizar una mejor recolección de datos y mantener un diálogo fluido entre el Estado y las comunidades que habitan zonas de protección ambiental.

“Construir un Estado que cuente con autoridad en todo el territorio nacional no será fácil ni rápido. Pero la creación de un catastro integral y la entrega de tierras a campesinos ayudaría a disminuir la deforestación por parte de los campesinos sin tierra y las familias desplazadas”, concluye el informe.

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