Gobierno aún no normaliza los tiempos para responder derechos de petición

Para varios congresistas, las objeciones del presidente Iván Duque al proyecto de ley que reduce el tiempo de respuesta al derecho de petición ya no tienen sentido porque Colombia, prácticamente, recuperó la normalidad previa a la pandemia.

En el marco del Estado de Emergencia que se ordenó para atender la pandemia en Colombia, el presidente Iván Duque expidió 170 decretos, entre ellos, el 491 del 28 de marzo 2020, que amplió de 15 a 30 días el plazo máximo para responder derechos de petición.

En su momento, la medida se justificaba porque el país estaba en cuarentena y los esfuerzos de las entidades estatales debían concentrarse en prepararse para atender la crisis sanitaria derivada del coronavirus. De hecho, la Corte Constitucional declaró exequible el decreto.

Poco a poco el país fue recobrando la normalidad, por lo que varios sectores y congresistas consideraron que ya se podía volver a los 15 días de plazo para responder un derecho de petición.

En ese contexto, el 10 de noviembre del año pasado, el Congreso aprobó en último debate un proyecto de ley para restablecer los tiempos de respuesta previos a la pandemia.

Pero pasó más de un mes y el presidente Iván Duque nada que sancionaba la iniciativa. El Congreso entró en receso y, el 22 de diciembre de 2021, Duque objetó la ley. “La ampliación de términos de los derechos de petición todavía es necesaria para garantizar respuestas de fondo y precisas a la ciudadanía, ya que ante la pandemia aumentó considerablemente la utilización y el tráfico de los canales virtuales de las autoridades“, dijo el mandatario en su momento.

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¿Cómo van las cosas con el derecho de petición?

El derecho de petición está reconocido en el artículo 23 de la Constitución Política y es una herramienta importante en la democracia para que los ciudadanos puedan obtener información de forma rápida y oportuna por parte de las entidades estatales. En ese sentido, es clave para el ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión.

Por esa razón, las objeciones de Duque generaron fuertes críticas en una época en que el Gobierno insiste en la importancia de regresar a la normalidad. “Para la congresista autora del proyecto de ley, las objeciones van en detrimento de la libertad de prensa, de la capacidad de investigación periodística, de la veeduría ciudadana y del control político. No le falta razón, pues parece que el Ejecutivo quiere normalizar todo, menos la respuesta a las peticiones de información y documentos oficiales”, dijo el exmagistrado José Gregorio Hernández en una columna de opinión publicada el 3 de enero de este año.

En un sentido similar se expresó el jurista Rodrigo Uprimny, el pasado 16 de febrero: “Esas objeciones del Gobierno son inaceptables pues, aunque persistan los desafíos de la pandemia, las autoridades han tenido tiempo para ajustar sus modos de trabajo y responder oportunamente a las solicitudes ciudadanas”.

Un problema adicional es que las objeciones no han sido tramitadas porque Duque las presentó justo cuando el Congreso estaba en receso, pese a que la ley se aprobó en momentos de sesiones ordinarias.

El Legislativo volvió a funciones el pasado 16 de marzo. Por esa razón, el pasado lunes, los congresistas Juanita Goebertus, Iván Name, Julio César Triana y Miguel Pinto radicaron “el informe multipartidista de rechazo a las objeciones de Duque”, con el objetivo de acelerar el trámite y que los tiempos de respuesta al derecho de petición se normalicen.

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El rechazo a las objeciones

Aunque el presidente incluyó a la variante ómicron como una de las razones para no normalizar los tiempos de respuesta al derecho de petición, los congresistas consideran que ese argumento no es válido pues las nuevas cepas han causado una menor afectación, la vacunación ha avanzado con éxito y los ciudadanos han regresado a sus “actividades sociales, económicas y laborales bajo las condiciones de bioseguridad requeridas”.

Por otro lado, mientras Duque dice que el uso de canales virtuales ha aumentado el número de peticiones, los legisladores sostienen que eso no puede verse como un factor negativo, sino como un “avance que responde a principios esenciales que orientan la función pública como la transparencia, la eficiencia, la economía y la publicidad”.

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En tercer lugar, dicen los congresistas, “aquellas dificultades logísticas que justificaban un plazo razonable superior y la suspensión de actuaciones, irán disminuyendo a medida que la reactivación social y económica avance como lo pretende acertadamente el Gobierno nacional”.

Las consecuencias de no responder un derecho de petición

En mayo de 2020, la Liga Contra el Silencio publicó un informe en el que advertía que incluso antes de la pandemia las entidades tardaban mucho en responder un derecho de petición y, varias veces, ni siquiera respondían. Entre 2017 y 2019, en promedio, “por semana no se contestaron 63 derechos de petición en el país; y por día, nueve de estos durmieron el sueño de los justos”, dice la Liga.

Así, los desplazados, con 202, fueron los más afectados con la falta de respuesta de las entidades, de acuerdo con el informe. Le seguían líderes sociales, con 191.

Con ese panorama, y ante la expedición del decreto 491, varias organizaciones alertaron sobre las implicaciones adicionales que traería extender los tiempos de respuesta.

“Esto, en principio, es entendible. Hay teletrabajo y hay peticiones que no están relacionadas con la emergencia y pueden esperar. No hay problema, eso es perfectamente comprensible, pero lo que se le está quedando por fuera a este decreto es la importancia de considerar unas peticiones relacionadas con la covid-19 que sí son de vida o muerte, y que no pueden darse el lujo de esperar 20 días ni 35 días. Esas son solicitudes urgentes”, dijo en su momento Vivian Newman, directora de DeJusticia, en la investigación de La Liga contra el Silencio.

Aún no ha se programado la discusión sobre las objeciones de Duque. A pesar de que el informe fue enviado los presidentes de Senado y Cámara, Juan Diego Gómez y Jennifer Arias, respectivamente, su debate todavía no aparece en las agendas legislativas.

El Congreso termina sesiones el 20 de junio, de modo que habría tiempo para discutir. Sin embargo, como el país está en plena época electoral, existe el temor de que el asunto se dilate y los tiempos de respuesta al derecho de petición sigan siendo tan amplios.

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