Del combo al cambio
“Quienes hacen parte de los clanes no pueden reconocer el daño que causan sus acciones. Por eso, cuando se les lleva ante los tribunales de justicia, siempre declaran su inocencia”.
Como se ha dicho y probado exhaustivamente, en Colombia hay 52 clanes familiares que gobiernan por sí mismos o por interpuesta persona.
El periódico Portafolio, el 25 de octubre de 2019, lo dijo de la siguiente manera: “[e]n todo el país hay familias que desde hace décadas manipulan los hilos de la política local y, aunque muchos de sus líderes han sido condenados por corrupción o por vínculos con paramilitares, utilizan a terceros para perpetuarse en la administración pública”.
Algunos de los más conocidos son el clan de los Aguilar, en Santander; el de los Char, en el Atlántico; el de los Cotes, en el Magdalena; el de los Gnecco, en el Cesar; el de los López, de Córdoba, y el de los Pérez, en Casanare.
Su poder es muy notorio en pueblos, ciudades y departamentos. Allí, manejan las instituciones, la contratación pública, las rentas y los puestos de libre nombramiento y fácil remoción. Ejercen su dominio con una especie de pulsión exhibicionista: a toda hora y en cualquier lugar, muestran, sin que nadie se los pida, su fuerza y su alcance. En el ámbito nacional, un poco más recatados, se mimetizan dentro de los partidos tradicionales o utilizando a algunos de los pomposamente autodenominados “nuevos liderazgos”.
En cualquier nivel del Estado en el que se encuentren, tal como lo dijo el periódico señalado, gobiernan y delinquen. Veamos un par de ejemplos.
Los Aguilar (el coronel retirado Hugo Heliodoro Aguilar y sus hijos Richard y Mauricio) han sido gobernadores de Santander.
El papá ejerció el cargo entre 2004 y 2007; Richard, que fue cónsul general en Santiago de Chile entre 2008 y 2011, ocupó la gobernación en el periodo 2012-2015; y Mauricio pasó de ser senador de la República (2010-2018) a desempeñarse como gobernador, desde el primero de enero de 2020 hasta nuestros días.
Según la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General, los tres crearon un entramado para adjudicar contratos sin cumplir con los requisitos que la ley establece y, por hacerlo así, se apropian del 10 por ciento del valor total de cada uno de los adjudicados de este modo.
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A Richard, se le sigue un proceso penal por “la contratación de obras civiles y del Plan de Alimentación Escolar (PAE) para favorecer a particulares, quienes se habrían comprometido a pagar dádivas por las adjudicaciones ilegales”.
Al coronel (r), la Corte Suprema de Justicia lo condenó a nueve años de prisión, porque, como dijo la Procuraduría General, “Hugo Aguilar Naranjo promovió y colaboró con las Autodefensas Unidas de Colombia y puso su investidura a disposición de dicha estructura armada ilegal”.
Al clan Cotes, por su parte, lo crearon los hermanos Luis Miguel, Álvaro y Rosa Cotes Vives. Antes de convertirse en la más poderosa dinastía del departamento del Magdalena, se les conoció como empresarios bananeros.
Carlos Eduardo González, en ColombiaCheck, dice que “[l]os Cotes son una de las familias con más poder en el Magdalena” y que “durante varios años han tenido gobernadores, alcaldes y congresistas”.
El primero del clan en acceder a un cargo de elección popular uninominal fue el esposo de Rosa, José Francisco Zúñiga Riascos, alcalde de Santa Marta entre 2004 y 2007. Le siguió Luis Miguel Cotes Habeych, hijo de Álvaro, elegido gobernador del departamento para el periodo 2012-2015. Lo sucedió en el cargo su tía Rosa, quien lo ejerció entre 2016 y 2019.
Cuestión Pública informó que, durante su campaña a la alcaldía, Zúñiga Riascos “recibió el apoyo del cabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia Hernán Giraldo” y que, “una vez en el poder, relatan otros miembros de las AUC, (…) se encargó de usar la Alcaldía para entregar contratos al grupo paramilitar”. Finalmente, se le encontró culpable del delito de constreñimiento al elector y se le condenó a cuatro años y dos meses de prisión.
La Procuraduría sancionó a Luis Miguel y a su tía Rosa, y la Fiscalía los investiga por aparentes hechos de corrupción durante sus administraciones y bajo su responsabilidad directa.
A partir de este par de historias, se puede decir, en primer lugar, que los Aguilar y los Cotes son casos emblemáticos de clanes familiares que acceden y conservan el poder gracias a una alianza entre narcotraficantes, paramilitares y políticos.
Ese tipo de alianza opera mediante una división del trabajo: los narcos financian las campañas y compran los votos; los paramilitares atemorizan a la población y la obligan a votar por la persona que designe el clan familiar; la elegida, una vez en el poder, nombra gente allegada a sus aliados delincuentes y se reparte con estos los beneficios de la contratación y de las rentas públicas.
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En segundo término, se puede afirmar que estos clanes, operando como combos delincuenciales, le han impuesto a la sociedad una cultura política cuyo fundamento es la trivialización del mal.
Dicha trivialización deshumaniza a las y los electores. Ni los entienden ni los tratan como a seres humanos con los que se puede reflexionar acerca de la conveniencia de votar por tal o cual candidatura; los ven como votos que hay que conseguir. En esa cultura, cada victimario que amenaza y cada líder de barrio o de vereda (‘buscavotos’) se comprometen a conseguir un determinado número de votos. Punto.
Se ha creado, entonces, un “nuevo tipo de delincuente (que) comete sus delitos en circunstancias que casi le impiden saber o intuir que realiza actos de maldad”, como decía Hanna Arendt.
En la misma proporción en la que los clanes deshumanizan a las personas que votan, se deshumanizan a sí mismos. Quienes hacen parte de los clanes no pueden reconocer el daño que causan sus acciones. Por eso, cuando se les lleva ante los tribunales de justicia, siempre declaran su inocencia.
Es necesario derrotarlos en las elecciones venideras.
¿Cómo hacemos para pasar de gobiernos de los combos a gobiernos de los cambios?
En las siguientes columnas haré una reflexión sobre la cultura política mediante el protagonismo de la sociedad civil en el proceso con el ELN y los obstáculos que la primera le pone a la Paz Total.
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